La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que espera que a principios de año esté lista la estrategia para combatir la precariedad juvenil, según ha señalado durante el acto de clausura de la presentación del Informe sobre 'Jóvenes y mercado de trabajo en España' organizada por el Consejo Económico y Social (CES).

Además, la ministra espera que se pueda sacar adelante además del nuevo marco de desarrollo de políticas activas de empleo, el diseño del 'Plan de Garantía Juvenil Plus' y que se está debatiendo en el marco del diálogo social y las 17 comunidades autónomas.

"La vocación es que para principios de año tengamos la estrategia diseñada para trabajar con prontitud y atajar el paro juvenil en nuestro país", ha apostillado Díaz.

Durante la clausura de las jornadas, la ministra ha apuntado que la exclusión social de los jóvenes "se ha convertido en pobreza durante las dos grandes crisis, la financiera primero y la sanitaria después".

"Los poderes públicos tenemos una clara y rotunda responsabilidad en asegurar un empleo de calidad para todas las personas independientemente de su edad", ha apostillado, tras apuntar que su ministerio está "firmemente comprometido con ello".

Asimismo, Díaz ha dejado claro que "no se puede justificar la degradación del trabajo juvenil, ni expresamente, ni indirectamente, ni implícitamente en becas o figuras similares".

Para la titular del Ministerio, la formación para el empleo debe ser adecuada a las necesidades reales de las empresas, por ello, tiene el compromiso de reforzar los contratos formativos, al tiempo que defiende que las políticas de empleo juvenil deben ser eficaces.

La ministra piensa que el informe del CES constituye "una aportación fundamental". "El empleo es dinero, pero también es futuro, posibilidades de vida. Y las personas jóvenes no son sujetos menores en el desarrollo de su trabajo, sino que tienen derecho a una carrera profesional estable y digna", ha añadido.

De su lado, el presidente del CES en funciones, Pedro Fernández Alén, ha pedido usar los fondos de recuperación para evitar que haya un "boom" de jóvenes parados de larga duración en España.

En concreto, en su informe, el CES aboga por destinar parte de las ayudas comunitarias a incentivar la contratación indefinida de menores de 25 años y blindar el 'Plan de Choque por el Empleo Joven', a la vista de que la dotación presupuestaria prevista para el periodo 2019-2021 puede quedar comprometida como consecuencia de la crisis sanitaria.

Así, también apuesta por estrechar las relaciones entre el ámbito formativo y laboral y por satisfacer desde los planes educativos las necesidades reales de las empresas. De hecho, propone que se revisen los mecanismos de mejora en el ajuste entre la oferta y la demanda.

"España corre un riesgo de perder una generación de jóvenes 'ni, ni, ni', una generación que ni tiene trabajo, ni lo busca ni lo quiere", ha resaltado Alén, que cree que los menores de 25 años serán "las principales víctimas de la crisis económica".

De hecho, ha dejado claro que el país debe reforzar a sus jóvenes frente al paro, "porque lo que no se invierta hoy en abrir las puertas del mercado laboral a menores de 25 años, se gastará mañana en partidas para el desempleo y subsidios".

Según el CES, es necesario que se usen las ayudas del Plan de Resiliencia para incentivar la contratación indefinida entre los jóvenes menores de 25 años, para reforzar y transformar la garantía juvenil y hacerla permanente en vez de coyuntural, pero también para blindar el Plan de Empleo Joven.

En su informe, el organismo pide dedicar más esfuerzos a adecuar el sistema educativo y de aprendizaje al nuevo entorno digital y tecnológico y recomienda medidas tanto para reducir el abandono escolar temprano como para frenar el descenso del número de universitarios y aumentar la proporción de graduados en carreras científicas.

Además, formula una serie de propuestas para favorecer una inserción laboral temprana, entre las que destacan la necesidad de contar con instrumentos que faciliten la experiencia práctica en el puesto de trabajo y favorezcan la inserción laboral inicial o superar el papel marginal que tienen actualmente el contrato para la formación y el aprendizaje y el contrato en prácticas, entre otras medidas.