La responsable de Formación Profesional del Ministerio de Educación desgrana la ley destinada a darle un impulso a una alternativa que se ha desprendido de su imagen de hermana pobre y, en muchas ramas, ofrece una mayor empleabilidad que la Universidad.

Ha sido históricamente –en este país– la hermana pequeña, la opción de quien no valía para la Universidad. Pero la crisis de 2008 la sacó del ostracismo y la situó como una alternativa más y, en ocasiones, mejor. La Formación Profesional (FP) crece cada año y este curso va a pasar por primera vez del millón de estudiantes. Muchos de sus títulos tienen una empleabilidad del 100% y, de todos los jóvenes en situación de desempleo, solo el 13% tiene un título de la FP. Para acabar de darle el impulso que necesita y adaptarla a las necesidades del país y de los estudiantes y trabajadores, el Congreso aprobó el pasado diciembre la nueva ley de FP, que se preveía iba a salir por unanimidad pero el PP acabó votando en contra, y que entra en vigor el curso que viene.

La secretaria general de FP del Ministerio de Educación, Clara Sanz, explica en esta entrevista las claves de esta nueva norma con la que el Gobierno pretende acercar el modelo productivo español al europeo: un mercado con forma de barril, con poca gente sin formación, mucho técnico medio y menos universitarios. La ley, cuenta Sanz, se fija en el famoso modelo alemán, pero sin imitarlo porque no se pueden traspasar sistemas entre países tal cual. Pero es un texto flexible, que introduce las microformaciones acumulables, generaliza el carácter dual, aunque tendrá dos velocidades y convierte a las empresas en un actor fundamental en su desarrollo.

La secretaria tiene mucho que contar y las preguntas se le quedan pequeñas: da contexto, tira del pasado, va de un aspecto a otro de la ley y luego vuelve. Y saca pecho con lo ya hecho: el Gobierno se propuso crear 200.000 plazas en cuatro años –aunque realmente lo hacen las comunidades, que tienen las competencias, están financiadas por el Estado– y ha logrado 210.000 en tres, explica.

Se crean muchas plazas y, sin embargo, en algunas comunidades –por no decir directamente en Madrid– siguen faltando plazas públicas en muchas ramas. ¿Puede hacer algo el Ministerio al respecto?.

Poco. Lo que ya está haciendo el Ministerio es financiar la creación de plazas, con independencia de que después la gestión corresponde a las comunidades autónomas y la comunidad autónoma es quien decide qué tipo de plazas abre, aunque la financiación que proviene del Ministerio tiene que destinarse, al menos en un 80%, a la creación de plazas públicas. Pero la decisión sobre dónde [en qué centros] colocar un ciclo formativo muy demandado y que tiene una empleabilidad del 100%, por ejemplo, es competencia de la comunidad autónoma. Por poner un ejemplo: las titulaciones estrella en FP son las que tienen que ver con los cursos de especialización (máster profesional), que generan una empleabilidad del 100%. Es tal su éxito que los centros que las imparten acuerdan con las empresas que no contraten a sus estudiantes antes de acabar la formación. Hay comunidades que, en cuanto el Ministerio publica estas formaciones, las implantan de manera generalizada con lo que hay un gran acceso en los centros públicos. Otras lo hacen de forma más limitada.

Hablando de plazas privadas, ¿preocupa el desembarco de fondos de inversión en este sector al calor este crecimiento?.

Lo que está ocurriendo en la FP ha ocurrido siempre en todas las etapas educativas, que ha convivido la oferta pública con la privada. En la FP esto existía, pero muy poco porque la formación profesional no era una oferta atractiva. Pero ahora se ha convertido en una opción de éxito, es la que más va a crecer, la que más próxima está a las necesidades del mercado laboral porque trabajamos mano a mano con las empresas. Y la privada, los fondos de inversión que se dedican a la formación, de repente la han incorporado, igual que ya tenían incorporadas otras etapas. Lo que debemos hacer las administraciones es garantizar la calidad, que los centros privados que vayan apareciendo tengan las garantías necesarias y cumplan todos los requisitos. A efectos de titulación, tendrán que hacer una propuesta que estará vinculada a un centro público, de tal manera que tendrán la supervisión de la inspección educativa. Pero, además el control de los documentos de evaluación de los estudiantes, se hace a través de centros públicos para garantizar que las titulaciones tienen no solo validez académica, sino validez profesional.

El cambio de ley implica una apuesta fuerte por la FP dual, y eso va a requerir muchas empresas ofreciendo prácticas. ¿Va a haber para todos? No sé si prevén dificultades para que las empresas más pequeñas se sumen a esta oferta por falta de recursos.

Teníamos que dotar a la FP del carácter dual. Para que la Formación Profesional tenga calidad, tiene que estar próxima la empresa. Nadie puede tener un título sin haber pasado por la empresa, pero sigue siendo un estudiante, no se convierte en trabajador. Lo que ha hecho la ley es, conociendo la realidad de nuestro país, no cometer el mismo error que se cometió hace hace ya más de una década, cuando se intentó trasladar aquí un modelo –el alemán– que tiene muchas cualidades pero que no responde a la realidad de nuestro país. Somos un país de pequeñas y medianas empresas, pero ni siquiera el tamaño de esas empresas es el mismo que las pequeñas medianas empresas alemanas. De ahí que nunca se había conseguido que la FP dual superara el 3% de la oferta. Ahora toda la oferta va a tener carácter dual, pero con dos velocidades: la general y la intensiva. Se ha tenido una cierta preocupación [de que no habrá plazas de prácticas para todos] que yo creo que es infundada. Tenemos muchísimas empresas que están ya trabajando con nosotros y la ley facilita que esas pymes o esas microempresas puedan incorporarse al ecosistema de la formación profesional, facilitándoles cualquier trámite administrativo a través de organismos intermedios, que pueden ser por ejemplo las Cámaras de Comercio. También vamos a crear unidades dinamizadoras de Formación Profesional que permitan a las empresas ver, en función de los puestos que necesitan, qué estudiantes podrían tener.

El gran problema que nos encontraremos, si no acertamos, si no conseguimos que las pequeñas y medianas empresas se acerquen a esto, es que muchas van a desaparecer. Porque nuestra realidad económica ya está cambiando y lo va a hacer radicalmente. Las grandes empresas tienen una unidad de innovación y lo tienen resuelto. Las pequeñas y las medianas no, pero necesitan que la innovación y la investigación aplicada les llegue. Cuando contratas a alguien, enseñarle lo que ya sabe no aporta valor añadido y esa empresa va a ser muy difícil que sobreviva en esta realidad tecnológica. Pero, si entra en esta dinámica en la que va a tener personas que se están formando en las últimas tecnologías, en cómo se transforman los procesos productivos y toda la realidad en cada sector, la innovación va a llegar a esa empresa.

¿Cómo se va a controlar la calidad de las prácticas en las empresas?.

Las estancias en las empresas son formación, en ningún caso los estudiantes son trabajadores. Es verdad que los que están en la modalidad intensiva van a tener un contrato de formación, pero es de formación y la prioridad es que se formen, y no en cualquier cosa, sino en una parte de los resultados de aprendizaje que aparecen en los currículos. Tenemos que entender, y así lo plantea la ley, que ahora la FP va a contar con dos aulas, una en el Centro de Formación Profesional y otra en la empresa. Hasta ahora, en el periodo de estancia en la empresa lo que se tenía en cuenta era la duración. La nueva ley dice que más duración no genera más calidad. Lo importante es cuántos resultados de aprendizaje del currículum se van a trabajar.

¿Pero cómo se va a controlar lo que hacen?.

Con la inspección educativa, tanto en los centros como en las empresas. Pero además, con una figura que por primera vez se regula que son los tutores, en el centro y en la empresa. Hasta ahora, la figura del tutor funcionaba un poco en los centros por el profesorado, y hay que agradecer al voluntarismo y a la motivación de los profesores y profesoras, que dedicaban muchísimo tiempo a supervisar, a trabajar, a controlar que las estancias en las empresas funcionaran bien. Pero no había nada regulado, ni tiempos destinados, ni formación. Ahora lo que establece la ley y vamos a recoger en la ordenación es que necesariamente los tutores en el centro y los tutores en la empresa, que tienen que ser los trabajadores, tienen que ser los mejores. Y la relación entre los tutores de empresa y los tutores de centro está regulada, de manera que tenga que haber una relación permanente entre qué hacen en la empresa y qué han hecho en el centro con un plan de formación individualizado que va a tener cada estudiante. Y necesariamente, los tutores, tanto de empresa como los tutores de centro, van a tener que tener formación específica vinculada a sus tareas como como tutores.

Con este papel creciente de las empresas, de los tutores de empresa, ¿hay riesgo de que cojan un poquito de peso de más y barran demasiado para casa, para sus intereses particulares?.

La FP tiene que basarse en la corresponsabilidad. Y, cuando estamos formando a los futuros profesionales, necesariamente tenemos que contar con las empresas, públicas y privadas. Solamente el sector aeronáutico, por poner un ejemplo, es quien nos puede decir qué perfiles va a necesitar a la vista de cómo está evolucionando su mercado. No podemos hacer una formación de calidad sin contar con ellos. Y eso no quiere decir entregarles la formación profesional. Los currículos los marca el Ministerio. En colaboración con ellos, pero es la administración. Y por supuesto, los centros son los que con su autonomía diseñan, organizan, se ponen de acuerdo con las empresas, hacen ese plan individual para cada estudiante diciendo oye, necesitamos que en la empresa, cuando esté, trabaje esto, esto y esto o esto, que no podemos trabajar en el centro porque vosotros tenéis algo que nosotros no tenemos. Y la titulación siempre está en los centros; una empresa no puede dar un título.

¿Quienes no cursen la modalidad intensiva entonces no cobrarán por las prácticas?.

No. Toda la FP tiene carácter dual, pero habrá dual general y dual intensiva. En la dual intensiva, que es donde la estancia en la empresa está por encima de un 35% de la duración de la formación, van a tener un contrato de formación. Los demás, los que tienen una formación dual general, no van a tener un contrato de formación y lo que tendrán es un alta en la Seguridad Social, que es un salto. Yo diría que histórico, y muestra hasta qué punto la formación profesional es la puerta grande de acceso al empleo.

¿Quién va a pagar esa cotización a la Seguridad Social? ¿Va a estar bonificada?.

Estará bonificada, que tiene que ver con que la Formación Profesional por primera vez se ha convertido en una apuesta de país y en una apuesta de gobierno. No podíamos repercutírselo a las empresas.

Los centros están un poco preocupados por la falta de profesorado de determinados perfiles. ¿Qué solución tiene?.

Tenemos que trabajar en eso. Es un problema general en la profesión docente. Tenemos que conseguir en nuestro país que sea algo atractivo. Hay que trabajar mucho la percepción social del profesorado, que hace una labor impresionante. Ahí tenemos una asignatura pendiente muy compleja: diseñar qué es la profesión docente, que por primera vez aborda este ministerio porque nunca se había hecho. Presentamos las 24 medidas de reflexión para la transformación de la profesión docente, que tienen que ver con el acceso, la formación o la carrera docente

Lo que sí afecta de manera específica es la dignificación del profesorado de Formación Profesional. Teníamos, por un lado, profesores de secundaria y por otra parte profesores técnicos de formación profesional con diferentes categorías. No era para nada justo porque ya desde la reforma universitaria los requisitos que se pedían para el acceso eran los mismos. Lo que hemos hecho ha sido pasar todas las especialidades al cuerpo de secundaria. Pero nos encontramos con otra derivada: algunas especialidades –en concreto diez– no pueden ser sustituidos por titulados universitarios porque tienen una formación y una experiencia que es lo que diferencia la Formación Profesional. Ahí hemos creado un cuerpo de profesorado especialistas en estos sectores singulares de formación profesional que permite que los técnicos superiores también puedan estar en la docencia. La regulación de cómo se va a hacer el proceso ya está en el Consejo de Estado, la previsión es que en breve se apruebe.

¿Estamos hablando de alguna semana, de un par de meses?.

Confío en que el Real Decreto esté aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de octubre y, a partir de ahí, las comunidades autónomas puedan hacer los procesos.

Por primera vez se juntan en el mismo sistema la Formación Profesional educativa con la Formación Profesional para el empleo. ¿Cómo se va a articular esto?.

En España teníamos un sistema que se componía de dos sistemas que no se relacionaban entre sí. Llevamos décadas hablando de la formación a lo largo de la vida, pero luego eso se tiene que concretar en las normas. Y la formación ya no es una opción, o te formas a lo largo de toda tu vida o vas a ser cada vez menos empleable. Ya no es una cuestión de que vayas a perder tu trabajo; es que, aunque lo mantengas, las tareas que vas a hacer van a ser completamente distintas a las que hacías diez años antes y tienes que formarte. Tenemos que formar a los que van a empezar a trabajar en un determinado sector y mantener actualizados a los que ya están trabajando. Y eso no se puede hacer con dos sistemas que no tienen nada que ver. Tiene que haber un único sistema que permita a cada persona, en cualquier momento de su vida y cualquiera que sea sus circunstancias o su necesidad, encontrar el tipo de formación que necesita.

Son los módulos y microformaciones que propone la ley.

Una persona de 19 años probablemente tenga la posibilidad de dedicarse al 100% a la formación y pueda hacer una formación mucho más amplia, que es lo razonable y abre muchas puertas. Una de 42 años, que ya lleva tiempo trabajando en ese sector y tiene unos conocimientos previos, no necesita formarse en lo que ya sabe, que suele ser el gran defecto de los modelos de educación y de formación del siglo XX. Se trata de que alguien de 42 años que tenga que formarse en cuestiones puntuales para estar actualizado o porque quiere cambiar de sector pueda hacer una formación modular compatible con sus responsabilidades laborales, porque probablemente no tenga la misma disponibilidad. Pero todo, desde lo grande hasta lo pequeño, debe ser acreditable y acumulable, de manera que cada persona pueda tener esa mochila que le permita ir haciendo formaciones, desde las que llamamos de grado a las microformaciones, y que la suma de esas microformaciones le permita ir subiendo y diseñar su itinerario. Que no tengas que plantearte que para hacer una formación necesitas dos años.

Otra apuesta de la ley es la acreditación de competencias de trabajadores. ¿Cómo se hace? ¿Con un certificado de la empresa? ¿Un examen?.

Tenemos 11 millones de personas que, siendo trabajadoras, no tienen acreditadas las competencias. Eso no se lo puede permitir ningún país, porque a cualquiera de esos 11 millones de personas cuando le despiden no puede ir a buscar trabajo diciendo que es muy buen carpintero, necesita algo que lo avale. Ahora –porque ya está en marcha– es un procedimiento abierto para todos: cualquier persona puede dirigirse a un centro de FP y el profesorado va a actuar como como asesor o como evaluador. Pero no le va a hacer un examen. Si alguien lleva un certificado de su empresa y en su hoja de vida laboral se ve lo que ha hecho... hay cosas que son inmediatas. Si yo cojo una llave inglesa, un especialista va a saber enseguida que no sé cambiar una rueda. Y, cuando no pudiera traer ningún tipo de prueba para demostrar lo que sabe se le puede pedir en el propio centro que haga algo, siempre de manera práctica: cámbiame la rueda. La Administración emite un documento donde esa persona acredita aquellas competencias profesionales que tiene y eso le va a valer para moverse en el mercado laboral. También se le va a decir qué formación complementaria tiene a su disposición si quiere continuar formándose.