La Seguridad Social ha recaudado desde 2019 más de 120 millones de euros que han cotizado los autónomos para su formación. Sin embargo, aún no se han destinado a ningún programa específico para el colectivo.

Desde enero de 2019, cuando se universalizaron varias de las coberturas para equiparar los derechos de los trabajadores asalariados con los autónomos, el colectivo comenzó a ingresar un 0,1% de su cuota por un concepto desconocido incluso hoy para la mayoría: la formación profesional. Esto significa que la Tesorería General de la Seguridad Social recauda al año un total de 40 millones de euros por este concepto que abonan mensualmente todos los trabajadores por cuenta propia a través de su cuota.

Sin embargo, y a pesar de la cuantía recaudada, los autónomos no tienen derecho a una formación bonificada específica y adaptada a sus necesidades de dirección, gestión y administración del negocio, como sí ocurre con los trabajadores por cuenta ajena. Por tanto, de momento, ese dinero no se habría utilizado para el concepto que debería financiar. Según denunció la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en los últimos tres años el Estado ha acumulado más de 120 millones de euros destinados a la formación de los autónomos, se trata de un dinero que aún no habrían gastado.

Esta cotización “permite acceder a la formación de oferta, pero no a la formación bonificada, algo que quería corregir el Gobierno, que prometió crear un sistema de formación específico para autónomos, donde se contemplasen tanto la formación bonificada como la de oferta”, señaló José Luis Perea, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

¿Dónde van esos 40 millones de euros que no se usan para formar autónomos?

La formación de oferta permite acceder a unos cursos gratuitos que están subvencionados por las cuotas de todos los trabajadores, mientras que la bonificada nace de la cotización específica destinada a este fin. “Existía un problema con la formación bonificada, ya que la cantidad cotizada por autónomo supone entorno a 13 o 14 euros anuales, así que de alguna manera había que complementar eso con otros fondos. Ese dinero al año no da para un curso de formación con garantías”, añadió Perea.

Desde ATA se preguntan a dónde van los 40 millones de euros que los autónomos cotizan cada año por la formación profesional, “están ahí pero no sabemos realmente qué se está haciendo con ellos. Es verdad que las partidas que hay para formación de oferta han subido, este año están entorno a unos siete millones de euros, pero en todo caso no se corresponde con los 40 millones de euros de cotización que los autónomos pagan todos los años”.

En un momento marcado por la digitalización, la formación es “un instrumento imprescindible” para mantener los negocios, ya que “hoy en día, en los tiempos en los que estamos, es fundamental, por ejemplo, poder ofrecer nuestros servicios y nuestros productos a través de las redes sociales. La potencialidad que tienen estas para mejorar nuestros negocios, tener más capacidad de penetración o una mayor difusión, resulta fundamental y, por tanto, necesitamos ese tipo de formación”. También la formación “es indispensable” para aquellos autónomos cuyos sectores se han visto muy afectados por la crisis e incluso para aquellos cuyo negocio es “irrecuperable”, para que “puedan hacer el trasvase a otro sector emergente”, explicó José Luis Perea, secretario general de ATA.

El gobierno prometió un sistema específico de formación

El sistema específico de formación que prometió el gobierno contemplaba cuatro requisitos: “que los autónomos pudieran acceder a la formación bonificada, que tuviesen crédito suficiente para tener una formación de garantía, que tuviese menos tramitación administrativa -ya que un autónomo tiene poco tiempo para todo el papeleo que requieren los cursos-, y que se ajustara a la necesidades formativas que tienen los trabajadores por cuenta propia, que son distintas a las que tienen los que trabajan por cuenta ajena”, indicó Perea.

En este contexto, señaló que ahora mismo “el problema” es que la formación que se oferta es una formación diseñada por patronales y sindicatos para trabajadores por cuenta ajena. “Los trabajadores autónomos tienen unas necesidades completamente distintas en cuanto a la temática, la modalidad y la duración, ya que tienen que ser cursos bastante más cortos al no poder desatender sus negocios. Para un autónomo hacer la modalidad online, por ejemplo, sería lo mas cómodo”.

Sin embargo, tras esta promesa, la situación está “en punto muerto”, ya que ATA presentó a principios de 2021 un informe con 50 propuestas para la formación de los autónomos, con el objetivo de “ayudar a diseñar ese nuevo sistema de formación, donde se contemplara tanto la bonificada como la de oferta”. A pesar de ello, según ATA, aún no se ha obtenido respuesta por parte de la administración. En este sentido, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que es el organismo encargado de crear y diseñar esta reforma, argumenta que están reformando la ley 30/2015 y que hasta que no se apruebe no podrán trabajar en este diseño.

Actualmente, añadió Perea, “lo único” que pueden hacer los autónomos que se quieran formar gratuitamente es seguir recurriendo al programa de formación para ocupados que todos los años saca el SEPE. Este programa, según Perea, “no tiene equivalencia a un sistema de formación diseñado específicamente para ello con sus propios fondos, ni en cuantía ni en posibilidades de número de autónomos formados”, ya que “la capacidad que da formar a autónomos con 40 millones de euros no es la capacidad que dan esos siete millones de euros destinados para la formación de oferta”.

“Es fundamental detectar las necesidades formativas”

En este contexto, desde la federación lo que piden es “celeridad”, ya que los autónomos “están cotizando por una formación que no reciben, que es la formación profesional, o que la reciben sólo unos pocos afortunados que pueden acceder a esos cursos de la convocatoria de ocupados”. Si se crease un sistema que permitiera que esos 40 millones de euros anuales se distribuyeran, la formación “sería seis veces mayor”, es decir, “por cada autónomo que ahora se forma, se podría formar a seis”.

Según ATA, un aspecto fundamental es "detectar las necesidades formativas. Es cierto que llevamos dos años trabajando con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), entidad encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de Formación Profesional, precisamente en estudiar cuáles son las necesidades formativas del colectivo pero, evidentemente, aquí la apuesta tiene que ser con algo más de ímpetu. Hoy por hoy los presupuestos que se destinan para estudiar estas necesidades formativas son bastante cortos, con lo cual el espectro que nosotros podemos detectar es mínimo. Es fundamental hacer una oferta de formación ajustada a lo que realmente necesita el colectivo”.

En este sentido, el secretario general de ATA añadió que el autónomo “es muy pragmático y el tiempo del que dispone tiene que estar muy bien aprovechado”, por lo que tienen que ser cursos "muy cortos y que le sirvan para desarrollar su actividad, mejorar su negocio o traspasarse a otra actividad empresarial que sea emergente”.