El Palacio de la Moncloa se volvió a vestir con las mejores galas para recibir a los agentes sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este lunes con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT, para crear la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia. Fue más la pompa que el contenido, puesto que todas las partes admitieron que se habían tratado muy por encima los temas y no se habían tocado otros tan espinosos como la reforma laboral o la de pensiones.
El Gobierno trasladó a los agentes sociales su intención de potenciar la colaboración público-privada en el uso de los fondos europeos y, para ello, les anunció que creará una nueva figura, que se denominará 'Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, y tomará medidas para eliminar trabas y agilizar trámites administrativos, una de las principales reivindicaciones de los empresarios. Será a través de un Real Decreto-Ley que incorpora medidas para eliminar los cuellos de botella, reducir trámites, controles e informes innecesarios y acortar plazos administrativos.
Bajo la nueva figura se incluirán los proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen las operaciones en nuestro país.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mostró la colaboración de los empresarios y presentó al Ejecutivo una serie de iniciativas para que cambie en cierta medida «cómo podemos ser más eficaces en esta implementación de los fondos». Abogó sí por implementar cambios en la burocracia, con modificaciones en la ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, para eliminar los 'cuellos de botella' y las trabas burocráticas que existen en la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones.
Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, resaltó que lo «más importante» es que se ejecuten los fondos europeos, un total de 140.000 millones de euros que España va a recibir en los próximos seis años. Y para eso -precisó- «ha de tenerse en cuenta la opinión de la empresa privada» y que lleguen a «todo el tejido productivo español», incluidas las pequeñas y medianas empresas.
Los sindicatos valoraron también muy positivamente la reunión, que duró dos horas, y recalcaron que la llegada y el uso de estos fondos «no están ligados a la posición de no mover reformas» como la laboral o la de pensiones, y que así se lo trasladaron al Gobierno aunque reconocieron que este punto no ha sido parte del debate de este lunes. «Es una discusión que habrá que abordar en mesas de diálogo social en próximos días», apuntó el líder de CC OO, Unai Sordo.
Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, confió en que «en los próximos días podamos hacer una reunión de trabajo donde podamos conocer los planes y posiciones».
Varios acuerdos y un fracaso
El valor que desde Moncloa se da al diálogo social es tal, que a este encuentro asistieron también por parte del Gobierno ocho ministros: la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, Nadia Calviño; la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En estos casi diez meses de legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez puede presumir de haber alcanzado ya varios acuerdos importantes con los agentes sociales, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2020, y ya, en plena pandemia, el del impulso a los ERTE y sus sucesivas prórrogas y la regulación del teletrabajo. No obstante, tiene ya un primer fracaso en el diálogo social, ya que la CEOE se negó a suscribir un acuerdo a mediados de octubre con las nuevas normas que el Ejecutivo puso en marcha para impulsar la igualdad de género en las empresas.
Actualmente, se encuentran negociando cuestiones tan importantes como la modernización de las políticas activas de empleo y la puesta en marcha de la conocida como Ley de 'riders'. Además, tienen pendiente acordar el SMI para 2021, la subida de las cotizaciones sociales o el nuevo sistema de cotización de los autónomos según sus ingresos reales, así como dos reformas de calado: la de las pensiones y la 'contrarreforma' laboral.