El Gobiernoquiere seguir subiendo el salario mínimo en los próximos años y para ello yaestudia una nueva alza para 2020, incluso si hay elecciones y sigue enfunciones a finales de 2019. Así lo señalan fuentes del Ejecutivo a ABC, queapuntan que, a diferencia de la subida de las pensiones o de los empleadospúblicos, el Gobierno en funciones podría aprobar un nuevo incremento delsalario mínimo interprofesional (SMI) por real decreto simple. La ministra deHacienda, María Jesús Montero, ya aseguró hace unos meses que la intención delGobierno era elevar el SMI a mil euros mensuales en 2020. En las 370 medidasque el PSOE entregó el pasado martes a Podemos figuraba ir aumentando poco apoco el salario mínimo hasta llegar al 60% del sueldo medio en cuatro años,unos 1.200 euros.

Eso sí, enplena negociación política aún no hay nada decidido, tratándose de una opciónsobre la mesa, apuntan estas fuentes. De esta forma, la convocatoria deelecciones no sería un obstáculo para una nueva alza del SMI, ya que no esnecesario aprobar el incremento por decreto-ley –que un Gobierno en funcionesno puede aprobar– sino que basta con un real decreto, ya que el Estatuto de losTrabajadores habilita al Gobierno a subirlo en base a indicadores como el IPC,la productividad media, la participación del trabajo en la renta nacional o lamera coyuntura económica, aunque reclama «previa consulta con lasorganizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas».Unos contactos que no se saldaron en acuerdo en la última alza de 2019, ya queel Ejecutivo lo pactó con Podemos rompiendo el pacto que alcanzó el Gobierno deMariano Rajoy con CEOE, UGT y CC.OO.

Pese a que losdatos de agosto recogen una destrucción de la afiliación de 212.984 empleos, enel peor octavo mes desde 2008, el Ejecutivo no cree que la subida del SMI un22% en 2019 haya afectado al mercado laboral. «Cuando tenemos un mercado detrabajo que lleva tanto tiempo con congelaciones de subida del SMI y no existetanta diferencia en España entre el SMI y el salario medio, una subida delsalario mínimo es difícil que tenga los impactos apocalípticos que se dijeronpor algunas instituciones», apuntó el secretario de Estado de la SeguridadSocial, Octavio Granado, hace unos días, en referencia al Banco de España, quecalculó que la medida supondría frenar la creación de empleo en 125.000 puestosde trabajo.

Así, tras laselecciones, el Ejecutivo continuaría incrementando el SMI, cumpliendo así suprograma electoral incluso estando en funciones. Eso sí, esto no se aplicaríaen el caso de la revalorización de las pensiones con el IPC, ya que losPresupuestos de 2018, que se prorrogarían en los primeros compases del año queviene, prevén que las prestaciones por jubilación se vuelvan a revalorizar un0,25% en 2020, como recogía la reforma de las pensiones de 2013.

¿Qué posturatiene el Gobierno para esto si sigue en funciones? En este caso debería ser elCongreso de los Diputados el que, utilizando su iniciativa legislativa, loaprobase en forma de ley, mandando la norma al Senado y, posteriormente,refrendándolo. Si hay elecciones y las Cortes se constituyen, como pronto, aprincipios de diciembre, el año próximo empezaría con una revalorización del0,25% siendo después cuando entraría la norma que aprobase el Congreso. Ello esasí porque, a diferencia del decreto -ley que aprueba el Ejecutivo con efectosinmediatos para que después las Cortes lo validen, en el caso de las leyes sedeben seguir los plazos de presentación de enmiendas, que son más largos ysuelen alcanzar los tres meses desde que se inicia el procedimiento legislativohasta que se aprueba por completo.

Ha habido muycontados precedentes de gobiernos en funciones que aprobaron un decreto-ley:uno de ellos fue bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando endiciembre de 2011 elevó la aportación máxima legal de la banca al Fondo deGarantía de Depósitos. Exceptuando casos que afecten a la «urgencia o elinterés general», la Ley de Gobierno limita al «despacho ordinario de losasuntos públicos» el perímetro de acción de un Ejecutivo en funciones. ElEjecutivo de Mariano Rajoy también aprobó en funciones por decreto-ley en 2016la prórroga del Plan Prepara a parados de larga duración y la subida de las retencionesen el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas para contener el déficit.

En el caso delas pensiones, pese a los números rojos de la Seguridad Social, que este añosuperarán los 17.500 millones según la información que el propio Gobierno ha remitidoa Bruselas, el Ejecutivo quiere seguir ligando las prestaciones con el IPC. Dehecho esta postura fue la única a la que llegó a acuerdo la Comisión del Pactode Toledo –utilizando el ambiguo concepto de «IPC real»–. A ello también ayudaque la inflación está en mínimos de hace tres años: en agosto cerró en el 0,3%,su cota más baja desde septiembre de 2016. Frente al 1,7% que registró el añopasado y que costó 1.888 millones de euros para revalorizar las pensiones esteaño, en estos momentos la inflación media de 2019 se sitúa en el 0,7%. Todo unjugoso ahorro para la Seguridad Social, que se puede unir a un aumento deingresos mediante un nuevo alza de las bases máximas y mínimas de cotización sise vuelven a subir ante el incremento del salario mínimo.

«Yo confío enque pueda haber Gobierno antes del 23 de septiembre, que tome la decisión sobrela revalorización de las pensiones», apuntó Granado hace unos días, «y, si noes así, habrá que abordar un nuevo escenario, con la posición de los grupospolíticos sobre cuánto tienen que revalorizarse las pensiones en 2020». En elcaso del factor de sostenibilidad, que limita las pensiones actuales en base avariables como la esperanza de vida o el crecimiento para asegurar más años elcobro de la pensión, si bien tenía que entrar en 2019 los Presupuestos de 2018postergaron su ejecución hasta 2023.