El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la ampliación de sectores que podrán ser receptores del fondo de 11.000 millones, 7.000 para ayudas directas, aprobado por el Gobierno para paliar las pérdidas que la pandemia ha ocasionado a empresas y autónomos y además ha confirmado que podrán acceder al mismo empresas que registraron pérdidas en 2019 por causas excepcionales.

Así lo ha indicado la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al cónclave de ministros. La decisión de extender las ayudas a empresas con pérdidas en 2019 amplía el plan inicial, que en un principio solo cubría a aquellos empresarios afectados durante la crisis sanitaria y responde a la propuesta de Unidas Podemos, que anunció que enmendaría el decreto de ayudas para extender las ayudas al año previo a la pandemia.

Según ha indicado Montero, las comunidades autónomas podrán destinar parte de las ayudas directas, por ejemplo, a las empresas afectadas por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook en 2019. En este punto, la mejora sobre el planteamiento inicial beneficia especialmente a las islas Canarias y a Baleares.

En este sentido se pronunció ayer la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, durante un acto en Lanzarote en el que avanzó que el Consejo de Ministros aprobaría hoy un cambio para aceptar la petición de Canarias, ya que la condición de no haber tenido pérdidas en 2019 dejaba fuera de las ayudas por la covid-19 a buena parte del sector en las islas, donde el fin de Thomas Cook golpeó con fuerza.

Así, ahora la gran mayoría de las empresas que sufrieron cancelaciones masivas al quebrar el turoperador podrán optar al reparto de los 1.144 millones de euros que se van a distribuir en ayudas en Canarias. Lo mismo ocurre en Baleares, donde el fondo a repartir será de 855 millones para completar los 2.000 millones íntegros destinados a los archipiélagos del total de 7.000.

Las CCAA podrán incluir en las ayudas a sectores clave para su región.

En cuanto a la ampliación de los sectores afectados por la pandemia no contemplados entre los 95 que se indicaron en la primera versión del Real Decreto-ley 5/2021, ahora las CCAA y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla podrán repartir la línea de ayudas atendiendo a las especificidades del tejido productivo de cada región y a los efectos que sobre sus empresas y trabajadores autónomos hayan podido tener las medidas de contención de la pandemia establecidas por cada región, según confirma el Ministerio de Asuntos Económicos.

El fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas canalizado a través de las comunidades se dirige a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia (ahora también a casos excepcionales ocurridos en 2019) cuyos ingresos hayan caído durante el año pasado al menos un 30% con respecto a 2019.

Como recuerda el Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, las ayudas tienen carácter finalista y se pueden emplear para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera. Eso sí, están condicionadas, entre otros requisitos, al compromiso de mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Los autónomos que tributan por estimación objetiva podrán recibir hasta un máximo de 3.000 euros, y el resto de autónomos y empresas entre 4.000 y 200.000 euros.

Las deudas por reintegro de ayudas o préstamos se podrán aplazar dos años.

Para facilitar a las empresas el pago de sus obligaciones de carácter no tributario, el Ministerio ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder a las empresas un periodo de carencia de dos años desde la fecha de su vencimiento para el pago de las mismas, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.

Según ha explicado Montero durante la rueda de prensa, esta medida busca "agilizar" los aplazamientos para "garantizar la liquidez y solvencia de las empresas" al igual que se hizo con las deudas tributarias y aduaneras.

La flexibilización afecta a las deudas derivadas del reintegro o desembolso de ayudas o préstamos concedidos por la Administración General del Estado (AGE), a las distribuidas en las comunidades autónomas y a las deudas cuya gestión corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda.

El nuevo mecanismo podrá solicitarse en los ejercicios 2021 y 2022 con independencia del periodo al que se refiera y permitirá, una vez cumplido el aplazamiento de dos años, fraccionar el pago a lo largo de otros dos años.