Después de la reforma laboral y en plena negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la consolidación de un Estatuto del Becario se abre paso como la principal tarea pendiente del ministerio de Trabajo y Economía Social que encabeza Yolanda Díaz.
El Gobierno y en concreto, Unidas Podemos, se comprometió a mejorar las condiciones que enfrentan muchos jóvenes en su primer contacto con el mercado laboral, es decir, como becarios. Los sindicatos y esta cartera cerraron un primer acuerdo en el mes de octubre, sin embargo, tras la negativa de los empresarios y un sector de las universidades a darlo por bueno, la negociación parece haber regresado a un punto muerto. En las reuniones con el ejecutivo, CCOO y UGT han reiterado su voluntad de acabar con las prácticas extracurriculares, dado que han detectado que es donde se concentra una importante bolsa de fraude.
Los estudiantes de último curso o los recién graduados inician una relación de tipo formativo con las empresas sujeta al centro de estudios al que pertenecen. Sin embargo, estas becas de prácticas no forman parte de su programa de grado, máster o ciclo, por lo que en muchas ocasiones, jóvenes que ya han obtenido su título recurren a empresas especializadas que ofrecen cursos del número de horas determinadas que van a pasar en la compañía que les ha 'fichado'. Este requerimiento fue recogido en el primer acuerdo firmado entre los sindicatos y el ministerio de Trabajo. En él se establecía que una vez que la nueva normativa fuese aprobada, se concedería un plazo de un año para que las empresas y universidades se adaptasen al cambio.
No obstante, la última propuesta remitida desde el Ejecutivo a los representantes sindicales y a los empresarios, ensanchaba este margen de adaptación a tres años, algo que ha sorprendido tanto a CCOO como a UGT, según han trasladado a La Información, quienes no están dispuestos a renunciar a nada de lo ya acordado con la cartera liderada por Yolanda Díaz. Fuentes de UGT presentes en la negociación confiesan que esperaban que el ministerio les citase a una nueva reunión esta semana, sin embargo, la convocatoria no ha llegado a sus buzones. En la misma línea, desde CCOO apuntan a que el nuevo encuentro tendrá lugar en el mes de febrero, pero destacan que el margen de negociación es escaso, no quieren hablar de líneas rojas y están a la espera de conocer la nueva propuesta, pero insisten en la importancia de respetar la cuestión de las prácticas extracurriculares.
Los representantes sindicales buscan fomentar los contratos formativos, ya sean estos en alternancia o para la adquisición de la práctica profesional. En estos casos la relación pasa a ser laboral, por lo que dejarían de encubrirse falsos trabajadores en la figura de la beca o las prácticas no evaluables. La previsión inicial de la cartera ministerial era que el estatuto saldría adelante en los primeros tres meses de este año, no obstante esta meta parece cada vez más difícil de alcanzar si se quiere buscar el consenso de todos los actores implicados.
La CEOE no se ha mostrado conforme con acabar con las prácticas extracurriculares y tampoco lo han hecho algunas universidades y centros privados, que entienden que esta es una vía positiva para que los jóvenes accedan al mercado de trabajo. Además, los negociadores tienen dudas de que los habituales socios del gobierno vayan a apoyar esta ley en su tramitación parlamentaria, dado que tanto en Cataluña como en el País Vasco este sector tiene un importante peso, lo que podría dificultar el apoyo de los partidos independentistas. Desde UGT aseguran que están abiertos a negociar cualquier mejora respecto al texto inicial, pero no renunciarán a nada de lo sellado en octubre. Sin embargo, entre ellas no contemplan que se incluya la obligatoriedad de pagar a los becarios, ya que estiman que lo importante es que se compensen los gastos que el puesto genere, como dietas o transporte. "Concebimos las prácticas no laborales como tales, no queremos sustituir trabajadores". "Nos preocupa que las compensaciones dejen de serlo y se conviertan en un sustituto de salario que se utilice para explotar a personas", apuntan desde el sindicato.
Las próximas semanas serán clave para que este proyecto no quede en papel mojado, puesto que una vez que se entre de pleno en la campaña electoral para las municipales y autonómicas, todas las formaciones reforzarán sus posturas en temas que puedan resultar especialmente relevantes para el reparto de votos. El voto de los jóvenes supone un porcentaje muy reducido entre los adultos con derecho de introducir una papeleta en las urnas, en cambio, el parecer de los otros actores implicados si podría conllevar una diferencia sustancial en votos, en especial en los territorios históricos.
Fuente: La Información.