El I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo, derivado de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 22 de noviembre de 2019, establece como uno de sus ejes estratégicos la ampliación de la oferta de FP, al tiempo que se pone el acento en la flexibilización de la formación para hacerla accesible a toda la población, en cualquier momento, bajo la concepción de la Formación Profesional como una oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Por su parte, el Plan Nacional de Capacidades Digitales tiene como objetivo establecer los medios para que toda la población española adquiera aquellas capacidades digitales que les permitan interactuar como usuarios independientes con entidades financieras, administraciones, organismos y otras entidades, así como abrir oportunidades para complementar en los sistemas educativo y formativo dichas capacidades como instrumento ordinario de trabajo. Procede, por tanto, dar viabilidad a lo previsto en el Plan Nacional de Capacidades Digitales a través de la creación de una Red de Centros de Capacitación Digital, en tanto que iniciativa conjunta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del Ministerio de Educación y Formación Profesional que, en colaboración con las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras entidades.
El presente acuerdo se limita a las acciones a desarrollar con las Comunidades Autónomas. La creación de una Red de Centros / Aulas de Capacitación Digital se entiende como una medida para acercar la oferta formativa a toda la ciudadanía a través de aquellos centros que permitan, por su cercanía y facilidad de acceso, hacer una oferta atractiva de capacitación digital, con especial atención a los sectores de población más vulnerable. La Red de Centros de Capacitación Digital (Aulas) permitirá a la ciudadanía formarse en competencias digitales transversales necesarias para desenvolverse de forma cotidiana en una sociedad cada vez más digitalizada, en la que servicios esenciales, tales como la banca, el acceso a las administraciones públicas o el consumo se hace de forma telemática, excluyendo de facto a un sector de la población que, bien por su edad, por su bajo nivel de formación, o por su vulnerabilidad, carecen de las competencias digitales necesarias, situándolos en clara inferioridad respecto de la población general y empeorando de forma significativa su calidad de vida. Esos centros van a ofrecer, oportunidades de formación con independencia del lugar de residencia o formación previa de las personas y facilitando, por tanto, un acceso a una formación generalizado compatible con las obligaciones de la ciudadanía derivadas de distintas condiciones personales, laborales o sociales.
El público diana de carácter preferencial serán las personas mayores de 55 años con un nivel bajo de cualificación, atendiendo especialmente a la brecha de género, que en este rango de edad está muy pronunciada. No obstante, las acciones formativas que se lleven a cabo en estos centros podrán alcanzar a otros colectivos de población general, siempre que se encuentren fuera del sistema educativo y formativo, y que puedan mejorar su calidad de vida a través de la adquisición de unas competencias digitales básicas.
Para el ejercicio presupuestario 2022, el compromiso de las Comunidades Autónomas es crear 1.050 centros para capacitar a un número estimado 53.743 personas, con un presupuesto de 29.505.000 euros.