El Consejo de Ministros ha aprobado previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020.

El Plan recoge un total de 171 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 3 leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos. Un total de 50 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas.

Una planificación que se ha visto alterada por la situación de crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19, y que recoge las previsiones legales enmarcadas en aquellas políticas del Gobierno que trascienden de la actuación llevada a cabo para controlar y superar la pandemia.

Estas normas expresan un conjunto de 10 prioridades de política legislativa derivadas del programa de Gobierno:

1.Reorientación del modelo productivo en el marco de la digitalización y la transición justa: Con la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 se materializarán unos Presupuestos para la Reconstrucción. Se complementa con iniciativas como una Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes y la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en el transporte o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

2.Fiscalidad más progresiva en su conjunto: En la necesidad de reforzar la progresividad de los sistemas tributarios, destacan los reales decretos de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre los servicios digitales y la Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras. Del mismo modo, la prevención y lucha contra el fraude se refuerza con la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio.

3.Refuerzo de la cohesión social y territorial y la igualdad de oportunidades: Lo componen medidas que refuerzan la lucha contra la pobreza y la exclusión social y aseguran un modelo social más inclusivo, como el que promueve la Ley de Vivienda orientada a regular las condiciones básicas de igualdad de los derechos y deberes constitucionales relacionados con la vivienda.

4.Creación de empleo digno: El trabajo digno, estable y de calidad como compromiso, se traduce en iniciativas como la Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva o la Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos. Del mismo modo y motivado por la crisis sanitaria, la Ley por la que se regula el trabajo a distancia, que permitirá regular el uso de la prestación de esta forma de trabajo.

5.Fortalecimiento del sistema español de ciencia, tecnología e innovación: El compromiso con la ciencia y la innovación se concreta en la Ley por el que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, orientada a elaborar un itinerario profesional de acceso y transferencia de científicos e investigadores, así como la regulación de medidas que contribuyan a la agilización y eficacia del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se complementará con la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia e investigación universitaria.

6.Apuesta por la formación profesional: La Ley de ordenación del Sistema Único de Formación Profesional contendrá la regulación de la ordenación básica de la formación profesional del sistema educativo y para el empleo, que se completa con la adopción de normas reglamentarias, como el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y establece las bases de la formación profesional dual.

7.Buen gobierno y reformas del sector público: La necesidad de fortalecer los sistemas de integridad pública se plasma con el necesario desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y se completa con una nueva Ley de Secretos Oficiales. A su vez, la modernización y reforma de nuestro sector público se materializará en la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

8.Efectividad de la igualdad de género: Una de las prioridades políticas del Gobierno es alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Teniendo como principal desafío el fin de todas las violencias, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual pretende dar cumplimiento a las obligaciones internacionales y europeas en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres frente a las violencias sexuales.

9.Integración de la diversidad: La modificación del artículo 49 de la Constitución Española para actualizar la terminología referida a las personas con discapacidad. Por ello, el término "disminuidos" que figura en el citado artículo será sustituido por "personas con discapacidad". Destaca también la Ley Orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, que establece los principios, medidas y medios destinados a garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, y transgénero.

10.Nuevos derechos y Memoria Democrática: El proyecto de Ley de Memoria Democrática viene a actualizar, con las recomendaciones de organismos internacionales, la ley 52/2007, de 26 de diciembre. De igual modo, busca consolidar una política de Estado que transmita la tradición y la cultura democrática, honrando a quienes lucharon por la libertad, y abolir las manifestaciones de exaltación o justificación de la Dictadura. También destaca la Ley por la que se modifica la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que profundiza en la mejora de los derechos de las víctimas el terrorismo.