El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2023, que incluye un total de 39.574 plazas entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha enmarcado la OEP en el fortalecimiento del estado del bienestar como garantía de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de la mayoría social. Montero ha argumentado que las políticas públicas son "una red de seguridad para las personas" y que la clave de la "arquitectura constitucional de la que nos hemos dotado está en los empleados y empleadas públicas de este país, por su profesionalidad, dedicación y esfuerzo, que han permitido superar una de las etapas más complicadas de nuestra historia reciente y abordar no solo lo urgente, sino también los retos presentes y futuros".
La titular de Hacienda ha asegurado también que la defensa del empleo público es compatible con la apuesta por la creación de empleo estable y de calidad en el sector privado, como demuestran las cifras récord de afiliación a la Seguridad.
Creación de empleo neta
La OEP 2023, acordada con los sindicatos UGT y CSIF, presenta cuatro ejes básicos, según ha explicado María Jesús Montero: crea empleo neto al no limitarse a cubrir los efectivos que se pierden; refuerza la apuesta por el empleo de calidad; dota de personal suficiente a las nuevas prestaciones, y favorece la atracción de talento a la Administración.
La tasa de reposición de los efectivos varía en función de los cuerpos: la ordinaria es del 110%, la de los sectores prioritarios es del 120%, y la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales se eleva al 125%. De esta forma, la OEP de este año alcanza las 39.574 plazas, un 15,8% más que la de 2022 y un nuevo récord histórico, el tercero consecutivo. De ese total, 27.246 plazas corresponden al turno libre, lo que, a juicio de la ministra, constituye "un gran esfuerzo" destinado a quienes quieren desarrollar su vida profesional al servicio del conjunto de los ciudadanos.
Por sectores, 29.818 plazas se destinan a la Administración General del Estado; de ellas, casi 20.000 son de nuevo ingreso y el resto, de promoción interna. En la Administración de Justicia se ofrecen 1.907 plazas (1.215 de nuevo ingreso); en el Cuerpo Nacional de Policía, 2.833 plazas (2.600 de nuevo ingreso); y en la Guardia Civil, 2.875 plazas (2.520 de nuevo ingreso). A esos puestos hay que añadir los 2.141 que ya se aprobaron el pasado 3 de mayo para las Fuerzas Armadas y la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
Control de la temporalidad y refuerzo de la atención a la ciudadanía
La oferta de empleo incide también en el objetivo de mantener la tasa de temporalidad del empleo público por debajo del 8%, como recoge la ley que aprobó el Ejecutivo para dar estabilidad al empleo en la Administración y actuar como una referencia para el conjunto del mercado laboral.
Con esa finalidad, la OEP incluye 1.025 plazas en la Seguridad Social para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, y 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la Administración Local.
La ministra de Hacienda y Función Pública ha destacado, igualmente, la oferta de 2.500 plazas para entidades gestoras de la Seguridad Social, con el objetivo de facilitar la atención presencial y la asistencia a la ciudadanía. Montero ha remarcado la necesidad de reforzar las plantillas para seguir avanzando en la digitalización de la Administración y para garantizar que quienes tienen derecho a una prestación la reciban sin retrasos.
Novedades en los procesos selectivos
Entre las novedades de la OEP, María Jesús Montero ha señalado que, con la meta de agilizar los procesos selectivos, todas las convocatorias tendrán que estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2023. Además, los procesos tendrán que completarse, incluyendo la resolución de las alegaciones, antes de que transcurran dos años.
Se trata -ha sostenido- de corregir el retraso excesivo que se venía produciendo "de forma endémica" tanto en la convocatoria desde la aprobación de la OEP como en el proceso de celebración de exámenes y de culminación del proceso. Estos cambios responden a las demandas históricas de los opositores "que quieren, antes de presentarse a otra oferta de empleo, saber si la primera la han aprobado y, por tanto, poder incorporarse a la mayor brevedad", ha indicado Montero.
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