El Gobierno de Pedro Sánchez daba a conocer hace unos días la mayor Oferta de Empleo Público (OPE) de la historia, que contempla 45.000 plazas, cerca de 30.000 puestos para la Administración General del Estado (AGE) y más de 15.000 para cubrir vacantes en Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El anuncio, que ha sido posible tras una dura negociación con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, se concretó el pasado 25 de mayo, a pocos días de las elecciones autonómicas andaluzas de 19 de junio, que son el preludio de unos meses especialmente intensos, con los comicios madrileños en mayo de 2023, los de comunidades no históricas y las elecciones generales y municipales a finales del próximo año, sino se producen adelantos.
Ahora, son las comunidades las que dan el paso de hacer públicas sus ofertas de empleo, también excepcionales, que tienen como objetivo principal reducir la temporalidad en estas administraciones -que supera el 30%- y en áreas especialmente precarias como sanidad y educación, competencia directa de las autonomías. La meta fijada es que la interinidad no rebase el 8% y para ello han hecho un esfuerzo extra que ha llevado a una oferta de 187.823 plazas entre todas las comunidades, que no incluyen las previstas para entes públicos dependientes de las comunidades y tampoco las de libre acceso. Durante el mes de mayo, los responsables autonómicos han ido publicando en sus boletines oficiales el detalle de estas convocatorias, ya que contaban como fecha límite para hacerlo el 1 de junio.
La ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público entró en vigor el pasado diciembre, tras recibir el visto bueno del Senado, y contemplaba concursos, destinados para los empleados que habían permanecido de forma interina en la Administración durante más de 5 años, y concursos-oposición, para el resto de los temporales. La oferta de la Administración General de Estado apenas ha contemplado 10.637 puestos para la consolidación de interinos, teniendo en cuenta que en el Estado la precariedad y la temporalidad no son los principales problemas y sí el envejecimiento de la plantilla. El compromiso, contraído con Bruselas y recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, llega tras serias advertencias de las autoridades comunitarias.
El concurso-oposición obligará a realizar el examen. En el caso del concurso de méritos, la experiencia será clave, aunque también la formación
Cataluña es con diferencia la administración autonómica que más ha apostado por la consolidación del empleo temporal. Hasta 46.828 puestos -11.747 en la Generalitat, 27.433 en educación y hasta 7.648 en sanidad- se convertirán en fijos antes de que acabe el año. El Govern pretende estabilizar ocho de cada diez puestos eventuales con el objetivo de situar la tasa de temporalidad en el 8% antes de que acabe 2025. Detrás se sitúan a gran distancia Andalucía -23.453-, la Comunidad Valenciana, más de 22.620 plazas -más otras 11.800 que ya hay convocadas y cuyos exámenes se están realizando en estos meses-; la Comunidad de Madrid, con 12.927 puestos, 9.604 de ellos en los servicios de salud; y País Vasco, con 8.746. En todas estas ofertas se detalla a cuales se podrá acceder a través de un concurso y a cuales mediante concurso-oposición, que obligará a realizar el examen, aunque considerando también los méritos. En el caso del concurso de méritos, la experiencia será determinante, aunque también se considerará la formación e incluso el dominio de las lenguas cooficiales.
Según contempla la legislación, los interinos que no superen las pruebas de la oposición tendrán derecho a ser indemnizados con 20 días por año trabajado hasta un límite de 12 meses y podrán incorporarse a bolsas específicas o a las bolsas ya existentes. La fase del concurso tendrá un peso del 40% para los interinos que lleven más de tres años en la Administración y menos de cinco. Pero no solo las comunidades están obligadas a consolidar sus puestos, también deberán hacerlo las sociedades, fundaciones y entes públicos y las corporaciones locales.
Mientras, la Junta de Castilla y León impulsará la consolidación de 9.753 empleos, una iniciativa que dio a conocer hace apenas seis días. En el caso del gobierno castellano-leones, cerca de 5.840 puestos irán destinados a sanidad y 1.324 a docencia y, como recoge la ley 20/2021 de 28 de diciembre, prevé los dos sistemas de selección: concurso-oposición y concurso. En el caso de Castilla-La Mancha, que también ha cumplido los plazos, se esperan 4.058 consolidaciones -el 88% en sanidad y educación- y, como el resto de las comunidades, tiene como fecha límite para publicar la convocatoria el 31 de diciembre de 2022 y todos los procesos selectivas deben estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2024. Esta es la oferta más elevada en cuanto a número de plazas desde que gobierna la región Emiliano García-Page -ocho años- y ha sido respaldada por los sindicatos mayoritarios de la Función Pública.
En cuanto a Canarias, su Gobierno también ha hecho un esfuerzo muy importante y ha puesto sobre la mesa 8.741 incorporaciones con carácter fijo. En la misma línea, el Principado de Asturias y la Xunta de Galicia han puesto en marcha todos sus recursos para presentar una oferta de 8.413 y 10.336 empleos respectivamente, mientras Aragón, Baleares, Extremadura, Cantabria, Navarra, Murcia y La Rioja presenta 2.552, 10.420, 6.220, 5.015, 3.589, 2.820 y 1.332, respectivamente. En algunas corporaciones locales y organismos ya se han detallado algunas de las convocatorias para eventuales. Es el caso de la Diputación de Álava (424), la de Guipúzcoa (442), la Universidad Pública del País Vasco, 1.148, el Ayuntamiento de Oviedo, cerca de 200, la Universidad de Oviedo (207) o el de Gijón y sus empresas vinculadas, casi 450 empleos. Por su parte, La Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona ofertarán 3.656 plazas para estabilizar interinos.