La Junta de Castilla y León va a seguir adelante con las numerosas convocatorias de empleo público que tenía previsto realizar en 2020 y en las que están en juego más de 2.000 plazas, tal y como recoge en esta información La Gaceta de Salamanca. A pesar de que hace unas semanas dudaba sobre la conveniencia o no de iniciar los procedimientos o continuar con ellos, sobre todo en los que espera una mayor presencia de opositores, la positiva evolución en términos generales de la pandemia en Castilla y León ha dado argumentos a la Consejería de Presidencia para retomarlos. Una decisión de la que están pendientes miles de personas enSalamanca y en toda la Comunidad. La decisión se suma a la adoptada por la Consejería de Sanidad, que reanudó a principios de junio las decenas de procedimientos selectivos que tenía en marcha cuando se declaró el estado de alarma. Las únicas oposiciones organizadas por el Gobierno regional que no han podido efectuarse este año son las de Secundaria, FP y otras Enseñanzas Mediasde Educación, aunque en este caso debido a la necesidad de que debían celebrarse a principios del verano.
El Real Decreto que estableció el estado de alarma en el país a mitad de marzo incluía una disposición —la adicional tercera concretamente— que fijaba la suspensión de los plazos administrativos en todo el sector público, circunstancia que se mantendría encaso de que hubiera prórrogas, como finalmente ocurrió. Un hecho que dejó“colgados” a miles de salmantinos que habían empezado a preparar las oposiciones, ya que la medida implicaba también la paralización de este tipo de procedimientos, decenas de ellos que estaban en marcha o que iban a convocarse próximamente.
La suspensión de los plazos administrativos se levantó el 1 de junio, por la mejoría de la situación sanitaria, una decisión que puso encima de la mesa de las administraciones qué hacer con las convocatorias de empleo público. Las que estaban en curso y que había interrumpido el estado de alarma se retomaron en su mayoría, como ha ocurrido con los 41 procedimientos que tenía abiertos la Consejería de Sanidad en especialidades sanitarias. Sin embargo, las que generaban más dudas a la Junta eran las que aún estaban por convocar. La previsión del Gobierno regional para 2020 era celebrar las oposiciones de 71 grupos o escalas de funcionarios y personal laboral en la administración general, una de las más cuantiosas de los últimos años.
La inquietud de la Consejería de Presidencia residía sobre todo en qué hacer con las que en teoría iban a serlas más concurridas, como las de auxiliar administrativo o personal de servicios, en las que hay más de 350 plazas en juego y que suelen reunir a miles de personas en las pruebas. Organizar unos actos de tal calado exige un gran esfuerzo, además de suponer un riesgo de posibles contagios. Las dudas finalmente se han disipado y la Junta confirma que retoma todos los procesos que tenía previsto, incluidos los de mayor participación. Por lo tanto, los aspirantes podrán optar a 20137 plazas, de las que 1.162 son para funcionarios de diferentes especialidades, más otras 975 de personal laboral.
La medida representa un alivio para las personas que estaban pendientes de la convocatoria. Eso sí, la puesta en marcha no será inmediata. La aprobación de los diferentes procesos y la tramitación existente hasta la celebración de las pruebas requieren tiempo, por lo que en el mejor de los casos los exámenes no tendrán lugar hasta finales de este año o principios del que viene, lo que permitirá evaluar la situación dela pandemia.
La celebración de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, hace unos días ha puesto de manifiesto que es posible realizar con seguridad este tipo de exámenes con una gran asistencia de personas. Un buen ensayo para las oposiciones más concurridas, aunque algunas requerirán la utilización de muchas más sedes. No obstante, la evolución de la pandemia marcará si se dan o no los requisitos mínimos para poderse celebrar.
En caso de que la pandemia empeore y obligue a paralizar los procedimientos selectivos, ahora la Junta y el resto de administraciones públicas tienen la seguridad de que no se perderán plazas. Hay que recordar que una parte de las que se iban a poner en juego este año corresponden a los procesos de estabilización de empleo temporal de los ejercicios 2017 y 2018 y que vencían en 2020. Por lo tanto cualquier aplazamiento suponía la pérdida de esas plazas. El Gobierno había garantizado al resto de administraciones que esos puestos no se iban a perder. Sin embargo,no ha sido hasta finales de junio cuando aprobó la norma que da seguridad a los organismos públicos y que también supone un alivio para los opositores, que podrán optar a la totalidad de las plazas previstas pese a que la oposición se haya aplazado o aplace a 2021.