El Ministerio de Trabajo cuantifica en 2.635 millones de euros el dinero que, recaudado con las cuotas de empresas y trabajadores destinadas a formación, se acumula sin gastar desde 2015 cuando entró en vigor la ley 30/2015 del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, según informan a eE fuentes de los agentes sociales. El montante coincide con el cálculo de empresarios y sindicatos que cifran entre 500 y 600 millones lo que cada año se queda sin ejecutar de los fondos que aportan en la cotización a la Seguridad Social, un 0,6% cobrado a las empresas y un 0,1% a los trabajadores.

Así se informó desde fuentes del ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la reunión del pasado 8 de abril del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo con datos a 31 de diciembre de 2022. A este dinero hay que sumar el remanente que se haya generado en 2021, que podría elevarse según las fuentes consultadas en unos 600 millones y lo que se haya acumulado en el primer cuatrimestre de este año, otros 150 millones. Es decir, unos 700-750 millones que sumados al remanente de los 2.635 millones acumulados entre 2015 y 2020 arrojaría una cifra que rondaría los 3.300 millones.

La última cifra conocida públicamente corresponde a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 cuando se juntaron 1.504 millones de euros, según reconocieron en septiembre de 2018 responsables del Servicio Público de Empleo (Sepe) también en una reunión con los sindicatos y las patronales.

Modificar la actual ley

Empresarios, sindicatos y el propio Gobierno coinciden en señalar como responsable a la actual ley 30/2015 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy siendo ministra Fátima Báñez. De hecho, Ministerio de Trabajo y agentes sociales abrieron una negociación para reformar dicha norma aunque lleva paralizada más de un año, según apuntan los responsables de formación de UGT y de la CEOE. No obstante, el ministerio de Trabajo ha sondeado a empresarios y sindicatos para una reunión en los próximos días o semanas.

Cada año, empresas y trabajadores aportan con sus cuotas de formación unos 2.200 millones de euros que se han de destinar obligatoriamente de manera finalista a la formación de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Aproximadamente la mitad se reparte con los servicios de empleo público autonómicos para formar a desempleados y la otra mitad se ha de destinar a la formación de los trabajadores ocupados.

Ofertas estatales de formación

Esta última parte se gestiona por el Sepe y las comunidades autónomas a través de ofertas estatales de formación que se dedican fundamentalmente a cualificaciones de entidad más genérica y horizontal (idiomas, digitalización, etc.). En términos generales, cada año debería realizarse una convocatoria con un presupuesto de unos 250-300 millones de euros.

Juan Carlos Tejeda, director de Educación y Formación de CEOE, apunta que se han convocado en 2016 una oferta de 250 millones y en 2018 otras de 350 y actualmente se negocia una nueva de 300 millones más. La falta de convocatorias anuales ha generado parte del remanente, según Tejeda.

El responsable de formación de UGT, Sebastián Pacheco "Chanin", apunta que las convocatorias de ofertas de formación son la punta del iceberg. El principal montante del presupuesto de formación ocupacional se gestiona a través de la Fundae, una fundación tripartita ¬–aunque con un control del 51% de la Administración General del Estado– con presencia, además de la AGE, de las CCAA y los agentes sociales.

Balance de la Fundae

Está encargada de gestionar fondos destinados a las empresas para que inviertan dinero en formar a sus plantillas, generalmente a través de bonificaciones sobre las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Según el último balance de situación de la Fundae, de 2020, había 907 millones de euros de crédito asignado a las empresas (661 mediante bonificaciones) de los que quedaron sin asignar 415 millones generando un remanente de 493 millones, el 55% del presupuesto. Bien es cierto que se trata de un ejercicio anómalo por la pandemia. No obstante, solo las empresas dejaron de gastar en el periodo 2015-2020 un poco más 1.858 millones, con una tendencia creciente.

2.500 en las CCAA

Los 2.635 millones de euros que constan en las cuentas del Ministerio de Trabajo como remanente de los presupuestos anuales en formación de los años 2015 a 2020 no son los únicos fondos procedentes de las cuotas que se han quedado sin gastar.

Sebastián Pacheco, de UGT, remarca que sobre la parte que gestionan las comunidades autónomas, especialmente para formación de desocupados, existe otro remanente más opaco y difícil de cuantificar. En opinión del responsable de UGT, en las políticas de formación que gestionan las comunidades autónomas podría sumarse otra partida que rondaría unos 2.500 millones de euros.

Deuda histórica

Pero, además, habría más dinero pendiente de ejecutar. Son las aportaciones de empresas y trabajadores anteriores a 2015. Sin embargo, existe una cierta nebulosa al respecto, al menos en opinión de los sucesivos Gobiernos. La ley de 2015 elaborada por Fátima Bañez establece por primera vez de forma clara la condición finalista de las cuotas de formación.

Pero para sindicatos y la CEOE, representantes de trabajadores y empresas que han aportado dichos fondos, no hay duda de que los fondos aportados antes de 2015 solo pueden ser destinados a formación.

Es lo que Pacheco ha venido en llamar la deuda histórica, aunque poco o nada se sabe de cuánto dinero podría suponer. No obstante, el responsable de formación del sindicato da una pista: desde 1995, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) ha contabilizado dichos remanentes. Como ejemplo, de 1995 a 2015 se habrían acumulado solo en el sector público 15 millones de euros no gastados en formación, que se ha incrementado en otros 85 millones en la última década, hasta sumar 100.

Juan Carlos Tejeda, de CEOE, comparte la tesis de que lo anterior a la ley de 2015 es claramente un remanente que debe gastarse en formación, pues defiende que las cuotas entonces tenían el mismo sentido finalista que el establecido en 2015. Algo que no sólo se ha reconocido en varias sentencias, también en un informe del Defensor del Pueblo.