España tiene la tasa de paro más elevada del Atlántico Norte, y las cifras de precariedad laboral más feas en ese club de países ricos que se hace llamar OCDE. El mercado de trabajo es el gran talón de Aquiles de la economía española, y su reforma es una de las grandes batallas políticas de los próximos tiempos. Pero este no es un artículo más sobre la reforma laboral, porque tal vez la raíz del problema no sea el mercado de trabajo, sino la educación. El Gobierno español usará la palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —en plata: los 144.000 millones en fondos europeos en siete años que están llamados a modernizar la economía española poscovid— para reformar de arriba abajo la formación profesional y conseguir hacer más porosa la frontera que separa el empleo de la formación. Poco se sabe de los planes que ha enviado España a Bruselas: apenas las polémicas reformas de pensiones y laboral. Pero un documento del Ministerio de Educación entregado a las autonomías desvela los planes de España en ese flanco: el Ejecutivo invertirá casi 5.000 millones de los fondos europeos en el periodo 2021-2023 en un plan nacional de capacidades digitales, un plan estratégico de impulso a la Formación Profesional y en la digitalización del sistema productivo, que incluirán varios reales decretos y modificaciones legislativas.
Tras poner en marcha la ley de educación el pasado diciembre, la ministra Isabel Celaá ha comunicado este viernes a las autonomías esa inyección de fondos, que se llevará a cabo con las comunidades mediante programas de cooperación territorial. Aparecen así los primeros contornos del plan de recuperación español, guardado bajo siete llaves por el Ministerio de Economía porque está aún negociándose con Bruselas.
La vicepresidenta Nadia Calviño desveló a los agentes sociales hace un par de semanas los planes relativos a la reforma laboral y de pensiones, que desataron una fuerte polémica por el aumento del periodo de cómputo en el cálculo de la pensión, que Unidas Podemos rechaza porque provocaría un recorte de las futuras prestaciones. Más allá de las ideas generales, esa era hasta ahora la única información del paquete enviado a Bruselas entre diciembre y enero, formado por 30 componentes que incluyen cuantiosas inversiones y un paquete de reformas al que España se compromete a cambio de ese dinero. En Educación, que capitaliza tres de los 30 componentes, la modernización de la FP se lleva la parte del león, con 1.900 millones de euros. Celaá tiene en la cabeza esa reforma desde que puso el pie en el ministerio: el presidente Pedro Sánchez presentó en julio de 2020 un plan para reformar la FP, pero los fondos europeos permiten elevar la inversión prevista casi el 30%, con novedades de calado como la introducción de la FP bilingüe. El resto del paquete se centra en acelerar la digitalización del sector y reforzar la lucha contra la desigualdad, con medidas destinadas a combatir la pobreza infantil. Estas son las principales líneas del plan.
1. FORMACIÓN PROFESIONAL. “El reto principal es un sistema de FP que unifique las acciones de Formación Profesional del sistema educativo y las acciones de formación profesional para el empleo con referencia en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”, dice el documento, a la vista de que España está muy lejos de las cifras europeas: solo la mitad de la población activa cuenta con alguna titulación profesionalizante. Educación modificará varios reales decretos, reformará el sistema de convalidación de títulos de FP y renovará 60 titulaciones en sectores estratégicos, desde la robótica y los equipos aeronáuticos a la biofarmacia, muy centradas en el doble foco del Plan de Recuperación: las agendas verde y digital. El ministerio invertirá 725 millones en tres años en reconocer y acreditar las competencias profesionales de algo más de tres millones de personas. Convertirá uno de cada 10 ciclos formativos en bilingües con una inyección de 520 millones. Y creará una red de centros de excelencia por importe de 200 millones, entre otras inversiones —en algún caso de la mano del Ministerio de Trabajo— muy centradas en la digitalización. Países como Alemania llevan décadas impulsando la formación profesional, que en España ha arrastrado un estigma que se traduce en graves disfunciones en la relación entre el sistema educativo y la economía. El objetivo es “el equilibrio adecuado entre los niveles de formación y la capacidad de absorción de las personas formadas”, para tratar de alcanzar un 50% de la población activa con un nivel medio de cualificación y no más del 14% con un nivel bajo de cualificación. España está lejos de esos números: alrededor de la mitad de los cuatro millones de parados que hay ahora en España no ha terminado la educación secundaria.
2. CAPACIDADES DIGITALES. Junto con Economía y en una política en la que participan una decena de ministerios, Educación protagonizará la “transición dual”, digital y verde, con la vista puesta en la digitalización del sistema educativo hasta la universidad, el cierre de la brecha de género (los datos revelan que, tras tener un hijo, una parte importante de las mujeres trabajadoras reducen sus jornadas laborales o abandonan sus carreras, algo que se traduce en una caída de la participación laboral de en torno al 9% respecto a los varones) y el impulso de la formación en zonas en declive demográfico. España invertirá 1.385 millones en los tres próximos años en esa área. El capítulo más destacado es la digitalización del sistema educativo, con 827 millones para la creación de casi 240.000 aulas digitales interactivas y 290 millones para formar a unos 725.000 docentes, y una dotación de 150 millones para entregar 250.000 dispositivos móviles con objeto de reducir la brecha digital. Habrá 305 millones para digitalizar la FP, y líneas para la recualificación de trabajadores centradas en las pymes.
3. SISTEMA EDUCATIVO Y DESIGUALDAD. Educación subraya que persisten algunos elementos estructurales “que impiden avanzar con un mayor ritmo en la reducción del abandono temprano de la educación y en la mejora de los resultados educativos”. Las cifras son lacerantes: España tiene tasas de abandono escolar temprano en torno al 16%, con la media europea por debajo del 10%. La inversión total asciende a 1.648 millones. Las grandes partidas son la creación de 65.000 plazas de educación infantil para uno y dos años (671 millones), la implantación en más de 3.000 centros de programas de especial complejidad educativa para alumnos en situación de vulnerabilidad (320 millones) y la creación de 1.460 unidades de acompañamiento y orientación profesional y familiar, de nuevo para alumnos vulnerables, a la vista de que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la UE. Además, se modificará la Ley de Educación de 2006 para adoptar un nuevo modelo curricular por competencias clave, y Educación quiere activar una reforma “integral” del sistema universitario para reordenar las enseñanzas universitarias, con el despliegue definitivo del Espacio Europeo de Educación Superior.