Unos 11 millones de trabajadores españoles no tienen un título que verifique que son competentes para trabajar en lo que trabajan, pese a tener, muchos de ellos, años de experiencia laboral. “Eso solo ocurre en España”, lamentó ayer Mariano Carballo, director del gabinete técnico de la secretaria de Formación Profesional (FP) del Gobierno durante la jornada Formación Profesional en la economía de la información y el conocimiento , organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en colaboración con La Vanguardia y el Institut Cerdà.

La carencia de acreditaciones profesionales formales, que alcanza al 48% de la población activa, se trató de resolver en el 2009 con la apertura de un procedimiento para la acreditación de competencias y su asimilación a títulos de FP, cursos de especialidad o certificados de profesionalidad. Carballo explicó que para agilizar el proceso y apoyar a las administraciones autonómicas, que realizan las acreditaciones, se ha creado un crédito extraordinario a 3 años de 724 millones de euros, y se va a adaptar el real decreto de 2009 que lo regula. “La modificación está en el Consejo de Estado, el último trámite que falta para llegar al Consejo de Gobierno, por lo que es inminente que salga. Pero la reforma solo atiende a lo mínimo imprescindible y necesario por razones de urgencia”.

La nueva ley de FP, que probablemente tenga carácter orgánico, apoyará al profesorado y centros.

Carballo también desveló que en la próxima reforma de la FP, cuya ley se ultima para este año y tendrá, probablemente, carácter orgánico, se estudia la posibilidad de incluir incentivos fiscales a las empresas que se comprometan en proyectos de FP Dual, una de las modalidades estrella del proyecto de ley.

El director del gabinete, que sustituía en el debate a Clara Sanz, secretaria general de FP, apuntó que la FP Dual no acaba de arrancar. De los 837.000 alumnos de FP, solo 26.340 realizan una formación en alternancia, después de 8 años de regularse la modalidad que en países como Alemania, Suiza o Austria está ampliamente extendida y que las universidades están empezando a dar sus primeros pasos.

El sistema de dualidad establece la alternancia entre la formación en una escuela y en una empresa, con un tutor laboral y un contrato retribuido.

La estructura empresarial constituida por empresas pequeñas es uno de los obstáculos. De los 3,4 millones de empresas de las que 1,9 millones no tienen asalariados y el 4,9% (correspondiente a 72.000 empresas) tienen más de 20 trabajadores. Además, pertenecen al sector servicios y no al industrial, como en Alemania. “Que empresas con tan poco personal dedique un trabajador a formar a alumnos y tenga figuras de formador resulta difícil”, confirmó Carballo, por lo que hay que dar “facilidades” para que las pymes y micropymes puedan entrar y les resulte atractivo el modelo, con formación de tutores y formadores, con incentivos a las empresas, y nuevas modalidades de contratación. También debe resultarle atractivo al alumno, al profesorado y al centro educativo. Eso requiere una acción de Gobierno ya que están implicados los ministerios de Hacienda y Trabajo.

En el debate, coordinado por el director adjunto de La Vanguardia , Enric Sierra, participaron el presidente del consejo Catalán de FP, Fabián Mohedano, la gerente del Ayuntamiento de Barcelona, Sara Berbel, el director del Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona, Héctor Santcovsky, entre otros. El exalcalde Joan Clos abrió con una ponencia en la que puso de manifiesto la necesidad de “adaptarse pronto” a las nuevas necesidades del mercado laboral y “correr más que el resto” para adecuarse a los niveles de formación profesional de otros países europeos. Más prestigio, más recursos y más cooperación entre educación y empresa, dijo.