La pelea por los 2.300 millonesde euros de la formación profesional para el empleo entre el Ministerio deEducación y el de Trabajo sigue generando problemas. El Gobierno de PedroSánchez quiere retirar esta competencia a Trabajo, cartera asumida por unaministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, y pasársela a su exportavoz y actualministra de Educación, Isabel Celaá. Este cambio exige desmontar la normativaactual y volver a levantarla para el traspaso de las competencias, pero latarea no será sencilla, ya que cuenta con la oposición frontal de los sindicatos,tal y como recoge El Confidencial en esta información que reproducimosíntegramente.

Esta pelea puede acabarprovocando una paralización de la formación profesional para el empleo, estoes, los cursos para trabajadores que se financian con las cuotas de empleadoresy empleados a la Seguridad Social. Esto ocurre en un momento especialmentedelicado, ya que la digitalización obliga a un reciclaje permanente de lostrabajadores y la alta tasa de paro hace necesario formar a los desempleadospara que puedan encontrar un empleo.

En 2019 se superó por primera vezlos 600.000 ocupados que tienen el puesto de trabajo en otra provincia de laque viven, la cifra más alta nunca registrada y equivalente al 3,2% de todoslos ocupados

El Ministerio de Educación haplanteado la derogación de la Ley 30/2015 y del Real Decreto-ley 4/2015 en undocumento interno que contempla el traspaso de competencias, fondos y personaldel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) al propio ministerio. ElMinisterio remitió el documento a los responsables del SEPE, organismo bajo elcontrol de Trabajo, y que terminó en manos de los agentes sociales, magnificandola polémica.

Para hacer este cambio decompetencias, es necesario derogar estas dos normas, que conforman el esqueletonormativo de la formación en el empleo. Ambas leyes salieron adelante conacuerdo político y social y sirvieron para recuperar la formación profesional,que había quedado muy dañada por el caso de corrupción de Andalucía.

Esta reestructuración decompetencias amenaza con generar un foco de conflicto con los agentes socialesque no existe a día de hoy. Si bien es cierto que tanto la patronal como lossindicatos consideran que son necesarios algunos retoques en la norma, nadieduda de que es más fácil alcanzar acuerdos puntuales que volver a levantar laformación profesional desde cero. La negociación social y política no seríasencilla y generaría un riesgo evidente de bloqueo de los 2.300 millones derecaudación de las cuotas.

Si el Gobierno ejecuta el cambiode competencias derogando la normativa actual y no es capaz de sacar adelanteuna nueva ley orgánica, entonces se produciría un vacío normativo quebloquearía por completo la formación en el empleo, alertan fuentes sindicales.De ahí que la preocupación entre los agentes sociales sea máxima. La formaciónprofesional para el empleo se financia con las cuotas a la Seguridad Social yes un derecho de los trabajadores recogido incluso en la Constitución.Cualquier error de cálculo podría bloquear el uso de estos fondos por generarun vacío legal y entonces los problemas se multiplicarían.

El proyecto de la moneda comúnarrastra errores de diseño que han impedido aprovechar su potencial. En 20 añosno se han logrado avances en la convergencia y tampoco en el crecimiento

Todo este problema es elresultado de la pelea en el seno del Gobierno por los 2.300 millones de eurosde recaudación con cuotas. Se ha generado una polémica donde nunca la hubo, yaque el Ministerio de Trabajo siempre ha tenido el control de esta política,porque no tiene nada que ver con la educación sino con el empleo y la formacióncontinua de los trabajadores.

Los sindicatos confían en cambiarla opinión del Gobierno, para lo cual han solicitado una reunión con elsecretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, para tratar este cambio decompetencias, encuentro que todavía no está agendado. Su objetivo es hacer unfrente común para convencer a Moncloa y mantener esta política en el Ministeriode Trabajo. La patronal comparte la opinión de los sindicatos, ya que consideraque este tipo de formación no tiene nada que ver con la educación reglada, sinoque son competencias que necesitan los trabajadores y las empresas.

La negociación tripartita sobreel reparto de los fondos de la formación profesional se realiza en el diálogosocial en el que participa el Ministerio de Trabajo. Esta relación está yaengrasada y en los últimos años ha funcionado para alcanzar acuerdos. De ahíque se haya multiplicado la preocupación ahora que puede desaparecer de laecuación Trabajo y entrar Educación. Significaría poner en riesgo un sistemaque funciona por otro que tiene que construirse desde cero, señalan fuentessindicales, de modo que se asumiría un riesgo innecesario.