- Traslada el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre.
- El plan dará cobertura a las necesidades de empleabilidad de unas 7.750 personas.
- Las medidas se instrumentarán a través de un convenio entre el SEPE y el Gobierno de Canarias.
- Permitirán tanto ayudar a actividades existentes como a abrir la puerta a nuevas oportunidades, avanzando en un modelo productivo de calidad.
- Las nuevas ayudas serán compatibles con subvenciones ayudas o ingresos que provengan de entidades o administraciones nacionales o internacionales.
El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social l Plan extraordinario de Formación y Empleo para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma en el que se prevé una inversión total de 63 millones de euros.
El real decreto ley establece que las medidas concretas que se articulen podrán desarrollarse durante 2022 y se llevarán a cabo mediante un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los fondos aprobados hoy serán compatibles con subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad que provengan de otras administraciones, entes públicos o privados bien sean nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
De esta manera, el plan aprobado hoy implica responder con celeridad a las necesidades estructurales del empleo en La Palma, por su condición ultraperiférica, agravadas por los efectos económicos de la pandemia y ahora por el episodio de erupción volcánica.
Medidas especiales
El Plan Extraordinario de Empleo y Formación que se proyecta en este real decreto ley va a implementar un conjunto de medidas de acción rápida para paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia, y, por otra parte, medidas de futuro para diseñar una estrategia estructural que se active una vez el volcán cese su actividad, con el objetivo de recuperar la situación previa a la erupción.
Las acciones vinculadas a estos fondos responderán a la necesidad de promover la empleabilidad y adaptabilidad de las personas trabajadoras, su inserción en sectores de actividad diversificados, así como el mantenimiento del empleo.
Se trata de incorporar actuaciones específicas para los colectivos más perjudicados por la catástrofe y para los más vulnerables. Las medidas previstas estarán orientadas a dar un nuevo impulso al sector primario y pesquero, que ocupa a una parte significativa de las personas trabajadoras de la zona afectada por la emergencia, junto con la modernización del sector turístico y potenciar de la actividad industrial.
Al mismo tiempo, se fomentarán nuevas actividades económicas generadoras de empleo que permitan aprovechar al máximo los recursos disponibles, que favorezcan la recualificación de las personas y la reorientación laboral, en el ámbito de la transformación digital y de la economía verde, entre otras posibilidades, avanzando en un modelo productivo de calidad.
A continuación, se adjunta la tabla con el desglose de inversiones:
