No son buenos tiempos para impulsar la formación de los empleados en las empresas. El modelo de gestión pública de estos servicios que ofrece el SEPE a nivel estatal y a través de las comunidades autónomas ha resultado ineficiente e incapaz de dar cobertura a las necesidades del tejido productivo. De los 2.100 millones de euros que recauda el Estado a través de las cuotas de formación profesional que pagan las empresas unos 900 millones de euros se quedan sin gastar cada año. En suma, se estima que desde 2015 se ha acumulado un remanente de 5.000 millones.

Esta es la parte de la formación en empresas que ofrece la Administración Pública. Es la encargada de contratar los cursos con el sector privado para luego ofrecerlos entre las empresas interesadas. Como señalan fuentes de CEOE consultadas por ABC, «estos cursos están fuera del mercado», ya que se subastan a precios fijados hace 20 años –el pliego data de 2004– y que en muchos casos no se ofrecen las modalidades más demandadas en cada momento. Por ejemplo, los cursos de tecnificación en el entorno de los centros logísticos o de mejora de la aptitudes tecnológicas, se encuentran entre los más solicitados por las empresas, que aseguran no tener una oferta óptima procedente del SEPE.

Ante la falta de respuesta por parte de las administraciones públicas, una segunda línea de formación se abre paso entre las compañías. También sin éxito y también en desuso. En este caso, es el tedioso procedimiento de validación del SEPE el que ahuyenta a los empleadores de impartir esta formación para sus empleados. Se trata de la formación bonificada –la anteriormente mencionada se corresponde con la subvencionada–. Esta, la bonificada, consiste en un modelo de aplicación autónomo en el que el empresario contrata la formación necesaria para su plantilla con otra empresa, la imparte y, posteriormente, se deduce el coste de la misma en la liquidación de las cotizaciones sociales.

Es precisamente en el momento en el que el SEPE detecta un ingreso menor al correspondiente cuando comienza el proceso de validación. Antes, el empresario deberá haber comunicado la intención de impartir la formación y aportar la documentación precisa –las facturas entre otras–. Concretamente, la normativa prevé que una vez comunicada la finalización en la aplicación, y hasta la presentación del boletín del mes de diciembre del año en curso, sea posible aplicar la bonificación por formación en los recibos de liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social.

Las presiones

Ahora bien, tal y como se desprende de las cartas oficiales enviadas por la administración a quienes han aplicado este modelo de formación en sus empresas, y a las que ha tenido acceso ABC, el SEPE adopta una actitud fiscalizadora que termina mellando incluso la moral de los empresarios, que se ven inmersos en una suerte de juicio del que dependerá la aceptación de la bonificación por parte de la Administración o la petición del reintegro de la cuantía no pagada en cotizaciones sociales, a la que se aplica una serie de recargos que puede llegar a suponer un golpe financiero para los negocios que aplicaron esta formación.

Son unas 80.000 cartas las que el SEPE hace llegar a las empresas solicitando los pagos de las cotizaciones no abonadas por la autoaplicación de la bonificación, lo que supone el 10% de todas las formaciones que se imparten en el seno de las empresas a través de la modalidad bonificada. Según explica a ABC el presidente de Asociación, Formación y Empresa (AformaE), José Luis García Guglieri, casi un 30% de los destinatarios de las cartas devuelven el dinero, mientras que el resto realiza algún tipo de alegación o directamente no contesta a la correspondencia. A este 70% restante les llega la segunda comunicación ya con vistas a trasladar el expediente a la Inspección de Trabajo, en una versión más agravada del examen sobre si la bonificación aplicada es procedente.

«En los últimos años apenas se han producido actas de liquidación de la Inspección de Trabajo», señala el experto en la materia Guglieri advirtiendo que solo la minoría de casos en los que entra la Inspección terminan en una sanción efectiva. De hecho, señala que en este paso, el empresario tiene posibilidad de defender su postura en una entrevista personal con el inspector, y que el problema se genera en la labor de intermediación que ejercita el SEPE sin un conocimiento completo de cada caso. «En muchos casos no se atiende a las alegaciones y la exposición de motivos de los afectados», explica el presidente de AfromaE.

En este contexto, es la presión del SEPE sobre las empresas para que justifiquen las formaciones impartidas ahuyenta a los empleadores de contratarlas. Cabe recordar que en España la mayoría se dan en pymes y estas enfrentan mayores dificultades por desconocimiento y falta de estructura jurídica.

Fuente: ABC.