El Senado ha aprobado este miércoles la Ley de Empleo, que volverá al Congreso de los Diputados tras incorporar varias enmiendas, y con la que se busca mejorar las políticas activas de empleo con atención a determinados colectivos prioritarios.
La ley ha salido adelante por 148 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones incorporando, frente a lo previsto inicialmente, cinco enmiendas aprobadas en el pleno por lo que deberá volver al Congreso antes de su luz verde definitiva.
El Senado ha introducido en el texto varias enmiendas de Teruel Existe para incorporar como objetivo de la ley la readaptación profesional de los demandantes de empleo, en particular en el ámbito de las entidades de la economía social, así como para aclarar que en los procesos de selección deberán evitarse sesgos por edad o discapacidad.
Asimismo, se incluye entre las actividades de recolocación el servicio de apoyo para transformar empresas mercantiles en entidades de la economía social y se establece que el personal de los servicios de empleo tendrá que estar formado en igualdad de trato para todos los grupos en riesgo de exclusión.
También se han incorporado enmiendas de JxCAT para especificar que los profesionales de los servicios públicos de empleo estarán especializados para dar respuesta a los diferentes perfiles de demandantes de empleo, incluidas las personas con discapacidad, por lo que se les formará para atender a personas con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista.
NUEVA AGENCIA ESPAÑOLA DE EMPLEO
Entre los objetivos de la ley, que regula la nueva Agencia Española del Empleo, está impulsar una política activa de empleo más eficiente con una atención especializada a colectivos prioritarios, entre los que se encuentran las víctimas de violencia de género, las personas transgénero y las personas con discapacidad, entre otros.
Además, la ley establece que la Inspección de Trabajo realizará un informe para constatar que se dan las circunstancias requeridas para presentar un expediente de regulación de empleo (ERE), una medida introducida en el Congreso a iniciativa de Bildu.
Esta modificación llevó a la CEOE a romper la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla "tramposa y contraria a la buena fe" y a pedir una rectificación para poder retomar el diálogo.
La norma aprobada este miércoles también recoge una enmienda para asegurar la inembargabilidad del salario mínimo profesional (SMI).
La senadora de Vox María José Rodríguez de Millán ha defendido en su veto a la ley que esta "no plantea ninguna medida específica para solventar la precariedad y el desempleo de los españoles" y la creación de la Agencia Española del Empleo supondrá crear un "entramado institucional desproporcionado".
La senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero ha criticado que la ley solo busca cumplir con Europa sin solucionar los problemas de empleo, mientras que Ciudadanos ha asegurado no entender la "utilidad práctica" de la ley y ha cargado contra la "mala fe negociadora" de cambiar la regulación de los despidos colectivos.
Por el contrario, la senadora socialista Rosa María Aldea ha defendido que se trata de una "ley justa" que pretende "solucionar problemas a la ciudadanía", en concreto con el establecimiento de un catálogo de servicios que ayude a mejorar la empleabilidad para encontrar un "trabajo digno".
PNV ha mostrado su apoyo y ha retirado una enmienda en la que pedía resolver las dificultades para registrar planes de igualdad en las cooperativas al haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno para adoptar esta cuestión en otra normativa.
EH Bildu ha defendido su voto favorable porque la ley avanza hacia un modelo de empleabilidad "en que la administración pública es también responsable del pleno empleo", según su senadora Idurre Bideguren, y porque incorpora su propuesta sobre los ERE.
También han apoyado la ley Más Madrid -porque se necesitan servicios de empleo "eficaces"-, Teruel Existe -porque persigue mejorar la empleabilidad- y la Agrupación Socialista Gomera -porque supone "un paso importante para mejorar la vida de los trabajadores"-
JxCAT se ha abstenido porque aunque "no es suficiente", la normativa mejora la gobernanza y los itinerarios formativos.
Fuente: EFE. La Vanguardia.