Trabajo admite en el nuevo paquete de políticas de empleo que la pandemia obligará a revisar las metas previstas para los jóvenes, como una tasa de desempleo del 23,5% o 2,9 millones de contratos indefinidos.
- Más de 100.000 jóvenes dejan de cotizar a las pensiones tras el mazazo del Covid.
- Airef avisa que retirar ahora incentivos a la contratación generaría más parados.
En diciembre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, un ambicioso paquete de política laboral diseñado por la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el que se pretendía reducir la tasa de paro entre los menores de 25 años en casi diez puntos, hasta situarla en el 23,5% al final del periodo. El objetivo era sacar del desempleo a 168.000 jóvenes de los 528.800 que había en esa situación en el tercer trimestre de 2018. Pero a día de hoy esa cifra apenas ha caído en 18.600 personas, con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), de manera que solo se ha logrado una reducción de poco más del 10% respecto a la meta inicial fijada hace casi dos años.
La crisis del coronavirus ha obligado al Ministerio de Trabajo que ahora dirige Yolanda Díaz a reformular el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, un paquete de políticas de activación para el mercado laboral que se va a presentar en los próximos días y que sirve de hoja de ruta tanto para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como para las diferentes comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales. Un grupo específico se ha encargado de adaptarlo al nuevo contexto tras la irrupción de la Covid-19, modificando los indicadores que permitirán evaluar la eficacia del plan e introduciendo algunos cambios en los objetivos del mencionado Plan de Choque por el Empleo Joven.
En el documento, consensuado con las comunidades autónomas en la LXXVIII conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, el Ministerio de Trabajo admite que "la crisis que estamos atravesando a causa de la pandemia Covid-19 probablemente obligue a revisar a la baja los objetivos cuantitativos". En particular, tres de ellos: primero, la meta de reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5% (un nivel lejano, habida cuenta de que en el segundo trimestre de este año se ha disparado hasta el 39,6%, con un total de 510.200 jóvenes desempleados); segundo, la intención de incrementar la tasa de actividad de los jóvenes entre 20 y 29 años hasta el 73,5%; y tercero, el objetivo de elevar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas hasta alcanzar los 2,9 millones de contratos fijos entre jóvenes.
El resto de los objetivos para 2021, a priori, se mantienen intactos: reducir en un 20% la brecha de género en el paro registrado; conseguir que, al menos, un 43% (100.000) de los jóvenes inscritos como desempleados y que no disponen de Educación Secundaria Obligatoria adquieran las competencias clave en Lengua y Matemáticas mediante programas de formación; formar a un 30% (80.000) de los jóvenes en competencias lingüísticas; lograr que, como mínimo, 225.000 de los menores de 30 años se formen en ámbitos digitales y unos 40.000 (25%) en sectores estratégicos.
En el Plan actualizado se admite que la población joven "sufrirá con mayor intensidad" las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia. Y aunque se prevé que las medidas extraordinarias aprobadas en el marco del 'escudo social' sirvan de "barrera", se reconoce que "es probable que el empleo juvenil se resienta en particular, sobre todo a través de la extinción de contratos temporales y a tiempo parcial" y mediante "la reducción de ciertas modalidades de empleo formalmente autónomo producidas, sobre todo, en el entorno de la nueva economía", en referencia a las plataformas digitales, aunque sin hacer mención directa a ninguna en particular ni a la figura de los 'riders'. Todo ello, sin obviar que las mujeres soportan mayores tasas de temporalidad y parcialidad y, en general, se verán más afectadas.
Por todo esto, la ministra Díaz se comprometió hace unas semanas a presentar un plan de trabajo digno para los jóvenes. En este marco se incluye la actualización del Plan de Choque por el Empleo Joven, que engloba 50 medidas en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional. Se busca hacer protagonistas a los jóvenes de su proceso de inserción laboral; mejorar la cualificación; favorecer el desarrollo de un nuevo modelo económico; eliminar la brecha salarial de género; combatir el efecto desánimo de los que no buscan empleo porque creen que no lo encontrarán; y centrar la atención a los más vulnerables (migrantes, parados de larga duración, abandono escolar o personas con discapacidad).
Más allá de los jóvenes, el Plan Anual de Empleo también actualiza el enfoque del Plan Reincorpora-T, que tiene como diana a los parados de larga duración, entendiendo como tal a las personas que han sufrido el paro durante al menos un año en los últimos 18 meses o a los mayores de 45 años desempleados durante 9 meses en año y medio. El Ministerio asume que la pandemia ha empeorado la situación de los parados de larga duración y adelanta que "serán necesarias nuevas medidas para evitar que el desempleo se haga crónico en ciertos colectivos", en particular en los mayores de 45 años que recaigan en el paro y en los afectados por ERTE, donde será importante focalizar la provisión de acciones formativas.
En líneas generales, todo el Plan 2020 se ha adecuado a la nueva normalidad, redefiniendo los objetivos estratégicos que perseguirán los servicios públicos de empleo, con especial atención a las personas que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia del virus, a los jóvenes y a los parados de larga duración y mayores de 45 años. En este sentido, se focalizarán los esfuerzos en los colectivos en los que las medidas resulten "de mayor eficiencia y eficacia" y se flexibilizarán los instrumentos operativos "para que puedan actuar de forma ágil e inmediata ante el nuevo contexto del mercado de trabajo provocado por la emergencia sanitaria".
En cuanto a la financiación, hay que tener en cuenta que, con los Presupuestos prorrogados, las cantidades destinadas a financiar la ejecución de políticas de activación para el empleo con cargo al SEPE son las mismas que en 2018, por tanto el importe total anual asciende a 5.800 millones de euros. De esa cifra, se podrían asignar a las comunidades autónomas algo más de 2.100 millones, si bien en la primera conferencia sectorial celebrada el 1 de abril se distribuyeron unos 1.048 millones y en este segundo semestre se han repartido solo 896 millones, después de que una serie de comunidades autónomas se vieran obligadas a suspender la reanudación de sus planes formativos en el mes de septiembre ante la retención por parte del Estado de los fondos previstos, como se reveló en estas páginas.
No se llega, por tanto, al total previsto, si bien el Ministerio deja claro en el Plan Anual de Empleo que las cuantías dependen de los efectos en la recaudación de ingresos destinados a financiar este tipo de actuaciones derivados de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la Covid sobre el mercado laboral. De hecho, no hay que olvidar que durante el estado de alarma, con carácter excepcional y extraordinario, el Gobierno estableció que los ingresos de la cotización por formación profesional de este año pudieran destinarse a financiar cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo o para programas de reinserción que fomenten la contratación de parados o les ayuden a recuperar el empleo.