El Consejo de Administración del Servicio Público de Empleo-Lanbide ha resuelto en su reunión de febrero varias medidas excepcionales que garanticen que las personas en situación administrativa irregular puedan completar, como hasta ahora, sus programas formativos completos y obtener el certificado de profesionalidad.

En la reunión, presidida por la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, el Consejo de Administración ha abordado la situación generada para esas personas por la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2023, que regula la inclusión en el Sistema de Seguridad Social del alumnado que realice prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación. En el ámbito de actividad de Lanbide, estas obligaciones afectan a la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo vinculada a los certificados de profesionalidad financiados por este organismo autónomo, pero las altas en el sistema de Seguridad Social exigen la residencia legal. Esta situación afecta en estos momentos a 1.224 personas y 52 centros, una cifra que se podría ampliar a lo largo de 2024 en función de las convocatorias realizadas.

Mendia ha recordado que la regulación de la extranjería y de la Seguridad Social compete al Estado, pero que Euskadi tiene un “compromiso histórico con la garantía de los derechos de todas las personas que viven aquí”, tanto de su salud, como de su educación y en la protección de unos ingresos mínimos.

Por ello, ha explicado, el Departamento de Trabajo y Empleo, junto al acceso a los certificados de profesionalidad que reconoce Lanbide, “y que están demostrando mayor capacidad de inclusión laboral”, en esta legislatura ha reforzado los procesos de acompañamiento a quienes perciben la RGI para que regularicen su situación mientras se forman, y así puedan acceder a un contrato laboral. Unos procesos, los de arraigo social, que se han probado con éxito y que, mientras se tramita una amplia convocatoria desde Lanbide como programa estable, van a seguir en marcha este año en colaboración con distintas entidades municipales y sociales.

Soluciones a un problema sobrevenido

En este contexto, ha añadido, se ha producido la entrada en vigor de la nueva normativa sobre exigencia de cotización de prácticas no remuneradas, “una medida muy positiva que se convertía en un perjuicio para estas personas en situación irregular, tanto en el derecho a la inclusión laboral como en el derecho fundamental a la educación”. Y, además, se había producido un efecto sobrevenido en los centros formativos que habían accedido a la financiación con la condición de realizar un módulo de prácticas en centros de trabajo, algo que les resultaba imposible de cumplir con la nueva exigencia legal. Por derivada, las empresas que buscan perfiles nuevos a incorporar se veían perjudicadas en sus perspectivas de contratación.

“Lanbide debía dar respuesta a las personas, a los centros formativos y a las empresas, y es lo que hemos estado trabajando en estas semanas para aprobar en este Consejo”, ha resumido la Vicelehendakari, tras una primera circular provisional y preventiva desde Lanbide, para que esos centros no adoptaran medidas que pudieran tener dudas de legalidad y, tras numerosas consultas y contrastes jurídicos, se sustituirá por una nueva Instrucción en la que se recogen las medidas excepcionales.

Como medida general se ampliará el plazo de realización de prácticas cuando las personas extranjeras hayan iniciado el trámite de autorización de residencia o su prórroga o cualquier otro proceso de permiso que le permita residir legalmente en España y puedan completar su regularización en ese plazo accediendo al módulo de prácticas en las empresas con alta en Seguridad Social.

En segundo lugar, solo cuando la medida general no sea aplicable y para evitar perjuicios a las personas extranjeras sin permiso de residencia, se va a posibilitar la realización del módulo de prácticas en el centro de formación y obtener el certificado de profesionalidad completo, con plena cobertura en lo dispuesto en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional. Para ello, los centros deberán disponer de aulas de prácticas donde se simule un entorno laboral, donde realizar tareas propias del puesto de trabajo u ocupación relacionadas con el certificado de profesionalidad que se trate.

Estas medidas destinadas a evitar las afecciones a las personas extranjeras de la aplicación sobrevenida de la norma de Seguridad Social se completarán con otras medidas adicionales para evitar que los centros de formación se vean perjudicados en la ejecución de sus compromisos adquiridos en las convocatorias.

Fuente: Lanbide.