Seis meses después de recibir la cartera y cuando se cumple un año de la aprobación de la nueva ley educativa -la LOMLOE-, la ministra de Educación, Pilar Alegría, responde a 20minutos en el Ministerio que ahora dirige, con motivo de la Semana Internacional de la Educación. Alegría (Zaragoza, 1977) asumió el pasado julio la responsabilidad de continuar con la extensa reforma educativa impulsada por su predecesora, Isabel Celaá; y así lo está haciendo con los reales decretos de evaluación, los currículos educativos, la futura Ley de FP, y el proyecto que prepara para este año, la nueva ley de Enseñanzas Artísticas. Todo ello con la mirada puesta en transformar y "adaptar" la educación "al siglo XXI" y fortalecer la formación como vía para paliar con las desigualdades y la precariedad que afecta especialmente a los jóvenes del país.

Empecemos haciendo balance. ¿Cómo valora la situación de la educación tras dos años de pandemia? Hay docentes que señalan que ha empeorado la calidad de la enseñanza.

Si algo han demostrado la escuela y todos los profesionales que en ella trabajan ha sido una capacidad de adaptación absoluta. La situación de hoy nada tiene que ver a la que vivimos en el año 2020, sobre todo por el desconocimiento del virus y porque no teníamos vacunas. A pesar de ello, la comunidad educativa, padres y madres, y por supuesto el Gobierno de España conseguimos el objetivo fundamental: demostrar que las aulas son espacios seguros. Apostamos por esa modalidad presencial porque garantiza el derecho a la educación y cuida de la salud emocional de nuestros jóvenes. Por eso, expreso mi agradecimiento profundo y sincero al magnífico comportamiento de la sociedad y fundamentalmente de las escuelas.

Tras el modelo ‘híbrido’ de los meses más duros, ¿le preocupa el impacto de la brecha digital en los entornos menos favorecidos?

No podemos ser contrarios a la revolución digital, que ya es una realidad, y en la que el Gobierno invierte muchos recursos. Pero ello no debe implicar que se ensanchen más las brechas ya existentes. Por eso trabajamos en la mejora de las competencias digitales, también de los docentes y su metodología.

La sexta ola ha provocado muchas bajas de docentes. ¿Cree que las consejerías deberían dedicar más recursos para cubrirlas?

En las últimas conferencias sectoriales he pedido que en la transferencia covid se priorizara mantener los mecanismos de refuerzo. Con ómicron hemos vivido tensiones por la magnitud de los contagios. Sí que ha habido casos puntuales de demora a la hora de sustituir bajas en algún colegio, pero en el balance general creo que las bajas se han cubierto razonablemente bien.

Le ha tocado continuar con una amplísima reforma educativa para la que se destinan este año más de 6000 millones de euros. ¿Qué es lo más urgente?

Es un presupuesto histórico para un momento de cambio y adaptación al siglo XXI. Por un lado, está el desarrollo de los decretos de Infantil, ESO y Bachillerato. Por otro, estamos inmersos en la ley de Formación Profesional, que es un proyecto de país, respaldado por 22 de las 23 fuerzas del Parlamento. A excepción del PP, todo fueron votos favorables o abstenciones. Otros de los grandes proyectos es una nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, y realizar, en la política de becas, el mayor esfuerzo hasta ahora, con un incremento del 44%. En definitiva, se trata de poner los recursos y medios cuando se detectan los problemas de una manera incipiente.

Cuarenta y tres millones irán destinados a que la escuela ordinaria escolarice al alumnado con necesidades especiales. Pero la concertada y varias asociaciones temen que sea el fin de la educación especial.

Es verdad que se generó un debate que lamento profundamente. Tengo un gran respeto y valoración a todos los docentes, pero más todavía a los profesores y profesoras de educación especial. Se trata de que quienes quieran escolarizar a sus hijos con necesidades especiales en un centro ordinario lo puedan hacer. Y que aquellas familias que opten por un centro de educación especial, puedan hacerlo con los mejores medios.

¿Puede cambiar en el Senado el voto del PP sobre la ley de FP?

No sé cuál será su posición, pero lo cierto es que cambiaron el sentido de su voto, que había sido abstención en la ponencia, en el último momento. Espero que el PP salga de su negacionismo político —en este caso también educativo—, porque se trata de una ley ampliamente respaldada por los agentes sociales, que mira de frente a nuestros jóvenes. A través de ella, ofrecemos una formación de calidad. No es solo un trabajo bien remunerado, sino un proyecto de vida.

El plan busca vincular la formación a las empresas en un contexto de altísima precariedad laboral de los jóvenes.

Los estudiantes con FP tienen una tasa de paro siete veces menor que el resto. Ahora hemos apostado por una formación dual, que significa la implicación absoluta del tejido productivo, llevando la empresa al aula y el aula a la empresa. En la próxima década, más del 50% de los empleos van a ser para técnicos medios. La FP va a ser clave para esta demanda.

Respecto a la sentencia que obliga a respetar en Cataluña el mínimo de un 25% de castellano en las aulas, la Generalitat tiene dos meses para aplicarla. ¿Qué hará el Gobierno si no se cumple?

Reitero lo que he venido diciendo. No contemplo un escenario donde no se cumplen las sentencias firmes. De hecho, en esta cuestión no hay debate. Vivimos en un Estado de derecho.

Entonces, ¿no tienen previsto cómo actuar ante un posible incumplimiento?

Hoy por hoy, apelo a esta responsabilidad de la Generalitat, una responsabilidad que estoy segura de que tendría cualquier otra administración educativa rente a una sentencia judicial.

Los currículos de todas las etapas educativas están a punto de ser aprobados en el Consejo de Ministros. Se les reprocha que ponen en riesgo la cultura del esfuerzo. La práctica supresión del suspenso ¿puede maquillar los datos de abandono y rezagar todavía más a los estudiantes con menos posibilidades?

Mejorar los datos de abandono temprano es una obligación y responsabilidad de cualquier país. Esto no es cuestión de reducir o maquillar estadísticas. Si mejoramos estos resultados, más jóvenes continúan formándose. No podemos ni debemos frivolizar sobre esta cuestión. No hablamos de números, sino de personas que abandonan tempranamente los estudios y a los que la Administración educativa debe ofrecer oportunidades. Hay datos que invitan al optimismo. Por ejemplo, en 2011 la tasa de abandono escolar era del 26%. La última cifra, de 2020, estaba en el 16%, y debemos seguir transitando a la tasa europea, en torno al 10%.

Los críticos rechazan que se demonice el suspenso como método objetivo de evaluación.

En España el debate educativo siempre ha sido intenso y pasional. Pero este decreto de evaluación pone el foco claramente en los profesores, y yo tengo toda la confianza en las decisiones que ellos y ellas, que son quienes están el día a día con nuestros jóvenes, adopten la decisión de qué estudiante debe promocionar o no. Uno de cada tres jóvenes de 15 años ha repetido en España. La cifra no sería llamativa si después hubieran seguido formándose, pero el problema reside en que gran parte de estos estudiantes que repiten de forma estructural abandonan sus estudios. Donde tenemos que trabajar es en el inicio del problema. Que un joven abandone es un fracaso del sistema, no de esa persona. Hay que lograr que no vaya directamente al abandono temprano.

La otra cara de la moneda es la formación del profesorado. Hay estudios que sitúan en la mejora docente la buena marcha del sistema

Es verdad. La buena marcha del sistema educativo depende de múltiples variables. Hablamos de presupuestos, que es fundamental. Pero evidentemente necesitamos mejorar o reforzar la formación del profesorado y vamos a arrancar ya con ese debate. De hecho hemos convocado ya las mesas de diálogo con los representantes y las comunidades autónomas para el próximo día 27 de enero, para abordar, entre otras cosas, cuestiones que nos parecen cruciales; como son la formación inicial, la formación permanente, el máster para el profesor de secundaria, el acceso, etc. Llevamos muchos años escuchando que hay que arremangarse y empezar a hablar de lo que es la función docente. Hasta ahora no había sucedido, pero este Gobierno tiene toda la disposición de ponerse a dialogar y a debatir sobre este asunto que es absolutamente fundamental.

También ha sido objeto de polémica la asignatura de Historia en Bachillerato, que se centrará en la época contemporánea.

Cuando focalizan esa crítica, se les olvida que los chavales llevan diez años estudiando historia. De los 6 a los 16 años estudian el transcurso desde la prehistoria hasta la historia moderna y contemporánea. El cambio que se da es que, cuando lleguen a Bachillerato, se centren más en la etapa que va desde 1812 a la actualidad. Nos parecía absolutamente fundamental que nuestros jóvenes conozcan y sepan qué sucedió en la Guerra Civil, por qué hubo un golpe de Estado, qué fue ETA y qué supuso, etc. Cuestiones de absoluta prioridad que debían estudiar, pero que eran muy complejas de encajar en los dos años.