Más de siete de cada diezempresarios en España considera que la subida de las cotizaciones a laSeguridad Social como consecuencia del alza del Salario Mínimo Interprofesional(SMI) decretado el año pasado tuvo un impacto negativo en su empresa.

Así se desprende de un informerealizado por KPMG, en colaboración con la CEOE, entre los pasados meses denoviembre y enero, cuando más de la mitad de los empresarios calificaban de"regular" la situación de la economía española.

Sobre el alza del 22,3% del SMIaprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez hace un año, que pasaba de los 736euros en 14 pagas a los 900 euros, y al que se suma la subida del 5,5%, hastalos 950 euros, de este año, los empresarios creen que tuvo un impacto negativo,al subir también de forma paralela las cotizaciones sociales.

Además, un 72% afirma que lasituación política vivida el año pasado también impactó de forma negativa en eldevenir de su negocio, ya que lastró sus decisiones de inversión para el 44% deellos, que retrasó normativas que afectan a la compañía para el 37% o queparalizó decisiones de contratación de personal para el 33%.

Respecto a las perspectivas paraeste año, un 59% cree que la economía empeorará a lo largo del año, frente al48% que así lo pensaba hace un año. Para el presidente de KPMG en España,Hilario Albarracín, la visión de los empresarios españoles sobre la economíapara 2020 es "cauta", en un contexto en el que las herramientastecnológicas, la contratación y la formación de los trabajadores aparecen entrelas prioridades de inversión de los directivos para los próximos meses.

Por su parte, el presidente de laCEOE, Antonio Garamendi, afirma que el informe "deja claro que el parónpolítico vivido en 2019 ha pasado factura a las decisiones de inversión demuchas empresas por lo que, ahora que tenemos un Gobierno formado, es elmomento de ponerse en marcha y tratar de llevar a cabo las reformas querealmente necesita España".

En este sentido, preguntados porlas prioridades que debería tener el Gobierno este año en materia económica,los encuestados señalan, por este orden, la eficiencia del gasto público, lasreformas estructurales y la reforma del sistema educativo. Para lasadministraciones autonómicas, las prioridades deberían ser la eficiencia delgasto público, la disminución de la presión fiscal y la simplificaciónadministrativa.