La lenta ejecución de los fondos Next Generation y en concreto de los Pertes, por parte del Gobierno de España, ha colocado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante un difícil examen si quiere recibir el importe total de las 70.000 millones de euros designados.
El primer obstáculo viene del Reglamento diseñado por la Comisión y el Parlamento, que obliga a que las inversiones estén ejecutadas antes del 31 de agosto de 2026.
A día de hoy, con solo un 5,4% de los Pertes resueltos, y un 19,5% del total de pagos reconocidos o transferidos, que no licitados ni adjudicados- la agenda de cumplimiento de España se antoja imposible, máxime cuando todas las ayudas -y ahora vienen las grandes inversiones- deben estar licitadas antes del 31 de marzo de 2023-.
Con estos mimbres, fuentes comunitarias señalan que a España solo le queda una salida, y es la petición de una prórroga de los plazos, para salvar así los grandes proyectos estratégicos con los que el Gobierno se comprometió para fortalecer la economía. Por cierto, una actuación que tanto Moncloa, como Hacienda o el Ministerio de Economía no han podido confirmar.
De cualquier modo, se trata de un peregrinaje -reconocen otras fuentes políticas consultadas- lleno de trabas, ya que el Reglamento del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia no cuenta, como otros fondos, con el asterisco del N+2, una fórmula aplicada en ayudas estructurales y de cohesión, y que en la práctica sirve para que el dinero adjudicado se gaste con dos años de retraso.
El calendario de ejecuciones
Pero es que además, en el caso español, no solo las licitaciones van con demora frente a una normativa estricta que fija que las inversiones han de estar adjudicadas antes del 31 de marzo de 2024, y ejecutadas antes del 31 de agosto de 2026.
En este sentido, Parlamento y Consejo señalan un espacio: y es el artículo 21 del citado Reglamento que solo atendería la casuística de una prórroga, si se dieran "circunstancias objetivas" para completar en su totalidad el plan.
Siendo así, España podría proponer un plan de Recuperación y Resiliencia nuevo o modificado. Pero esta decisión tampoco es sencilla, ya que el mecanismo está articulado como reglamento y, no solo tiene que pasar por el filtro del Parlamento, si no también por el del Consejo, donde han de votar por unanimidad los 27 estados.
Queda por decidir cómo se va a reembolsar la deuda emitida a partir de 2027
Cabe, eso sí, un resquicio, y es que los jefes del Gobierno tienen aún que decidir cómo se va a reembolsar la deuda emitida a partir de 2027.
Un globo sonda
Pese a esto, el horizonte es extraordinariamente complicado para que España logre una prórroga de los plazos. Así, y reconocida entonces la dificultad de que una petición de estas características cristalizara, fuentes de la Unión Europea coligen que la idea podría nacer de un globo sonda, con el objetivo de abrir un debate en el seno de las instituciones, debate al que podrían sumarse otros estados miembros que también están encontrando problemas en la ejecución de los fondos europeos.
Estas mismas fuentes señalan que, tiene cierta lógica ese globo sonda, ya que hay ministerios como el de Industria, donde los Perte llevan un retraso más que considerable, y esas partidas acabarán perdiéndose de no contar con más tiempo para su ejecución.
La transparencia
Es precisamente la transparencia de la ejecución de los fondos uno de los aspectos que más preocupan entre los técnicos y también los comisarios de la UE. Esta semana, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Hohlmeier, preguntaba a España "cuándo va a traer una lista de cómo se gasta el dinero", en alusión al fallido sistema de control informático, Coffee, que debe aglutinar la información sobre la ejecución de los fondos.
No en vano, el Gobierno tiene que justificar antes de diciembre el cumplimiento del próximo pago -6.000 millones de euros-, con al parecer, un sistema de monotorización de los fondos, aún a medio gas.
Fuente: El Economista.