La pandemia mundial ha puesto en evidencia una de las lacras históricas de la economía española: la excesiva dualidad del mercado laboral que permite que coexistan dos tipos de trabajadores claramente diferenciados, por una lado los que tienen un contrato fijo y elevadas indemnizaciones en caso de despido y, por otro, los temporales expuestos a un escaso nivel de protección. Aunque por primera vez en tiempos de crisis el empleo ha caído menos que el PIB, gracias al 'salvavidas' de los ERTE, eso no significa que el mercado laboral haya salido indemne de este 'shock'. Al contrario, la cicatriz abierta por la Covid tardará años en sanar, especialmente por el ajuste que se ha producido en los trabajadores temporales, que vieron esfumarse de un plumazo más de 672.000 contratos entre el 12 de marzo y el 30 de abril. A día de hoy, apenas se han recuperado la mitad.

El Gobierno ha reaccionado 'ipso facto' y está dispuesto a poner fin a esta dramática debacle. Reducir la excesiva temporalidad del mercado de trabajo ha pasado a un primer plano en la agenda del Ejecutivo y se están estudiando medidas contrarreloj con este fin que, por cierto, en numerosas ocasiones han instado tanto aquí el Banco de España como organismos internacionales de la talla del Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea. La idea es atajar directamente la facilidad de rotación de contratos de la que disponen las empresas, a través del cobro de una tasa por cada baja registrada en aquellos casos en los que se detecte que una determinada compañía abusa de los contratos temporales de manera generalizada.

Según explican fuentes gubernamentales conocedoras de esta iniciativa, los técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya están estudiando el diseño de esa tasa que, tal y como explicó el responsable del ramo en una entrevista en el diario digital '65ymás', se pretende focalizar hacia las empresas que utilicen esa facilidad de rotación "por razones espurias". Esas compañías reincidentes que la Administración tendría detectadas a través de los registros de altas y bajas de afiliación de la Seguridad Social estarían sujetas, por tanto, a costes laborales superiores a la hora de ejecutar despidos, mientras aquellas que utilicen este mecanismo de manera puntual -"de vez en cuando", en palabras de José Luis Escrivá- en principio no tendrían que asumir ningún coste adicional.

La medida, en cualquier caso, se pretende abordar en el seno del diálogo social, donde previsiblemente se encontrará con en beneplácito de los sindicatos, que vienen denunciando la inaceptable tasa de temporalidad del mercado de trabajo, y con la oposición de la patronal, que rechaza cualquier modificación legislativa que derive en un incremento de los costes laborales. Las fuentes consultadas insisten, no obstante, en que se trata de una iniciativa que se encuentra en una fase preliminar y aún no está definida. De hecho, todavía tiene que pronunciarse al respecto el Ministerio de Trabajo, aunque sirva de precedente que la ministra Yolanda Díaz ha definido la temporalidad como una "anomalía insostenible" que debe corregirse. Es, en sus palabras, "el gran reto de la sociedad".

Consultado al respecto de esta iniciativa por ser el sector que maneja una importante proporción de los contratos eventuales que se firman en España, el presidente de la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo, Andreu Cruañas, recuerda que ya existe un recargo en la cotización del 40% para los contratos de menos de cinco días, una penalización diseñada para evitar el fraude que, a su juicio, "no solamente no disuade sino que incentiva el empleo sumergido". Desde la experiencia de gestionar 4,5 millones de contratos temporales al año para 750.000 candidatos únicos, Cruañas señala que "el fraude de ley no debería tolerarse a cambio de cobrar una tasa específica" y, al contrario, apuesta por "afrontar el problema reordenando el modelo actual".

Precisamente, en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' que el Gobierno va a remitir a Bruselas próximamente y que contiene su estrategia para afrontar la crisis del coronavirus y los retos de la próxima década se habla de atajar los "problemas estructurales" del mercado laboral, adoptando "medidas para reducir la excesiva temporalidad y la precariedad" y simplificando los tipos de contratos disponibles. Esta idea de reordenar el menú de contratos parte del acuerdo de coalición en el que el PSOE y Unidas Podemos firmaron reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento, "de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo, promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello".

Además, está entre las intenciones del Ejecutivo "explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales" y reforzar el control de la contratación a tiempo parcial. Asimismo, pretenden llevar a cabo una "reforma profunda de las políticas activas de empleo, desarrollando nuevos instrumentos para la integración y activación de trabajadores, adecuando las intervenciones a las realidades específicas del mercado de trabajo y de los demandantes de empleo, y mejorando la conexión con las necesidades empresariales mediante la creación de un Fondo para la generación de nuevo empleo, incorporando de manera permanente la evaluación de las estrategias de inserción y reinserción laboral de los servicios públicos de empleo", de acuerdo con el Plan de Recuperación.

Todo ello, en paralelo a la derogación parcial de la reforma laboral del PP que pretende abordarse en la recta final de este año y con la mirada dirigida hacia los jóvenes, uno de los colectivos más damnificados por esta crisis en términos laborales. La pandemia se ha llevado por delante a más de 100.000 cotizantes menores de 25 años y ha disparado el paro juvenil un 40% respecto al año pasado. La ministra de Trabajo ha afirmado que, junto con la temporalidad, el desempleo juvenil es "el reto más importante al que nos enfrentamos" porque "representa un peligro para el equilibrio generacional" y, en este sentido, está ultimando un 'plan de choque' que dará a conocer en las próximas semanas, indican desde su departamento.