El Gobierno ultima la aprobación del real decreto de Oferta de Empleo Público (OPE) del año 2021 con alrededor de 19.500 plazas (11.214 de oferta libre y 8.353 de promoción interna), por debajo de las 28.000 vacantes de la oferta del año pasado, y podría ver la luz en el Consejo de Ministros del martes 27 de julio, según han confirmado a Economía Digital en fuentes de la negociación.

La oferta de empleo público de 2021 estaba prevista inicialmente para el mes de junio, según anunció el pasado 18 de marzo el exministro de Política Territorial y Función Pública (ahora de Cultura), Miquel Iceta, si bien el retraso en las negociaciones propició que se postergasen hasta este mes de julio.

Tras dos reuniones celebradas con los sindicatos la semana pasada y el intercambio y mejora de la propuesta del Gobierno, el Ejecutivo seguirá negociando con los centrales sindicales las cifras definitiva de la convocatoria, que podría ir al Consejo de Ministros del martes 27 de julio, según fuentes conocedoras del proceso.

Entre medias, se ha producido la remodelación del Gobierno y el traspaso de la cartera de Función Pública al Ministerio de Hacienda, como antaño, y que asume por tanto la ministra María Jesús Montero, tras el nombramiento de Miquel Iceta como nuevo titular de Cultura. En el acto de traspaso de carteras Montero ya se comprometió a revertir los ajustes de plantilla de la Administración en los últimos años.

Las cifras de la oferta

Según la propuesta a la que ha tenido acceso Economía Digital, el Gobierno plantea una oferta de empleo público para este año de 19.567 plazas, tras haber revisado al alza su planteamiento inicial, elevándolo en unas 960 plazas. En detalle, se trataría de 11.214 plazas de oferta libre y 8.353 plazas de promoción interna.

Dentro de la oferta libre, se barajan 2.575 plazas para el grupo A1, 2.770 del grupo A2, 3.470 de C1, 575 de C2, 1.430 plazas de personal laboral cualificado y 394 vacantes de otro personal laboral. En lo que respecta a las plazas de promoción interna, las 8.353 plazas se distribuirían entre el grupo A1 (70), el A2 (1.965), C1 (3.730), C2 (865), personal laboral cualificado (1.080) y otro personal laboral (3).

La última oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) fue aprobada el pasado mes de octubre, correspondiente al ejercicio 2020, con un total de 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas del año previo, que fue la mayor de los últimos diez años, si bien ahí se incluían 5.000 plazas de estabilización.

Del total de 28.055 plazas de la oferta de 2020, 18.323 plazas fueron para la Administración del Estado, de las que 9.327 son de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna, esta última, la mayor convocatoria de promoción interna de la historia de la AGE.

Se completaba con 1.452. vacantes en Justicia, 549 de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 256 plazas para entes públicos, entre otras, además de 5.540 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 1.857 para las Fuerzas Armadas. Los Presupuestos de este año elevan por primera vez la tasa de reposición al 100%, y alcanza en algunos ámbitos incluso el 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los sindicatos piden más plazas

En los sindicatos ven las cifras insuficientes. CCOO cree que la nueva propuesta va en la línea de lo planteado, pero es tan “tímida” que la transformación es algo “casi ridículo”, y no responde a la pérdida de empleo de los últimos años, con 9.120 efectivos menos en el último ejercicio.

Además, desde el sindicato recuerdan que hay una “sensible” mejora de la tasa de reposición y la certeza de que mientras la pérdida de empleo es algo “concreto e incuestionable”, cada plaza de la oferta no se transforma directamente en un puesto ocupado, sino hay un porcentaje significativo de la misma que queda desierta, especialmente en determinados cuerpos y escalas, y que empobrece el resultado final hasta el punto de que una oferta como la planteada suponga a la postre una pérdida de empleo.

Por ello, para la oferta de ingreso libre pide al menos una reposición de 13.000 puestos y en promoción interna que al menos iguale la del año pasado. En la misma línea, fuentes de UGT y de CSIF creen que la oferta es insuficiente y reclaman un mayor número de vacantes.

Podría ver la luz el día 27

Sin embargo, todo dependerá de las circunstancias políticas, ya que dado que la oferta de empleo público suele ser una noticia “positiva” de cara a la opinión pública, el Gobierno está encajando su agenda para ver como lanza el denominado ‘Gobierno de la recuperación’ tras la remodelación de ministros, ante la previsión de aprobar un aumento del ‘techo de gasto’ a finales de mes.

También estudia una posible actualización de previsiones económicas y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar con las CCAA el reparto de la transferencia extraordinaria de 13.500 millones en 2021, con el fin de zanjar varios asuntos e impulsar la recuperación y la imagen de reactivación antes del periodo estival.

Todo dependerá, señalan las mismas fuentes a Economía Digital, de si persiste para final de mes el asunto de la declaración de institucional el confinamiento del Estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional, lo que podría acarrear que la oferta viese la luz también en el Consejo de Ministros del martes 27, junto al aumento del límite de gasto no financiero (‘techo de gasto’).

En cualquier caso, previo al Consejo de Ministros, el acuerdo que se pueda alcanzar entre el Ministerio y los sindicatos del área pública debe ser rubricada en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE) y por la reunión de los secretarios y subsecretarios de Estado.

Acuerdo con sindicatos: estabilización de 300.000 interinos en tres años

Junto a la nueva oferta de empleo público, el Gobierno cerró el pasado 5 de julio con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT un acuerdo para la reforma de la temporalidad en las administraciones con el fin de estabilizar el empleo en las administraciones públicas, por el que se harán fijas las plazas de más de 300.000 interinos antes de que acabe el ejercicio 2024, se limitarán los contratos temporales a tres años y se indemnizará con 20 días por año trabajado si se supera ese límite.

En la práctica las partes han acordado un nuevo proceso de estabilización en términos muy similares a los previsto ya en los acuerdos suscritos en 2017 y 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyos objetivos de consolidar 300.000 plazas no se han alcanzado al haberse incluido aún 218.000 plazas en ofertas de empleo público de estabilización, con 154.000 convocadas y apenas 56.000 plazas ya estabilizadas.

El nuevo proceso de estabilización de empleo temporal, que tiene el objetivo de reducirlo al 8%, afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018.

Así, el proceso supondrá la autorización de una tasa adicional para la estabilización del personal temporal y todos los procesos de estabilización deberán estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

Asimismo, los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el marco de la negociación colectiva.

Se compensará con 20 días por año trabajado y si no se supera el proceso y el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia como interino (3 años) dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades.

Nuevo sistema: ofertas de reposición a tres años

El Ministerio de Función Pública tiene previsto abordar un nuevo sistema para la oferta de empleo público que pasaría por ofertas de reposición a tres años, de forma que se realice una previsión respecto a las necesidades de personal a tres años y, en base a esa necesidad, se lance una oferta considerable que cubra buena parte de las necesidades el primer año y se equilibre los dos siguientes ejercicios.

A modo de ejemplo, si al año las necesidades por jubilación y otros motivos son de unas 6.000 u 8.000 personas, las necesidades para tres ejercicios sería de unas 24.000 personas en la AGE, de forma que el primer año se lanzaría una oferta de entorno a 20.000 personas, de los que unos 8.000 serían de la tasa de reposición de este año, otro tanto de la de 2022 y el resto de 2023.

La idea es ir “gastando” la tasa de reposición del año siguiente, de forma que los decalajes que puedan irse produciendo se vayan corrigiendo con incrementos de la oferta los siguientes ejercicios. Así, si hay que aumentar la oferta por un mayor aumento de las jubilaciones de empleados públicos o porque la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos del año de turno lo permite, se regularizarían las ofertas en función de las necesidades, según explican fuentes sindicales.

Los sindicatos señalan que las tasas de reposición actualmente recogidas en la ley de Presupuestos de 2021 permite crear empleo, si bien es “teórico” dado el déficit acumulado y ante el hecho de que no se cubren todas las plazas que lanzan en las ofertas.

En el caso de cuerpos auxiliares, administrativos y sus homólogos en tecnologías de la información y comunicación si se suele cubrir el 100%, pero no sucede lo mismo en los grupos A1 y A2 especializados en arquitectura, ingeniería o medicina, en los que lo habitual es que se queden desiertas las ofertas.

A su juicio, el sistema que se plantea ahora puede ser una solución para incrementar el personal de forma rápida, pero se corre el riesgo de que un menor número de personas se prepare las oposiciones ante las menores ofertas los dos siguientes ejercicios.

Nuevos procesos selectivos

Respecto a las modificaciones de los procesos selectivos, el Ministerio preveía iniciarlo desde septiembre, para lo que el grupo de expertos ha realizado sus primeras conclusiones y se trabaja en la participación del resto de ministerios y otras administraciones.

El pasado 28 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de distintos procesos selectivos para la Administración General del Estado (AGE) para un total de 10.254 plazas de empleo público, cuyos exámenes comenzarán en el mes de noviembre.

Las convocatorias incluyen ya como novedad la agilización de los procesos selectivos al introducir ya una de las reformas anunciadas el pasado miércoles por el ministro de Política Territorial y. Función Pública, Miquel Iceta, como es la realización de dos pruebas, teórica y práctica, el mismo día. Leer más: El Gobierno convoca 10.254 plazas en la Administración General del Estado

Ello permitirá acortar la duración del desarrollo de las pruebas y evitar desplazamientos a los opositores, que hasta ahora tenían que acudir v arios días para realizar las distintas etapas de los procesos selectivos, incluso teniendo que viajar a otras provincias.

Tras meses de debate en el que han participado un centenar de expertos en materia de selección de personal, el Ejecutivo planea agilizar los procesos selectivos a través de una batería de medidas que se irán aplicando de forma gradual hasta su implantación total en la oferta de empleo público del año 2025.

Actualmente algunos procesos pueden prolongarse hasta 772 días en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y 761 días para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Con los cambios, los procesos se irán acortando de forma progresiva con reducción del número de ejercicios, unificación de pruebas compatibles o realización de más de un ejercicio en un mismo día aunque sean eliminatorios. Además, no será obligatorio que una de las pruebas selectivas tenga lugar en Madrid, sino que habrá 19 puntos por toda España donde se realizarán esos procesos selectivos.

Menos pruebas y menor exigencia memorística

El nuevo modelo reducirá el número de ejercicios y abordará también gradualmente la transición desde el predominio en las oposiciones de las pruebas memorísticas a la realización de pruebas que valoren las competencias además de los conocimientos de las personas aspirantes.

De hecho, siempre que no exista una razón debidamente justificada, se suprimirán las pruebas consistentes en la mera acreditación memorística de conocimientos mediante exámenes orales. De esta forma, los procesos de evaluación varían y ya no pueden centrarse exclusivamente en la evaluación de conocimientos teóricos y de carácter memorístico, sino que es preciso optar, además, por otros instrumentos que evalúen competencias.

Para ello, se utilizarán otras técnicas de evaluación como las actividades prácticas, participación en clase, los trabajos individuales o en grupo, la realización de memorias, exámenes cortos o el seguimiento por tutorías.

Además, en los sistemas de acceso libre se orientarán los cursos hacia la formación en competencias y en valores públicos e institucionales y preparar a los empleados y empleadas públicas para el puesto que van a desempeñar. En la promoción interna, se reforzará el carácter selectivo de los cursos para evitar que plazas convocadas por este sistema queden desiertas o con baja cobertura.

Por último, los miembros de los tribunales, es decir, de los órganos de selección, deberán acreditar el dominio de los conocimientos requeridos para ese puesto y también competencias en técnicas de selección y capacitación en igualdad de género.

También deberán contar con formación específica en materia de discapacidad y los opositores podrán conocer el currículum vitae de sus examinadores de antemano.