Las empresas españolas fuimos las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI, de entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

En aquel momento ya avanzamos que era necesario hacer compatible esta subida con la supervivencia del tejido empresarial, y por tanto del empleo y el conjunto de los salarios, en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario.

En primer lugar, se trata de ámbitos concretos en los que la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos, que, entre otras cosas, no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivado del salario mínimo.

Hemos insistido en que la Administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público en torno a un 50% desde 2018 sin revisar el precio de dichos contratos.

Esto se traduce en que muchas de ellas se han visto atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas.

Desde el principio, pedimos que los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración se vieran incrementados al compás de los costes –lo que se conoce como indexación—para evitar esta circunstancia o, como está ocurriendo, que muchos contratos públicos empiecen a quedar desiertos ante la incertidumbre generada.

En segundo lugar, cuando la España vaciada y el espacio rural están en el centro del debate, también lamentamos que se haya desatendido nuestra petición de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, que no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI. Por no olvidarnos de cómo están sufriendo los pequeños negocios de barrio, comercios, hostelería, emprendedores que dan empleo, etc.

Los sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo mostraron su conformidad con la indexación de los contratos públicos, que, por otro lado, es parte de nuestras peticiones desde hace muchos años y de los compromisos adquiridos por todas las partes también.

Sin embargo, no ha sido atendida por su supuesto coste para la ciudadanía, mientras asistimos a incrementos del gasto público derivados de acuerdos meramente políticos.

Por otro lado, durante la negociación hemos asistido a un hecho insólito. Se ha tratado de plantear la subida del SMI en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley.

Asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad, que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores.

Porque, tras el crecimiento de la economía o los buenos datos del empleo de este año, en gran parte por los esfuerzos de contratación realizados por las empresas, también vemos que los indicadores de inversión se están deteriorando en un segundo plano por esa falta de confianza que se percibe, siendo la inversión la palanca de la productividad, la actividad, el empleo y las alzas salariales del futuro.

Desde CEOE y CEPYME confiamos ahora en que la subida del SMI pactada no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo.

Fuente: Departamento de Comunicación de CEOE.