La norma facilita que los trabajadores obtengan certificaciones académicas por el trabajo que saben hacer, que se sigan formando y que haya intercambios con la universidad.

La ley de FP (Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional) pasó ayer uno de sus últimos trámites antes de ser llevada al Pleno del Congreso para su aprobación inicial. Esta teóricamente será refrendada por PP y PSOE, y los socios del Gobierno en lo que supone un caso singular en la legislación educativa española.

Esta norma unifica las competencias que hasta ahora se repartían entre Educación (formación inicial) y Trabajo (formación continua) y este punto, que puede parecer menor y burocrático, es el eje central de la norma. Porque generalizará el regreso de los trabajadores a los institutos para formarse, y es que un país de Europa no puede permitirse tener empleados que no se reciclen, que no tengan certificadas sus competencias y que no se actualicen. Todo eso es educación.

Uno de los puntos más interesantes de la estrategia es que facilitará las certificaciones, que ya no se acotan en plazos temporales determinados, se pueden solicitar en cualquier momento. Por ejemplo, un trabajador que lleva diez años en un puesto de trabajo demuestra sus conocimientos ante un tribunal académico y recibe una cualificación. Esta puede ser de tipo A (parcial), B (un módulo o asignatura de un ciclo de FP) o C (varios módulos o incluso un ciclo). Esto vale también para un trabajador que haya acudido a un curso en su empresa, por ejemplo, para aprender a manejar una máquina determinado (un proceso en concreto) y que pueda conseguir el aprobado de una asignatura o parte de ella. ¿Qué ventaja tiene esto? Por una parte, que tendrá documentada su habilidad, pero lo que es más importante, ha entrado en el instituto y es más fácil que se anime a matricularse en otro módulo (a distancia o con otros adultos....) y poco a poco concluir su titulación. Eso le permitirá cambiar de empleo, mejorar en el suyo o incluso montar su propio negocio.

Precisamente, ayer se celebró la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo, y la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, anunció que se había aprobado la distribución de 87,7 millones de euros a las comunidades autónomas para la cualificación y recualificación de la población activa. Y es que el proceso de cualificación implica mucho trabajo para los profesores, y se paga aparte.

En paralelo, se potencian los ciclos medio y superior de FP, las enseñanzas más clásicas, y no solo en su versión diurna y ordinaria, sino para adultos, nocturna o a distancia. Y como complemento, los cursos de especialización (se les llama máster) tras los ciclos superiores (por ahora), la élite de la FP.

Los ciclos tradicionales, de grado medio o superior, tendrán una mayor carga práctica en las empresas. Al menos el 25% del tiempo de aprendizaje debe ser en la empresa, y esto puede llegar al 45%. En Galicia es hoy del 20%, y dobla al tiempo exigido a nivel estatal. En el caso de que sea dual, con la nueva ley puede llegar al 50%. Además, las empresas tienen voz y voto a la hora de poner la nota al alumno.

Aparece también otra figura interesante, el reconocimiento mutuo de créditos con la universidad. No solo se convalidarán materias de FP en las carreras (ya ocurre) sino al revés. El objetivo es que todos los trabajadores acaben pasando con el tiempo por la FP para completar y actualizar su formación.

CINCO NIVELES: De la A a la E. El nivel A son cursillos puntuales que dan pie a una acreditación parcial de competencia. La B, sacarse un módulo (asignatura). La C, un certificado profesional (por años de experiencia en el trabajo). El D abarca los ciclos formativos y el E, los «másteres».