La exigencia de someter a un control posterior las acciones formativas en los ciclos profesionales educativos, está provocando que el 20% de las cuotas que cada año aportan las empresas para la formación, se queden sin cubrir.
Según vienen reclamando desde hace tiempo agentes sociales, sindicatos y las propias empresas, la Ley 30/2015 necesita una reforma que regule el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, por su excesiva rigidez. Una petición que el Gobierno se ha comprometido a abordar más pronto que tarde.
Un remanente de 2.500 millones de euros
Cada ejercicio, las empresas aportan con sus cuotas alrededor de 2.500 millones de euros de los que más o menos, se quedan sin utilizar unos 500 millones. La Ley establece que estos fondos sólo pueden ser empleados para la formación de los empleados.
Además, existe la exigencia de que el 40% de las subvenciones que reciben las empresas o los centros formativos quede en suspenso para siguientes comprobaciones, lo que explica que los recursos se queden sin utilizar.
La Ley actual establece que las entregas de estos fondos deben ser con carácter previo a la actividad formativa, con un máximo del 25% del importe de la subvención concedida. También podrá preverse el pago de hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.
Muchas empresas o centro formativos no pueden asumir el coste financiero de estos fondos, ya que ese 40% del importe concedido se ha de hacer efectivo una vez finaliza la actividad con la demora de hasta dos años que esto conlleva.
Líneas de la reforma del Sistema de FP
Aunque aún no se ha publicado oficialmente la metodología a seguir para la flexibilización de esta Ley se sabe que la reforma abordará también cuestiones como el tiempo de la formación, la situación de trabajadores precarios o la teleformación, que ha cobrado importancia en el último año con el teletrabajo.
Después de que el Gobierno aprobara a principios de mes, la nueva Ley de FP que consolida la modalidad dual; la Formación Profesional en nuestro país empieza a coger el impulso que merece. Hasta ahora, atraía en España a un 12% de estudiantes, frente a una media europea del 26%. Un porcentaje que en los últimos 5 años se ha elevado exponencialmente y ha provocado que, en Cataluña o Madrid, muchos aspirantes no consigan plaza en centros públicos saturados de alumnos.
A falta de datos oficiales en el inicio de este curso, el 20-21 aumentó su número de matriculaciones de FP en toda España en un 5,2% respecto al anterior. Se espera pues, un incremente importante para este año, sobre todo en los ciclos formativos relacionados con la sanidad y la tecnología digital.
Una alianza empresarial contra el desempleo
Otro de los impulsos con los que cuenta el sector viene de la mano de la 'Alianza por la Formación Profesional. Una estrategia de país', promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y en la que están incluidas más de 60 grandes empresas españolas como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Cámara de Comercio de España, BBVA, Acciona, Carrefour, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lidl, Seat o Volkswagen, entre otras.
El objetivo es colaborar para promover iniciativas que favorezcan la formación profesional a lo largo de la vida de estudiantes y población activa, ocupada o en situación de desempleo. También se persigue potenciar un sistema de Formación Profesional "de alta calidad e innovador" que contribuya a la doble transición ecológica y digital, en apoyo al crecimiento económico y a la cohesión social.