La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo; y de UGT, Pepe Álvarez han firmado el Acuerdo de mejora y modernización de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. El acto se ha celebrado coincidiendo con el trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la actual Ley de Prevención, la 31/1995 de 8 de noviembre.
Esta norma, junto con la aplicación de diferentes directivas europeas y la suscripción de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el 187 ha permitido avances significativos para acercarse al objetivo de contar con entornos de trabajo saludables y seguros.
Entre enero y noviembre de 2025, última estadística oficial disponible, fallecieron 686 personas trabajadoras en su puesto de trabajo o en los trayectos hacia el mismo, es decir, una persona cada dos días, una realidad que resulta inadmisible. Además, también se produjeron cerca de 575.000 accidentes laborales que requirieron una baja.
El acuerdo entre Trabajo y las organizaciones sindicales es fruto de la Mesa de Diálogo Social que abordó la materia desde el 12 de febrero de 2024. Da continuidad a la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 acordada con todos los agentes sociales y las comunidades autónomas.
Compromisos y objetivos del acuerdo
El texto recoge el “compromiso decido” para la tramitación administrativa y parlamentaria para la modificación de la ley 31/1995 para permitir, entre otros objetivos:
Integrar la perspectiva de género que permita igualdad en la protección de la salud.
Integrar la diversidad generacional a la prevención de riesgos
Equiparar la prevención de riesgos laborales originados por el trabajo a distancia o los derivados por una insuficiente desconexión general al resto de riesgos comunes.
Desarrollos reglamentarios
El pacto recoge también el desarrollo de reglamentos que permitan la protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras frente al cambio climático y también para abordar los riesgos psicosociales.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.