El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación para su remisión a la Comisión Europea en los próximos días. La adenda incluye inversiones y reformas adicionales dirigidas a impulsar la autonomía estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, las inversiones sostenibles de las empresas y el parque de vivienda para alquiler.
A través de las inversiones previstas se canalizarán a las empresas y a la economía española un total de:
- 7.700 millones de transferencias adicionales.
- 2.644 millones a través del programa REpowerEU.
- Hasta 84.000 millones en préstamos, que permitirán establecer una red de seguridad y prolongar el actual ciclo de inversión en los próximos años.
En total, el Plan de Recuperación puede llegar a movilizar 160.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unirán a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027.
Adicionalmente, a través de la adenda se financiarán inversiones públicas y privadas para incrementar el parque de vivienda para alquiler social o asequible, contribuyendo a la cohesión social y territorial. Y con cargo a los préstamos, las Comunidades Autónomas y las empresas dispondrán de financiación en condiciones favorables y a largos plazos de amortización para financiar proyectos, especialmente para inversiones sostenibles.
La presentación en diciembre de 2022 del proyecto de Adenda ha permitido realizar un intenso proceso de consulta pública para identificar las prioridades estratégicas con una perspectiva de medio plazo. Se han producido reuniones, comparecencias, presentaciones e intercambios escritos con las administraciones territoriales, los agentes sociales y los grupos políticos, que de forma generalizada comparten los ejes fundamentales del Plan de Recuperación y cuyas contribuciones han sido tenidas en cuenta para la finalización del documento.
Inversiones para proyectos estratégicos y de empresas
Los 10.300 millones de las transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 12 PERTEs que ya están en marcha. En total se dotará a los PERTEs con casi 30.000 millones de recursos adicionales, provenientes de las transferencias, los préstamos y el programa RepowerEU, que permitirán dar continuidad y completar las convocatorias de ayudas, financiar incentivos, participación en proyectos europeos y realizar inversiones adicionales.
- El PERTE para la descarbonización industrial y la transformación de la industria electro y gas intensiva recibirá 2.720 millones de euros entre transferencias y préstamos.
- El PERTE Chip (para impulsar la industria de semiconductores y microprocesadores) recibirá casi 12.000 millones de euros.
- Se aumentarán los recursos para el PERTE dedicado a Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento (ERHA) con casi 5.500 millones de euros adicionales.
- El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua recibirá más de 3.000 millones de euros adicionales, por su relevancia para la autonomía estratégica.
Las transferencias se destinarán también a financiar el desarrollo e implementación de una nueva oferta de microcredenciales en las universidades públicas, dotada con 50 millones de euros, que orienten la formación y el desarrollo de competencias a la cualificación de trabajadores para responder a las necesidades en los ámbitos de actuación de los PERTE.
A través de la adenda se movilizarán el total de préstamos de los Fondos Next Generation EU a los que España puede acceder y que ascienden a 84.000 millones de euros. Estos préstamos se canalizarán a las empresas y a la economía española a través de 14 fondos que permitirán establecer una red de seguridad y mantener el esfuerzo de inversión en los próximos años.
Financiación sostenible a menor tipo de interés
Los préstamos procedentes de la Comisión Europea permitirán una financiación sostenible a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y largos plazos de amortización, que se trasladarán a las Comunidades Autónomas y empresas, lo que garantiza el mantenimiento del flujo de financiación en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés.
Entre las novedades, destaca el Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con hasta 20.000 millones de euros para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las Comunidades Autónomas. Estas inversiones se realizarán en los sectores de vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.
Su gestión, en colaboración con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), permitirá aprovechar la experiencia y conocimiento de la institución europea en la financiación de inversiones de las Comunidades Autónomas, así como ampliar la capacidad financiera gracias a la cofinanciación de proyectos. Con este fondo, se traslada a los proyectos en las Comunidades Autónomas las condiciones favorables de los préstamos, manteniéndose también el enfoque de cogobernanza en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación.
Por su parte las empresas dispondrán de 22.500 millones de financiación para la realización de sus proyectos, especialmente en inversiones sostenibles, a través de los diferentes fondos que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Para la gestión de estos fondos será de gran importancia la colaboración público-privada, de forma especial con las entidades financieras, lo que permitirá que puedan acceder a los préstamos empresas de todos los tamaños y sectores de actividad de cualquier lugar de España. De este modo, se apoya a las empresas en su adaptación al nuevo marco de sostenibilidad de la economía, reforzando su competitividad y acceso a nuevos mercados, a la vez que se da un impulso decisivo a las finanzas sostenibles.
En concreto, el ICO pondrá en marcha la Línea ICO-Verde, dotada con 15.500 millones de euros para facilitar créditos a hogares y empresas públicas y privadas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde, como la generación de energía renovable, la eficiencia energética, la economía circular o la renovación de buques. La canalización de estos fondos se realizará a través de diferentes instrumentos financieros y en colaboración con las entidades financieras.
El ICO canalizará 7.000 millones de euros a través de la nueva Línea ICO Empresas y Emprendedores, que se destinarán a financiar inversiones en el tejido empresarial en condiciones favorables. Estos préstamos permitirán hacer frente a las necesidades de financiación de las empresas y paliar los potenciales efectos del endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito, manteniendo el flujo de financiación. Asimismo, permitirá desarrollar medios de financiación alternativos para las pymes y será un instrumento clave para la financiación del crecimiento empresarial.
Dentro de esta línea, el sector del turismo contará un compartimento de 1.000 millones de euros, para la realización de proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos o servicios, nuevos procesos organizativos o de innovación que permitan un ahorro en el consumo de recursos y menor generación de residuos, además de las inversiones dirigidas a aumentar la categoría del establecimiento y mejorar la sostenibilidad del inmueble.
Asimismo, se incorpora una Línea de financiación directa, por importe de 150 millones de euros, para impulsar la digitalización de las universidades españolas en el marco del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua.
El apoyo al tejido empresarial se completa con el Fondo Next-Tech, cuya dotación se amplía hasta los 4.000 millones de euros, para seguir facilitando apoyo financiero a startups españolas en el sector tecnológico en su fase de crecimiento y promoviendo el desarrollo de la innovación y la digitalización.
Ampliación de incentivos fiscales e inversiones sociales
El Gobierno crea un fondo específico dotado con 2.250 millones de euros para financiar la bonificación fiscal de las inversiones de familias y empresas en transición energética. Este fondo permitirá ampliar los plazos de las deducciones fiscales en el caso de la rehabilitación de viviendas que, en el caso de las residenciales llegarán hasta 2024, en lugar de finalizar en 2023, como estaba previsto.
También se constituye un Fondo para el impulso de la vivienda social y de alquiler asequible, dotado con 4.000 millones de euros, que tiene como objetivo incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como mejorar el parque de vivienda ya existente. Esta línea podrá financiar la construcción de viviendas para alquiler energéticamente eficientes o la rehabilitación con criterio de eficiencia por parte de promotores públicos o privados.
Adicionalmente, se pondrán en marcha otros tres fondos que reforzarán los mecanismos de cohesión social. En primer lugar, se creará un Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones de euros, dirigido a impulsar las inversiones de impacto social y medioambiental, como instrumento para reducir la desigualdad y la consolidación del Estado del bienestar.
Se creará también el Fondo RED, dotado con 3.000 millones de euros, ya contemplado en la reforma laboral como complemento al Mecanismo RED, de estabilización y flexibilización del empleo. La dotación inicial de este fondo se añadirá a los excedentes del sistema contributivo de prestaciones por desempleo, generando la capacidad financiera para activar las modalidades sectorial y cíclica del mecanismo RED cuando resulte necesario para preservar el empleo y recualificar a los trabajadores de sectores en dificultades.
Finalmente, se creará el Fondo de Reforma de la Inclusión Social, para desarrollar y escalar las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital. Dotado con 2.530 millones de euros, permitirá financiar las acciones ya en marcha para reducir la desigualdad y de la pobreza, con particular atención a la pobreza infantil, así como facilitar la inclusión social y laboral de los hogares con mayores dificultades.
Asimismo, está previsto la constitución de fondos específicos para inversiones en el sector el sector audiovisual y la ciberseguridad, además de los creados para apoyar a las empresas afectadas por la COVID. En concreto, se creará el Instrumento de Ciberesiliencia y Seguridad, dotado con 2.200 millones de euros para financiar las inversiones del Plan Nacional de Ciberseguridad y facilitar la adaptación de las capacidades públicas y del sector privado en seguridad, defensa, aeronáutica y espacio en un entorno de mayor complejidad geopolítica y de crecientes ciberamenazas y ciberataques
Junto con las inversiones, las reformas constituyen el otro componente clave de la adenda para continuar la transformación de la economía que ya se está produciendo. Con este objetivo, la adenda incluye 18 reformas que reforzarán las medidas incluidas en el Plan y permitirán asegurar un modelo de crecimiento sostenido y sostenible. Para ello, se profundizará en las medidas dirigidas a aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía, se seguirá impulsando el fortalecimiento de la autonomía estratégica y se reforzará la cohesión económica, social y territorial, con el foco en la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.
Finalmente, con ocasión de la adenda, España se suma a países como Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Portugal, que han solicitado la revisión de algunos hitos y objetivos para asegurar el aprovechamiento de todos los fondos Next Generation. Esta modificación, ya prevista en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, permite superar circunstancias objetivas que dificultan el cumplimiento de hitos, como son la incorporación del impacto sobre los costes de los precios internacionales de energía y materias primas o la ampliación de plazos, para ajustarlos a los tiempos que requiere el cumplimiento de requisitos de la contratación pública. Con esta modificación, se permite llegar a más empresas, como en el caso del programa Kit Digital, que ampliará su aplicación a empresas a partir de 50 trabajadores.
Mayor impacto económico y social
Las inversiones y reformas previstas en la adenda persiguen reforzar el impacto y la transformación estructural que ya se está produciendo con la ejecución del Plan de Recuperación.
España sigue liderando el despliegue del Plan de Recuperación en Europa con la recepción de los tres primeros pagos por un volumen total de transferencias de 37.000 millones de euros.
A cierre de abril se han adjudicado convocatorias de ayudas y subvenciones por más de 27.000 millones, que están financiando más de 400.000 proyectos. El sector empresarial es el gran beneficiado con más de 13.000 millones de euros comprometidos para ejecutar sus proyectos. Adicionalmente, se han transferido más de 23.400 millones de euros a las Comunidades Autónomas para la ejecución de proyectos en sus ámbitos de actuación.