El Ministerio de Trabajo prepara una Orden para facilitar la participación de los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo en actividades formativas y mejorar su empleabilidad.

Yolanda Díaz tiene un plan para tratar de evitar que los cerca de 600.000 trabajadores que continúan afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -y los que puedan sumarse como consecuencia de las nuevas restricciones en esta segunda ola de la pandemia- se acaben convirtiendo en zombis del mercado laboral. El Ministerio de Trabajo y Economía Social está ultimando una orden para flexibilizar la normativa que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y eliminar las trabas que, a día de hoy, están dificultando el acceso de este colectivo particularmente dañado por la crisis a acciones formativas que permitan aumentar su polivalencia e incrementar su empleabilidad en un mercado de trabajo en el que no habrá sitio para todos tras la Covid.

A través de una orden ministerial, Trabajo va a desarrollar la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que establece que los trabajadores que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como consecuencia de un ERTE tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El problema es que la normativa actual "no siempre contempla la posibilidad de participación de estas personas trabajadoras en las distintas iniciativas, o establece límites a dicha participación, lo que puede dificultar o impedir el acceso a las acciones formativas a un colectivo que especialmente requiere de las mismas", indica el Ministerio en el proyecto de orden.

"Ello se está poniendo particularmente de manifiesto por el notable incremento de empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la incidencia sanitaria y social del Covid-19 y contemplados en las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar sus efectos, con el consiguiente incremento de las personas trabajadoras en situación de suspensión de sus contratos o reducción de jornada", añade el borrador de la orden, fechado a 19 de octubre. Por ello, el Gobierno considera necesario flexibilizar la regulación de las distintas iniciativas de formación, tanto respecto de la oferta formativa de las Administraciones Públicas para trabajadores ocupados y desempleados, como respecto de la formación programada por las empresas para sus trabajadores, para permitir y fomentar la participación en las mismas de los trabajadores en ERTE.

Con este objetivo, se modificará la Ley para dejar negro sobre blanco que los afectados por ERTE pueden participar tanto en la formación programada por las propias empresas como en la oferta formativa para trabajadores ocupados, pudiendo incorporarse a cualquier programa de formación, con independencia del tipo y ámbito sectorial del mismo. En este caso, la orden especifica que estos trabajadores no tendrán la consideración de parados a los efectos del límite de participación al mantener vigente, aunque suspendida, su relación laboral con la empresa; y asimismo, podrán participar de la oferta formativa para trabajadores desempleados sin computar como ocupados a efectos de los límites de participación establecidos. Este colectivo tendrá, en cualquier caso, la consideración de prioritario para el acceso a las iniciativas de formación.

El Ejecutivo, por orden del departamento que dirige Yolanda Díaz, busca así que los casi 600.000 trabajadores que seguían en ERTE a finales de octubre, según los datos oficiales, y las decenas de miles que puedan verse afectados en estas semanas y en los próximos meses con motivo de las nuevas restricciones, puedan recolocarse en el mercado laboral, mejorando sus aptitudes para evitar que los ERTE se conviertan en una suerte de subvención al empleo zombi. Entre los objetivos del Gobierno está rebajar al máximo la factura que van a suponer las prestaciones y las exoneraciones de cotizaciones sociales, que rozará los 19.000 millones de euros, y eso teniendo en cuenta que solo se prolonguen hasta el 31 de enero de 2021, según el Proyecto de Presupuestos. Hay que evitar el derroche de recursos públicos y esta es, según fuentes gubernamentales, una de las vías clave.

Tanto la patronal como los sindicatos han trasladado al Gobierno la necesidad de desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen tras la crisis y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellas actividades afectadas por un proceso de reconversión o transformación acelerado por la Covid. A nadie se le escapa que las actividades relacionadas con sectores como el turístico van a ver muy limitada su capacidad de generar empleo, incluso una vez superada la pandemia, por eso se busca una salida digna para estos trabajadores, que, según advierten los expertos, cada día que pasan con el contrato en suspenso ven más mermadas sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral.

Analistas y economistas de todos los ámbitos coinciden en afirmar que los ERTE han sido una figura útil para amortiguar el impacto inicial de la crisis del coronavirus en el empleo, pero llegada la segunda ola de restricciones para frenar los contagios existe el riesgo de que las empresas no tengan más remedio que optar por ajustes más fuertes de sus plantillas para poder seguir a flote. Ante esta circunstancia, el propio Banco de España ha apostado por compaginar los ERTE con trabajos en otros sectores o empresas para no retrasar la vuelta al mercado laboral de los empleados de las actividades más afectadas por la crisis, como la hostelería o el comercio. E igualmente el supervisor ha considerado conveniente impulsar la formación en estos casos, donde se ha demostrado que la movilidad potencial es escasa, debido en parte a la limitada intensidad de uso en estos sectores de las tareas asociadas, por ejemplo, a las nuevas tecnologías.

Para hacerse una idea del futuro que puede acechar a este colectivo, solo hay que recordar que en la crisis de 2008 los más perjudicados fueron los trabajadores del sector de la construcción y que en 2013 más de la mitad de los que se quedaron sin empleo permanecían desocupados y apenas un 23% había conseguido trabajo en otra rama de actividad. Para evitar que los trabajadores en ERTE se enquisten y el mercado laboral se zombifique a la par que el tejido empresarial, el Ejecutivo va a poner en marcha estos retoques en la normativa que regula la formación profesional para salvar el máximo de empleos posible. Todo ello, en paralelo al despliegue de una red de seguridad sin precedentes para amortiguar la avalancha de despidos que se espera para los próximos meses.