El Gobierno prepara un cambio en la Formación Profesional que contempla la creación de una red nacional de 50 centros de excelencia que harán investigación aplicada, como en las universidades, y aplicarán metodologías inmersivas de aprendizaje, como la realidad virtual. Por primera vez, los alumnos cotizarán a la Seguridad Social, tendrán un contrato con las empresas y su tiempo de formación contará para su vida laboral.
El Ministerio de Educación de Pilar Alegría está ultimando, en colaboración con las CCAA y los agentes del tejido productivo, la redacción de dos reales decretos que desarrollan la Ley Orgánica de FP que se aprobó en marzo. La idea es que a final de año estén listos los borradores para que comiencen a aplicarse a partir del curso 2023/24. Uno de ellos regula la ordenación del nuevo sistema y otro unificará los registros. El objetivo es que más alumnos cursen esta modalidad (ahora se matricula casi el 14% de los jóvenes, frente al 31% de la OCDE) para frenar el elevado desempleo juvenil (del 28,5%) y mejorar la cualificación de los adultos.
«Estamos construyendo una formación moderna y en permanente actualización, a la altura de las necesidades del siglo XXI. Trabajamos conectados con las empresas más punteras de los sectores productivos, de los tradicionales y también de los emergentes. Esto no es una moda sino una necesidad: si no conseguimos técnicos de FP, no vamos a crecer como país», afirma Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio de Educación. Estos son los principales cambios:
DOS AULAS, UN SISTEMA
Hasta ahora había una FP Dual, muy minoritaria, con hasta un tercio de formación en empresas. Ahora se crean dos modalidades. La primera es la FP general, que contempla entre el 25% y el 35% de prácticas en empresas. Los alumnos cotizarán a la Seguridad Social y el Gobierno subvencionará hasta el 95% de la cotización. Su trabajo contará para su vida laboral. La segunda es la FP intensiva, con prácticas que pueden durar más del 35% del horario y que contempla un contrato de formación. El trabajo se concibe en dos aulas -el centro y la empresa- donde los alumnos estarán supervisados y serán evaluados por dos tutores. Sanz dice que habrá «más flexibilidad», para que el tiempo que el alumno tiene que estar en la empresa o en el centro «se decidirá en función de lo que necesite para dominar los resultados de aprendizaje». Estos resultados de aprendizaje -por ejemplo, si el alumno sabe arreglar un coche o colocar adecuadamente un tornillo- son cuantificables y objetivos. «En FP uno es buen profesional o no lo es: no hay opción para la subjetividad», señala Sanz.
LOS MEJORES
El Gobierno va a montar una red nacional de 50 centros de excelencia (palabra tabú para la izquierda en la escuela). A semejanza de la red europea CoVE, donde cada país presenta a los mejores, se elegirá a los que cumplan «unos criterios de calidad». Según la convocatoria de 2022, deben estar en «proceso de transformación digital y metodológica», «colaborar en la detección de nuevas necesidades», fomentar «la internacionalización, el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada y la incorporación de tecnología disruptiva», como el uso en las aulas de la realidad virtual o la realidad aumentada. Formarán a otros centros -también de otras CCAA- y ayudarán a actualizar los currículos. Funcionarán como pequeños centros de investigación y lo que se descubra se pondrá en práctica. Un requisito es que «generen transferencia de conocimiento», como las universidades. A cambio, recibirán financiación.
100% DE EMPLEABILIDAD
El Gobierno ha diseñado nuevos títulos con «una empleabilidad del 100%»: Drones, Impresión 3-D, Vehículos Híbridos, Cultivos Celulares, Logística, Big Data, Ciberseguridad, Redes 5-G...
PROYECTO INTERMODULAR
Todos los alumnos de todos los ciclos formativos tendrán que hacer el llamado proyecto intermodular, «un cambio completo en la forma de trabajar», según Sanz, que supone que el alumno realice un trabajo en donde se mezclan todas las asignaturas -en la FP se llaman módulos- sobre algo real a lo que se enfrentará cuando esté en una empresa. «No se trata de cursar los módulos uno a uno, sino de relacionarlos entre ellos». Es el llamado aprendizaje basado en retos, pero con una base sólida de conocimiento. Sanz: «Ningún proyecto estará bien hecho si se prescinde de contenidos conceptuales previos».
EVALUACIÓN
La nueva ley establece «la obligatoriedad de contar con un mecanismo de evaluación del sistema». Por primera vez se obliga a que la Administración General del Estado elabore una memoria bienal que tendrá que publicar. En ella habrá resultados que deberán facilitar las CCAA, así como «evaluaciones aleatorias encomendadas a organismos independientes». Esto es impensable en la enseñanza básica. Una de las cosas más interesantes es que, cada cuatro años, se hará un estudio sobre la empleabilidad de los títulos y las necesidades de capital humano del sector público y privado.
HISTORIAL FORMATIVO-LABORAL
Uno de los reales decretos contempla unificar el contenido de todos los catálogos y registros de la oferta para que el alumno pueda acreditar una hoja de vida formativa-laboral unificada. «Cualquier persona, con independencia de su formación, podrá ir acreditando sus competencias y todos los registros estarán conectados. Ya no tendrá que ir con muchos certificados distintos. Simplemente con darle a un botón estará toda su vida formativa», cuenta Sanz.
FRENO A "CHIRINGUITOS"
Al unificarse los registros, el alumno podrá detectar más fácilmente aquellos centros que hacen «publicidad engañosa» o son «chiringuitos». Tendrá claro si son estudios que dan lugar a un título o, por el contrario, preparan a los alumnos pero luego éstos se tienen que matricular en una prueba por libre para conseguir la titulación, lo que da lugar a confusiones.
MÁS PLAZAS
210.000. Más de un millón de alumnos estudian FP. El Gobierno ha financiado crear 210.000 nuevas plazas antes de 2023, pero admite que no son suficientes. «Estamos valorando la posibilidad de financiar más», señala Sanz.
PRIVADA
«La FP nunca había tenido un volumen relevante de centros privados porque no había nicho de mercado. Ahora ha cambiado la percepción social. Respetamos los centros privados, pero el Gobierno tiene que garantizar primero que haya plazas públicas», añade.
EMPRESAS
«La colaboración público-privada es fundamental para nosotros. Diseñamos los títulos en colaboración con las empresas más punteras, que nos dicen lo que les hace falta. La formación responde a lo que necesita el sector. El reto es llegar a las pymes», indica la responsable del Ministerio de Educación.
Fuente: El Mundo.