Ser funcionario es el trabajo estrella para la gran mayoría de los españoles. La seguridad que ofrece un empleo público en el actual escenario de incertidumbre económica seduce a seis de cada diez personas de entre 18 y 55 años, que prefieren convertirse en funcionarios a tener un contrato fijo en una empresa o levantar su propio negocios.
Este deseo podrá hacerse realidad este año para decenas de miles de españoles ante la avalancha de oposiciones que se avecinan en los próximos meses por todo el territorio nacional. Única. Histórica. Y que, sin embargo y al contrario de lo que pueda pensarse, no implicará un exceso de empleados públicos, sino que servirá para paliar los años de atasco en el acceso a un puesto en la Administración Pública y comenzar a hacer frente a una oleada de jubilaciones que están a la vuelta de la esquina.
Se podrá optar a plazas para todo tipo de perfiles. Médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos, diplomáticos, científicos, investigadores, bibliotecarios, inspectores de Hacienda y de Trabajo, profesores (de Primaria, Secundaria y universitarios), veterinarios, administrativos (donde se aglutinan la mayoría de vacantes), informáticos, interventores, letrados, vigilantes, auditores, contables, estadísticos, agentes del medio ambiente. Incluso hasta astrónomos, meteorólogos, farmacéuticos, oficiales de la Armada o traductores e intérpretes tienen un puesto libre para funcionario del Estado que ya se ha convocado de manera oficial y podrá materializarse próximamente.
El abanico de opciones para trabajar dentro de la Administración Pública es infinita y muchas veces desconocida. «Hay un desconocimiento espectacular de las oposiciones que hay en España», se lamenta Nadia Quintela, responsable de Comunicación y Marketing del Centro Estudio Oposiciones. Además, se da también la circunstancia —incluso de forma habitual y recurrente— de que no se cubren todas las ofertas, como las de ingenieros, agrónomos, informáticos, bibliotecarios, arqueólogos, inspectores o sanitarios.
En estos momentos existen más de 21.000 plazas para nuevos funcionarios del Estado convocadas y pendientes de realizar las pruebas para puestos que corresponden a ofertas de empleo de los años 2020, 2021 y 2022, según un detallado listado elaborado por el departamento dirigido por María Jesús Montero. Pero no están, ni mucho menos, todas las que son.
Hay que sumar además las más de 9.000 plazas que se convocaron a finales del año pasado para el Ministerio de Justicia, que también comprenden las ofertas acumuladas en los últimos tres ejercicios, así como los 7.757 puestos para funcionarios de Correos para los que se han presentado ya más de 84.000 personas, que pelearán por uno de esos miles de empleos fijos el próximo 7 de mayo.
Comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos también han sacado ya miles de convocatorias para cubrir sus vacantes, entre las que destacan las de educación y sanidad, competencias que están transferidas a los gobiernos regionales.
Del mismo modo, no sólo existen estos cerca de 40.000 puestos para nuevos funcionarios, sino que los empleados públicos actuales también pueden optar a un ascenso a través de las más de 16.000 plazas que van destinadas a la promoción interna. Un ‘boom’ en toda regla, con más de 54.000 oposiciones convocadas en estos momentos (y serían muchas más si se contabilizaran las plazas dependientes de los gobiernos regionales y locales).
Esto se debe a dos motivos principales. En primer lugar, al toque de atención que dio Europa a España para que pusiera fin a la excesiva interinidad de larga duración que arrastra el sistema, puesto que su temporalidad supera actualmente el 30%. Y, en segundo, a que se han acumulado en 2023 las ofertas récord de empleo de los últimos años después del atasco y contención que ha habido durante los tiempos de crisis económica. Además, falta por aprobar la oferta de empleo de este año, que previsiblemente anunciará el Gobierno antes de las próximas elecciones.
Esta avalancha de oposiciones elevará a un nuevo máximo el número de empleados públicos que tiene España. En la actualidad hay más de 3,5 millones —según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2022—, tras haber sumado más de medio millón de trabajadores en los últimos cinco años. Es más, más de la mitad del empleo creado desde la pandemia se debe al Estado, que se ha erigido como el principal empleador. Esto no ocurre en ningún otro país desarrollado: que se generen más puestos en la Administración que en el sector privado.
Pero no, España no tiene exceso de funcionarios. Al menos si se compara con el resto de estados. Es más, se sitúa muy por debajo de la media de la OCDE. Si los estados desarrollados cuentan con casi un 18% de sus trabajadores dedicados a la Administración Pública, España suma un 15,5%, según los últimos datos del año 2019. Incluso son casi la mitad del nivel de funcionarios con que cuentan los países nórdicos. En el lado contrario, Japón ni siquiera llega al 6%.
Además, España es el segundo país que registra un mayor envejecimiento entre sus funcionarios. Hasta el punto de que un 20% tiene más de 60 años. Incluso más del 60% supera la cincuentena, según el último boletín publicado por Función Pública. Así, ni siquiera esta oleada de oposiciones servirá para hacer frente a las decenas de miles de jubilaciones que se avecinan y pueden poner en aprietos a la Administración.
Fuente: Diario de León.