El órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral insta a integrar la Formación Profesional en un sistema único, algo que «dista mucho de conseguirse».

La Formación Profesional Dual representa en España solo el 3% del total del peso que tiene este tipo de estudios frente al 60% que representa en los países centroeuropeos. Son datos que demuestran que este tipo de formación académica –combina formación con trabajo en la empresa– no goza en España todavía del prestigio que sí tiene en países como Alemania, Francia, Holanda y Suiza, con una tradición centenaria y un tiempo de cualificación sustancialmente mayor.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, instó hace unos días al consenso de la comunidad educativa y de los interlocutores sociales para que la futura ley orgánica de formación profesional (FP) salga adelante. Este anteproyecto, que fue aprobado el pasado junio por el Consejo de Ministros, consolida un sistema único de FP que integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo –lo que sería la Formación Profesional Dual– en un solo modelo flexible dirigido tanto a estudiantes como a empleados o desempleados.

En un encuentro sobre La Formación Profesional: Herramienta de transformación de la sociedad del futuro, dirigido por los consejeros del CES Javier Ferrer Dufol y Juan Antonio Pedreño Frutos, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, el presidente de este órgano consultivo, Antón Costas, señaló que la reforma de la FP es la «medida más efectiva para emparejar demanda y oferta de empleo, eliminando los desajustes actuales y reduciendo el paro, especialmente entre los jóvenes». Y es que según datos de la EPA que publica el INE, la tasa de paro juvenil desciende de forma pronunciada entre los titulados de FP de grado medio (7,56%) y superior (6,91%).

Se estima que de aquí a cinco años el 50% de las ofertas de empleo requerirán de titulados de FP, cuando ahora ese porcentaje es del 40%. «Se abren grandes oportunidades y hay que explicar a la sociedad que las empresas van a necesitar trabajadores con Formación Profesional para cubrir sus necesidades, explicó Juan Antonio Pedreño, consejero del CES. Con una tasa de paro juvenil del 40%, faltan profesionales cualificados y «un elevado porcentaje de ellos se colocaría si tuviera una FP», añadió Javier Ferrer. «Actualmente el 46% de la población activa carece de acreditación profesional, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, lo que dificulta su acceso a mejores empleos y mejores condiciones laborales, y la FP tiene que convertirse en una herramienta fundamental en la transformación económica. ¿Por qué los jóvenes prefieren estar parados a contar con este tipo de estudios?», se preguntó Ferrer. En la Formación Profesional todavía quedan muchos estigmas por superar, como considerarla la alternativa de los malos estudiantes. «Lo deseable sería que la gente se sintiera satisfecha por tener un título de FP. Tenemos un paro juvenil 33 puntos por encima de Europa y hay que intentar solucionarlo cualificando a todos los desempleados jóvenes», remarcó Pedreño.

Acumulable

El Anteproyecto de Ley establece un nuevo ordenamiento de la Formación Profesional en el que toda la formación es acreditable, acumulable y capitalizable para cualquier persona a lo largo de su vida laboral. El texto dota además a este tipo de estudios de la capacidad de adaptación y del dinamismo necesarios para que el nuevo sistema sea clave en la recuperación y la transición hacia economías más verdes y digitales, como recordó la ministra Alegría esta misma semana en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo. Javier Ferrer, lamentó que la «orientación profesional en los institutos no funcione. Hay que llamar a los jóvenes y conocer sus intereses y orientarles sobre qué profesiones seguir, cuánto pueden cobrar, etc. Una labor que no solo se tiene que desempeñar desde la escuela, sino también desde las organizaciones privadas, las empresarios o las organizaciones sindicales».

El CES, que es el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ratificó el pasado viernes el Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la FP. El Consejo afirmó que la reforma requiere consensos amplios en el marco del diálogo social y en el plano político parlamentario para lograr un efectivo desarrollo reglamentario y garantizar una suficiente financiación del sistema: objetivos que van más allá de los tiempos políticos.

En cuanto a la integración de la FP en un sistema único, el CES piensa que se trata de un objetivo tan ambicioso y complejo como necesario, que dista aún de conseguirse con la actual redacción del Anteproyecto. Y puntualiza que esta cuestión central es uno de los elementos clave de debate que se está abordando actualmente en la Mesa de Diálogo Social, pudiendo dar lugar a una modificación sustancial de las previsiones contenidas en el texto. Por otro lado, plantea un sistema nacional coordinado de prospección de las necesidades que demandan las empresas y otros entornos productivos, y su articulación con las ofertas de formación, las cuales requieren, a su vez, de mecanismos de actualización curricular ágiles.