El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, con 176 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención. Además, se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La iniciativa, que ha sido defendida ante el Pleno por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, establece diversas medidas de apoyo en el ámbito energético, económico y social, con ayudas destinadas específicamente al sector industrial electrointensivo, al sector de transportes, al sector primario y a los trabajadores y colectivos vulnerables.

Medidas en materia energética

En concreto, el real decreto-ley establece una bonificación hasta el 30 de junio de 0,20 euros por litro al precio final de determinados productos energéticos, entre ellos gasolina y gasóleo. Las instalaciones de suministro de combustibles al por menor podrán solicitar la devolución de las bonificaciones efectuadas.

Se aprueba un descuento del 80 % a la industria electrointensiva del coste de los peajes de transporte y distribución de electricidad en 2022 y un crédito extraordinario de 225 millones de euros para compensar la reducción de ingresos que el descuento ocasionará en el sistema eléctrico. Además, se crea una línea de ayudas directas a la industria intensiva en consumo de gas (empresas papeleras, de fibras, de vidrio y de productos cerámicos) por importe de 125 millones de euros.

Dentro de las medidas del ámbito energético también se actualiza el régimen retributivo de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos para reducir la factura eléctrica y se agilizan los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables. En concreto, se establece un procedimiento de determinación de afección ambiental de manera que ciertos proyectos puedan dejar de estar sujetos a evaluación ambiental conforme a lo previsto en la Ley 21/2013.

Por otra parte, se aprueba un suplemento de crédito de 65 millones de euros para compensar los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono".

Sector de transportes

En el sector del transporte marítimo y portuario se bonifican las tasas del buque y de la mercancía en ciertas líneas marítimas y se podrán eliminar o reducir los tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales en los puertos en los que no sea posible alcanzar dicha actividad por causa del incremento de los costes energéticos. Además, se podrán prolongar durante 12 meses los contratos temporales de trabajo de tripulantes ucranianos.

Para el transporte por carretera y ferrocarril de mercancías y personas se aprueba una línea de 450 millones de euros de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes. También se establece otra línea de ayudas directas a empresas ferroviarias privadas afectadas por la subida de los precios de los carburantes y la energía de tracción y se podrá solicitar el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social en este sector.

Además, se aprueba un suplemento de crédito por importe de 10.310.000 euros para financiar las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.

Sector primario

Con el fin de reforzar la liquidez de empresas y autónomos se aprueba una línea de avales para la cobertura, por cuenta del Estado, de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

Se crean ayudas directas para diversos ámbitos del sector primario por el incremento de los costes de producción. Los productores de leche de vaca, oveja y cabra podrán tener acceso a ayudas por un importe total de 169 millones de euros. En pesca las ayudas ascienden a 193.470.759 euros financiados parcialmente por la Comisión Europea y en acuicultura las ayudas podrán ser de un máximo de 20 millones de euros. Además, el sector marítimo-pesquero podrá pedir el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

También se establecen ayudas a empresas armadoras de buques pesqueros por un importe de 18.185.491,87 euros y se exime de la tasa de pesca fresca durante seis meses para los armadores de los buques o embarcaciones pesqueras así como del canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico para instalaciones de acuicultura continental.

Medidas de apoyo a trabajadores y colectivos vulnerables

La norma establece que, hasta el 30 de junio de 2022, las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en ella no podrán usar como causa objetiva de despido el aumento de los costes energéticos. El incumplimiento de esta obligación conllevaría el reintegro de la ayuda recibida.

Tampoco podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.

Por otra parte, se incrementa en un 15 % la prestación del Ingreso Mínimo Vital de abril, mayo y junio y se sustituye el concepto de unidad familiar por el de unidad de convivencia en el bono eléctrico, incorporando a los preceptores del Ingreso Mínimo Vital. También se prorrogan hasta el 30 de junio los descuentos del bono social aplicables a los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Además, se limita la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. La persona arrendataria podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en la actualización anual de la renta si esta se produce entre la entrada en vigor de este real decreto-ley y el 30 de junio. Se establecen ciertas condiciones a la negociación, una de ellas es que el incremento de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad.

Refugiados ucranianos y protección temporal de menores

Para financiar la atención de refugiados de Ucrania se incrementa el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 1.200 millones de euros. Además, se asimila a las personas solicitantes de nacionalidad española de origen ucraniano a las personas apátridas y refugiadas. De esta manera, las personas ucranianas que soliciten la nacionalidad española quedan exentas de entregar los certificados de nacimiento y los antecedentes penales de manera temporal y excepcional y sin perjuicio de la obligación de su aportación en el futuro.

También se habilita un procedimiento especial para la protección temporal de menores de edad afectados por crisis humanitarias de diversa índole de manera que todos, acompañados o no, serán beneficiarios directamente de la protección temporal. Esta protección temporal implica derecho a residencia y trabajo en nuestro país y el acceso a los servicios básicos. Los ciudadanos en régimen de protección temporal podrán, con carácter excepcional, sustituir la documentación exigida para homologar y convalidar sus títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria por una declaración responsable con validez temporal.

Tramitación como proyecto de ley

La tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley permite a la Cámara introducir modificaciones. Por tanto, se abre el plazo para presentar enmiendas al articulado, así como enmiendas a la totalidad de texto alternativo. El art. 151 del Reglamento del Congreso indica que no son admisibles las enmiendas a la totalidad de devolución.