Trabajo ultima un real decreto que contempla incentivos a mecanismos de segunda oportunidad para trabajadores por cuenta propia cuyos proyectos profesionales se hayan frustrado por la pandemia.
El Ministerio de Trabajo está preparando un real decreto en el que contempla un paquete de medidas dirigidas a la denominada 'generación millenial', personas de entre 30 y 40 años que han visto lastradas sus carreras laborales por dos sucesivas crisis, primero la Gran Recesión de 2008 y ahora la pandemia mundial de la Covid-19. El borrador, al que ha tenido acceso La Información, incluye un plan "de rescate" para trabajadores autónomos cuyos proyectos empresariales se hayan visto frustrados por la pandemia. Todo ello en el marco de la Estrategia Española de Apoyo Activo por el Empleo 2021-2024, que analiza las tendencias del mercado de trabajo y fija una serie de objetivos estratégicos a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo y a financiar, en parte, con los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU).
Los millenials van a ser un colectivo prioritario en esta estrategia. Se trata de un grupo que, para el Ministerio, debería formar parte de la "espina dorsal" de la estructura productiva, pero por circunstancias económicas "totalmente ajenas a su responsabilidad", sufren carreras profesionales precarias. No en vano, el periodo de recuperación del empleo previo al mes de marzo de 2020 permitió que personas que habían atravesado problemas de inserción laboral a causa de la crisis de 2008 pudieran emplearse o iniciar proyectos profesionales, pero su vinculación con el mercado de trabajo ha sido más endeble que la que correspondería a esta cohorte generacional. Ahora, la pandemia les ha afectado de forma desproporcionada a causa de ese desarrollo profesional precario, por lo que Trabajo va a poner en marcha un plan diseñado para sus necesidades específicas.El Ministerio considera necesario un plan de choque que fortalezca las carreras profesionales de este colectivo y les procure una sólida vinculación con el mercado de trabajo y para ello se va a centrar en dos ejes de actuaciones, tal y como consta en el borrador del real decreto que se está trabajando en el ámbito del diálogo social. Por un lado, en relación con el empleo por cuenta ajena, se apuesta por la incentivación de los contratos indefinidos dirigidos a personas desempleadas y por la conversión de contratos temporales, todo ello vinculado a procesos de mejora de la empleabilidad, mediante acciones de formación específicas para el empleo que otorguen prioridad a esta cohorte generacional.
Y por otro lado, en relación con el empleo por cuenta propia, el plan desarrollado en el documento apuesta por la incentivación de mecanismos de segunda oportunidad de aquellas personas cuyos proyectos profesionales se hayan frustrado como consecuencia directa o indirecta de la crisis de la Covid. En este contexto, se refiere directamente a una ayuda "de rescate" a proyectos empresariales en peligro por las mismas circunstancias derivadas de la pandemia. Además, de manera excepcional, como una de las claves de esta estrategia señala la atención a nuevos proyectos especialmente solventes o promisorios de personas sin experiencia previa de autoempleo.
A falta de que este plan estratégico se concrete en un real decreto –se encuentra en proceso de consulta pública y se está negociando con la patronal y los sindicatos, que aún tienen que hacer sus aportaciones- el rescate que plantea el Ministerio de Trabajo, junto con las ayudas directas prometidas por la vicepresidencia de Asuntos Económicos, serán clave para el sector de los autónomos, uno de los más afectados por la crisis sanitaria. La junta directiva de ATA reclamaba esta semana las ayudas "de manera inmediata", porque "más del 90% de los autónomos y empresas eran viables a mediados de marzo de 2020 y sin embargo, las dificultades que hoy sufren muchos sectores de autónomos y empresas, no son por culpa de su gestión o sus decisiones empresariales. Las restricciones, los cierres, las limitaciones, las han decretado las distintas administraciones y no se ha puesto en marcha ninguna indemnización, ninguna compensación real".
En esta línea se han pronunciado organismos como el Banco de España, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, tras constatar que las ayudas puestas en marcha para amortiguar los efectos de la crisis sobre la liquidez de los negocios, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) no son suficientes para evitar una avalancha de insolvencias que llegará más pronto que tarde. El BdE ha calculado que una de cada cinco empresas está en riesgo de quiebra y, más allá, en línea con lo planteado por el Ministerio de Trabajo en este borrador, ha propuesto impulsar la Ley de Segunda Oportunidad para garantizar el futuro de empresas que son viables, aunque en estos momentos estén altamente endeudadas. "Es importante liquidar de forma eficaz los negocios que ven frustrada su viabilidad económica aún habiendo eliminado sus cuentas pendientes", recomendaba recientemente el gobernador Pablo Hernández de Cos.
La ley de segunda oportunidad supone un salvavidas para los autónomos cuyos negocios han fracasado como consecuencia del endeudamiento que ha supuesto la crisis sanitaria y desean continuar con su actividad o volver a emprender en otra, pero sin lastre económico. Sin embargo, no siempre acaba ofreciendo esa posibilidad porque, aun cuando la empresa presenta un concurso de acreedores y logra liberarse de sus deudas, sus probabilidades de reinserción en el mercado laboral son escasas. Por este motivo, el gobernador ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de modificar la Ley Concursal y establecer "procedimientos administrativos ágiles y simplificados, que mejoren la eficiencia de los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera". A su juicio, el problema es que los concursos se utilizan poco, porque son procedimientos largos y costosos que suelen terminar en liquidación.
Los datos sobre la evolución de los autónomos conocidos hasta ahora son demoledores y especialmente dolorosos en los colectivos más jóvenes. Uno de cada cinco emprendedores no logró sobrevivir al envite de la primera ola de la pandemia de coronavirus. En concreto, según revela un estudio experimental sobre demografía empresarial desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 20,7% de los autónomos menores de 30 años causaron baja en los nueve primeros meses de 2020, antes de que volvieran a repuntar los contagios de Covid tras la relajación del verano. Estas cifras reflejan cómo, en medio de una destrucción masiva de tejido productivo y empleo, la crisis se ha cebado con una mayor dureza sobre este colectivo, frente a los trabajadores por cuenta propia más maduros. Todo ello, pese al escudo de protección desplegado por el Gobierno, que incluye prestaciones por cese de actividad para este colectivo y otras ayudas como los ERTE y los ICO que, a la vista de los datos, se han quedado cortas.