El Gobierno apura los plazos con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, que entró en vigor en marzo de 2022. No se aplicará el curso que viene, como se pretendía, sino que habrá que esperar hasta el curso académico 2024-25 para que entre en vigor el nuevo modelo que pretende dar respuesta a las necesidades del mercado laboral de los próximos años, en los que el 60% de los puestos de trabajo requerirán una FP de grado medio o superior.

El Ministerio de Educación ultima con las comunidades autónomas el decreto de ordenación de la nueva FP. De hecho, la idea era que en diciembre ya estuviera listo el borrador para que la norma empezase a aplicarse en el curso 2023/24, como estaba previsto en la ley. Sin embargo, la última reunión del Ministerio con las autonomías, en diciembre pasado, evidenció la imposibilidad de aplicarla porque el macrodecreto que definirá el sistema y que supondrá la adaptación de toda la FP y que obliga a modificar todos los títulos no está listo.

El Ministerio, no obstante, ha dado la opción de aplicar la norma el curso que viene a aquellas comunidades autónomas que lo consideren, siempre y cuando el decreto esté publicado antes de agosto de 2023. Esto ocurriría en aquellas autonomías cuya adaptación del sistema está en la línea contemplada en la ley, con lo que no conllevaría grandes cambios. Sin embargo, en la última reunión mantenida en el Ministerio en diciembre, la práctica totalidad aseguraron no estar preparadas para arrancar el próximo curso adaptadas a la nueva norma. La ley, no obstante, establece la obligatoriedad de que, como máximo, la norma se aplique en el curso 2024-25.

El nuevo modelo impulsado por el Ministerio y que ha encontrado consenso, algo insólito en materia educativa, impulsa que toda la FP sea dual, lo que significa que la formación en las empresas será obligatoria, aunque habrá dos modalidades: el modelo Dual General, en el que la empresa asume hasta el 25-35% de la formación, y el Dual Intensivo, en el que la empresa tiene un papel protagonista en el diseño de la formación y en la manera de impartirla, ya que será responsable de ofrecer entre el 35 y el 50% de los conocimientos. En esta modalidad, los alumnos deberán firmar un contrato con la empresa y cotizarán a la Seguridad Social. El Gobierno bonifica el 95% y el 5% restante correría a cargo de las comunidades, de tal manera que no tendrá coste para las empresas. En este caso, el alumno cobrará el salario mínimo (es el contrato de formación en alternancia, contemplado en la Reforma Laboral). Paralelamente, el Gobierno negocia lo que se conoce como Estatuto del Becario, que laboraliza todas las prácticas. Y aunque el Gobierno bonifica la cotización al 95%, la queja de las empresas es la excesiva burocracia que originaría aplicar este modelo que la CEOE no apoya y que está en fase de negociación.

La nueva ley pone en marcha la regulación homogénea que demandaba el sector ya que la ley anterior, de 2012, había derivado en 17 modelos de FP diferentes, de tal manera que algunas empresas contrataban a los alumnos y otras no o simplemente los alumnos recibían una beca.

Otro de los objetivos será internacionalizar la FP, de tal forma que los alumnos se manejen, al menos, en una lengua extranjera, puedan obtener, como en la universidad, dobles titulaciones y tener estancias en centros de trabajo de otros países. La FP va a tener una estrecha relación con la universidad. La ley prevé itinerarios formativos que reconozca la formación previamente adquirida en la FP o en la Universidad. Impulsa nuevos modelos de colaboración o desarrollo de proyectos conjuntos. También aparecen las acreditaciones parciales, es decir, formaciones más cortas, acreditables y acumulables, y el concepto de formación a lo largo de la vida, que posibilita la formación de los trabajadores.

Fuente: La Razón.