El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, y el presidente de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, Ángel Luis Ortiz González, han renovado el convenio para desarrollar acciones de formación profesional para personas privadas de libertad. El acto de firma ha tenido lugar en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro).
Este acuerdo, dotado con más de 4,8 millones de euros, permite desarrollar acciones de formación profesional para el empleo, que faciliten a las personas en situación de privación de libertad la prestación de trabajos productivos remunerados dentro de los establecimientos penitenciarios y su posterior inserción laboral en el exterior.
El convenio, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, se aplicará en todo el territorio nacional, lo que permitirá que todas las personas privadas de libertad de los establecimientos penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puedan beneficiarse de las acciones en él contempladas.
Programación de la oferta formativa
Las acciones formativas se programarán siguiendo las directrices de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021- 2024que contempla a la población privada de libertad como colectivo de especial atención.
Asimismo, se podrán tener en cuenta los informes anuales de prospección y detección de necesidades formativas y los trabajos de prospección del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, donde se recoge información sobre las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas de empleo y las necesidades formativas detectadas.
La selección de alumnos y alumnas, dadas sus especiales características, se realizará directamente por los Centros Penitenciarios. Por su parte, el SEPE realizará la inscripción de las instalaciones de los Centros Penitenciarios como centros de formación para impartir acciones de formación profesional para el empleo, conforme a la normativa aplicable.
Balance formativo
El convenio ha permitido formar profesionalmente a 24.700 personas privadas de libertad en los últimos años. De ellas, 18.410 obtuvieron una acreditación del SEPE.
En el marco del convenio 2021/2022, y a pesar de la situación derivada de la COVID-19, se impartieron 206 cursos de formación.
Las especialidades formativas impartidas corresponden a diferentes familias profesionales. Las más programadas están relacionadas con edificación y obra civil, que aglutina el 31,1% de las acciones; hostelería y turismo, el 20,4%; seguridad y medio ambiente, el 20,4%; industrias alimentarias, 19,9%; y textil, confección y piel, un 7,3%. El restante se reparte entre otras familias profesionales.