Los agentes sociales insisten en una prórroga de los expedientes más allá del mes de diciembre.

Las exoneraciones a la Seguridad Social se destinarán a los trabajadores no reincorporados.

Buena sintonía. Así resumieron tanto los líderes de las patronales y los sindicatos, como los ministros de Trabajo y Seguridad Social la cumbre celebrada este pasado viernes en Palma de Mallorca para renovar los Ertes de fuerza mayor que pierden su vigencia el 30 de septiembre. Aunque nada hay cerrado, pues la reunión de ayer se limitó al arranque de las negociaciones que continuarán el lunes ya en la Comisión Técnica, los titulares de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguraron que habrá Ertes mientras perduren los efectos económicos de la pandemia.

"Hasta que no tengamos una vacuna o una cura, tendremos que seguir protegiendo a los trabajadores y a las empresas. Hay que transitar en este periodo hasta el momento de la incorporación plena de los trabajadores", dijo Escrivá. Por su parte, Díaz declaró: "Vamos a garantizar a todas las empresas, trabajadores y sectores la protección que precisen. El mensaje es que habrá Ertes hasta que sea necesario", concluyó tajante la ministra.

Una buena sintonía que se plasmará en la consecución de un acuerdo en un plazo corto de tiempo. La ministra Díaz precisó que "no agotaremos los tiempos de la negociación", que en esta ocasión está limitado al 30 de septiembre. Los agentes coincidieron en esta intención para reducir los periodos de incertidumbre. Unai Sordo, secretario general de CCOO, declaró: "Sería raro que no se enfocase un acuerdo de manera rápida" y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, habló de "plena coincidencia".

Sobre el fondo de la negociación, la mayor novedad es el cambio en la actual estructura de exoneraciones a la Seguridad Social que obtienen las empresas por sus trabajadores en Erte. Hasta ahora, el Gobierno ha defendido la tesis de premiar con mayores descuentos en las cuotas a las empresas que han ido reincorporando a sus trabajadores en detrimento de las que no han activado a sus plantillas.

Antonio Garamendi consideró que "hay que ayudar a los que realmente lo necesitan, por eso hay que dar una vuelta al actual sistema de exoneraciones". Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, incidió en ello: "El Erte debe ser para aquella empresa que lo precisa y sería una injusticia generalizarlos". Unai Sordo, de CCOO, se sumó a la tesis de los empresarios.

José Luis Escrivá, defensor de la discriminación en favor de las empresas que reincorporan a sus trabajadores, se mostró condescendiente con este nuevo enfoque. "Hay que avanzar en un marco cada vez más fino y preciso para ser eficaces. Estamos en un proceso de aprendizaje", dijo y matizó: "Tenemos que precisar el modelo entre todos; pero puedo estar de acuerdo en que tenemos que poner el foco en los más afectados", dijo.

Los ministros no mostraron discrepancias con las peticiones de los agentes sociales, aunque matizaron que había que ponerse a negociar. Quizá la mayor diferencia estriba en que se vuelva a establecer un nuevo plazo. A pesar de que los ministros garantizaron que habrá Ertes mientras sean necesarios, los agentes sociales volvieron a mostrarse disconformes con una nueva fecha de caducidad. Preferirían dar certezas a empresarios y trabajadores a medio y largo plazo. El Gobierno entiende, sin embargo, que la situación se irá valorando según evolucionen las circunstancias económicas y sanitarias.

Sobre la sectorialización, los miembros del Gobierno explicaron que se afinará mucho, pero que ninguna empresa o sector se quedará sin un Erte si lo precisa.

Prestación asegurada

Pepe Álvarez incidió en que los trabajadores en Erte que cumplan seis meses no vean recortada su prestación del 70% al 50% y exigió que "el Gobierno debe comprometerse de forma clara". Yolanda Díaz, al respecto, declaró "ser sensibles" en el Ejecutivo y señaló que se tiene que buscar una forma legal para evitarlo y recordó que esta medida fue aprobada por el Partido Popular.