El subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura, la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, y la abogada del Estado, María Ocaña, se han reunido este viernes con representantes de CEOE, Cepyme y UGT en la sede del Ministerio de Educación. En el encuentro, han analizado los posibles pasos a seguir tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de anular el Real Decreto 1027/2022 que regula una subvención directa a estas entidades para la formación en digitalización de trabajadores.

Cabe recordar que, aunque la sentencia no anula las resoluciones que asignan ayudas por un valor de 30,6 millones de euros a estas organizaciones para formar a 125.000 personas, todos los implicados apoyaron la propuesta del Ministerio de solicitar la opinión de la Abogacía General del Estado con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las decisiones a adoptar.

Tras valorar las posibles opciones, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado su intención de realizar una revisión de oficio. De esta forma, las organizaciones deberán continuar con la realización de la formación hasta el momento en el que el MEFPD les traslade formalmente el acuerdo de inicio del procedimiento de dicha revisión, que fijará la fecha de suspensión de esta iniciativa.

La medida no supondrá perjuicio alguno para las personas en formación, hasta que no arranque este procedimiento, ya que podrán finalizarla y certificarla con normalidad. El Ministerio procederá a la compensación económica de todos los gastos derivados de esta iniciativa formativa y asumidos por las organizaciones participantes.

Con esta decisión, el MEFPD persigue apostar por la vía más garantista para todas las partes implicadas. “Queremos poner en valor el trabajo que han venido realizando las tres organizaciones implicadas desde la confianza legítima. Somos muy conscientes de que han puesto todos los medios a su alcance para desarrollar un programa muy complejo. Confiamos en seguir contando con su apoyo para acometer los proyectos de colaboración público-privada que el país necesita”, ha destacado Sanz.

La formación en cuestión se refiere a una oferta modular de alrededor de 30 horas de duración dirigida a empleados y desempleados, acreditada por el Ministerio y acumulable en el sistema de Formación Profesional.

Esta actuación se enmarca en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para dinamizar la digitalización de los sectores productivos. Se trata de una prioridad de país de gran complejidad por su dimensión, ya que requiere de agentes con la capilaridad suficiente como para alcanzar un gran número de trabajadores de todos los sectores productivos.

Fuente: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.