El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha dado luz verde hoy al anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una iniciativa que actualiza y mejora el ecosistema legislativo del sector y que cuenta con su apoyo.
“Avanzamos e impulsamos un sector que es un orgullo de país y algo sin precedentes en el contexto europeo”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al presentar este anteproyecto de ley tras el Consejo de Ministros.
Modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social
Constituida como un motor clave de crecimiento sostenible, trabajo decente, democracia económica y justicia social, la Economía Social ha ido ganando terreno en el tejido productivo nacional y precisaba de la actualización normativa que representa este anteproyecto de ley, que cuenta con la incorporación a la norma de diferentes aportaciones del sector. “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la ministra.
El primero de los tres artículos de la nueva normativa adecúa y actualiza la 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
Adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.
En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.
El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.
“Añadimos recursos y garantías para luchar contra el fraude de algunas empresas que utilizan la fórmula cooperativa para evitar cumplir la ley laboral”, ha destacado la vicepresidenta.
El Artículo segundo del anteproyecto aprobado hoy modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.
A modo de ejemplo, la ministra Díaz ha detallado que ahora también serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes.
Asimismo, el anteproyecto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.
En el tercer artículo del anteproyecto de ley se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector.
Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.
“Este anteproyecto de ley”, ha concluido la ministra, “es la culminación de estos cuatro años de apuesta decidida por una Economía verde, feminista y democrática. Y esto es la Economía Social”.
En España las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB. Más de 2,2 millones de personas trabajan en estas entidades que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios. En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género.
Fuente: MITES.