El Congreso de los Diputados ha aprobado, con amplio apoyo de los grupos parlamentarios, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Ahora que será remitido al Senado para completar su tramitación.
El texto va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.
Principales novedades
El proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que sin duda contribuirá a alcanzar el objetivo de garantizar conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.
El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como: una regulación más flexible para los acuerdos de co-inversión entre operadores; un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas); la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) -tan necesarias para el 5G-, con muchas menos cargas administrativas; y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.
Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea que permitirá, entre otras mejoras, una mayor coordinación entre administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.
Por primera vez, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.
Además, el proyecto de ley establece, también por primera vez, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.
Del mismo modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).
Mejoras para los usuarios
Por otra parte, se refuerzan los derechos de los usuarios y se armonizan con el conjunto de la Unión Europea. Mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas con carácter previo a la contratación. Su duración máxima se limita a 24 meses para permitir que el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización.
En el ámbito de la portabilidad, también se introducen nuevos derechos en beneficio de los usuarios, tales como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato.
También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, ya que se introduce la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos.
El servicio universal se actualiza manteniendo el objetivo de proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas. El Proyecto de Ley obliga a garantizar que dicho acceso permita la prestación de determinados servicios básicos tales como correo electrónico; herramientas básicas de formación y educación en línea; noticias, redes sociales o banca por internet, entre otros. Además, se refuerza la libertad de elección del usuario, que podrá contratar el abono social al operador que desee. La velocidad mínima de acceso a una internet de banda ancha se fija en 10 Mbps y se prevé su incremento a 30 Mbps.
En lo que se refiere a las comunicaciones de emergencia, se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que realicen una llamada al 112. El proyecto de ley también incluye la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas o 112 inverso. Así, los operadores de telecomunicaciones deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.
La Ley General de Telecomunicaciones es una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, forma parte del componente 15 "Conectividad, 5G y Ciberseguridad", que prevé la inversión de 4.000 millones de euros para extender la conectividad al 100% de la población, impulsar el desarrollo del 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad. Se trata del quinto componente con mayor peso presupuestario del Plan.
Además, el pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado la Ley de Ciberseguridad 5G que establece los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes 5G. La norma ha alcanzado un amplio respaldo, con 312 votos a favor.
La norma se encuentra en vigor desde el 31 de marzo tras aprobar el Gobierno el Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G, acelerando el proyecto de ley en el que estaba trabajando ante el incremento de los riesgos de seguridad y ciberataques que pueden producirse en el nuevo escenario geoestratégico que ha provocado la agresión a Ucrania. La norma, que tenía que ser ratificada en el Congreso, ha recibido el visto bueno de la Cámara Baja por amplia mayoría y permitirá establecer un marco confiable y seguro para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios.
La Ley de Ciberseguridad 5G incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la caja de herramientas (tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. La caja de herramientas identifica las principales amenazas y vulnerabilidades, los activos más sensibles y riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.
Como novedad, la norma establece un Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G que tendrá en cuenta los análisis realizados por los operadores de red acerca de las vulnerabilidades y amenazas a la red 5G.
También establece un procedimiento y unos criterios para que se puedan clasificar a los suministradores de bajo, medio y alto riesgo. Los operadores de redes públicas 5G no podrán usar equipos de suministradores de alto riesgo en el núcleo o corte de la red, en su sistema de gestión de red y en determinadas ubicaciones de la red de acceso.
Esto afecta tanto a redes o elementos de red ya instalados, -si se usan para tecnología 5G-, como a las nuevas redes 5G que se instalen. Si los operadores se vieran obligados a sustituir los equipos, productos o servicios proporcionados por dichos suministradores, disponen de un plazo de cinco años para llevar a cabo la sustitución en los elementos críticos de red.
Asimismo, los operadores deben analizar su dependencia en la cadena de suministros y están obligados a incluir medidas para limitar la dependencia de un solo suministrador y restricciones para los suministradores que sean calificados de alto riesgo.
El 5G es la quinta generación de tecnología móvil que, por sus características técnicas, permite conexiones permanentes, ubicuas, de gran capacidad y a gran velocidad entre personas y máquinas.
El impulso al despliegue de la tecnología 5G es una de las prioridades del Plan de Recuperación y la Ley de Ciberseguridad 5G es una de las reformas comprometidas en el Plan.