Este primer desembolso llega después de que el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) aprobase definitivamente el Plan de Recuperación español, que ha recibido la máxima calificación por parte de las autoridades europeas. La recepción de estos 9.000 millones de euros de prefinanciación permite al Gobierno continuar con el despliegue del Plan realizado hasta la fecha.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incluyeron partidas para la puesta en marcha del Plan, lo que ha permitido que se hayan podido ejecutar parte de los recursos antes de recibir los primeros desembolsos por parte de la Comisión Europea.
Además, ya se ha asignado y acordado la distribución de más de 7.250 millones a las Comunidades Autónomas entre las diferentes conferencias sectoriales, para la realización de inversiones en materias como la transición ecológica, la vivienda, la educación o la sanidad. Estas inversiones están centradas, principalmente, en apoyar la implementación de la normativa de residuos, corregir tendidos eléctricos que eviten daños a la fauna, la renovación de edificios, la mejora de los servicios de saneamiento y depuración de aguas, el incentivo de la movilidad eléctrica, la modernización de la Formación Profesional y reducción de la brecha digital, el refuerzo de la economía de los cuidados, las políticas de igualdad e inclusión social, y la mejora de los equipos de alta tecnología sanitaria.
La Comisión Europea tiene previsto realizar un nuevo desembolso a España este mismo año que ascenderá a 10.000 millones de euros por los hitos y objetivos alcanzados por nuestro país hasta la aprobación del Plan. El calendario de desembolsos semestrales de la Comisión permitirá que España reciba entre 2021 y 2023 el 80% de las transferencias previstas.
La verdadera transformación de la economía española
El Plan de Recuperación incorpora 212 grandes inversiones y reformas que van a permitir la transformación económica y social de España incrementando la productividad y la cohesión social, el nivel de competencias de la población, la innovación y la competitividad tras la crisis económica que ha provocado la COVID-19. El objetivo es conseguir un país más verde y digital y reducir las brechas sociales, territoriales y de género.
Entre las muchas medidas concretas que incluye el Plan de Recuperación figuran: digitalizar más de un millón de pymes, apoyar a más de 3.000 empresas para la internacionalización, formar a más de 2,6 millones de personas en competencias digitales y desplegar planes para promover el talento femenino, instalar más de 240.000 aulas digitales interactivas, modernizar el sector turístico con la promoción de 165 destinos sostenibles y la modernización de 3.400 establecimientos para que reduzcan su consumo energético, rehabilitar de más de un millón de viviendas y promover su sostenibilidad, alcanzar una flota de, al menos, 250.000 vehículos eléctricos en 2023 y más de 100.000 puntos de recarga, modernizar la justicia para que al menos el 30% de los procedimientos judiciales se realicen electrónicamente, modernizar los sistemas de regadío para garantizar un uso eficiente del agua con acciones en más de 100.000 hectáreas, extender la banda ancha ultra rápida al 100% de la población, construir más de 335 kilómetros de ferrocarril en los corredores Atlántico y Mediterráneo.
La web del Plan de Recuperación
Para facilitar el acceso a las medidas, inversiones, reformas, convocatorias y subvenciones que incluye el plan, el Gobierno ha lanzado la web Plan de Recuperación. El sitio incluye un apartado especial para que las Pymes accedan a toda la información necesaria para participar en las licitaciones y otros instrumentos y proyectos de colaboración público-privada.
Hasta la fecha se han publicado 25 manifestaciones de interés relacionadas con el Plan con las que se ha movilizado una alta participación como demuestran los más de 17.500 proyectos presentados en las manifestaciones que ya están cerradas. Además, se ha lanzado el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, con el que se prevén movilizar 24.000 millones de euros en tres años gracias a la colaboración público-privada.