- Seis acuerdos con los agentes sociales en el primer año en el Gobierno.

- El cuidado de las personas trabajadoras marca el principio y el fin del año, con la derogación del 52d en el inicio de la legislatura, impidiendo el despido por bajas médicas, y la ampliación de la protección frente a cancerígenos, al final del año.

- Los ERTE se han consolidado como una herramienta flexible e imprescindible para proteger el empleo y el tejido productivo en un contexto de crisis sanitaria.

- Las Políticas Activas de Empleo reciben un impulso histórico en los PGE para promover la incorporación al mercado de trabajo de los desempleados y desempleadas.

El contexto de crisis sanitaria y sus consecuencias extraordinarias en el ámbito económico y laboral no permiten hacer un balance que no sea desde la humildad y desde el convencimiento que esta crisis no podía gestionarse de igual forma que las anteriores. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha situado en el centro de su acción la protección social, para salir de la situación sin recortar derechos, y para dar la máxima cobertura posible a las personas trabajadoras, a los desempleados y desempleadas, a las personas autónomas y a las empresas, fomentando el empleo de calidad.

En esta acción, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reforzado la apuesta por el papel que debe jugar el diálogo social para desplegar las herramientas necesarias para combatir una situación inédita y para modernizar el mercado de trabajo.

El primer acuerdo firmado en el marco del Diálogo Social fue el de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo situó en 950 euros mensuales en 14 pagas. Supuso un incremento del 5,5% que recogió el Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero. Actualmente, la Mesa de Diálogo Social continúa negociando la subida para el próximo año 2021, gracias a la prórroga aprobada en el último Consejo de Ministros.

Una vez iniciada la pandemia, el Ministerio se centró en la protección de las personas trabajadoras y las empresas. El Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19, marcó un punto de inflexión en la protección del empleo a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) supeditándolos al mantenimiento del empleo y también prohibió el despido vinculado a la pandemia, que recibió el apoyo de los agentes sociales.

A este Real Decreto le siguieron tres prórrogas en mayo, junio y septiembre amparadas en tres Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo (ASDE), para mantener la protección de los ERTE, con especial atención en los sectores más afectados y en colectivos como los fijos discontinuos. Durante este tiempo, se dio protección a más de 520.000 empresas y 3,6 millones de trabajadores y trabajadoras. Esta herramienta continúa vigente, y su prórroga en los siguientes meses se abordará a partir del 8 de enero, en la convocatoria a los agentes sociales.

Una de las cuestiones fundamentales para el Ministerio durante este primer año fue abordar también la regulación del trabajo a distancia, clave en la gestión de esta pandemia. En el mes de septiembre se alcanzó un acuerdo sobre la Ley de Trabajo a Distancia (Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre) y permitió situar nuestra legislación laboral en este ámbito a la vanguardia internacional con una regulación que permite reversibilidad, que da peso a la negociación colectiva y que garantiza que los trabajadores y trabajadoras vean compensados los gastos en los que incurren si desarrollan su actividad a distancia, con los mismos derechos que en el trabajo presencial.

Los reglamentos de Planes de igualdad y de Igualdad retributiva alcanzaron consenso con las organizaciones sindicales, lo que supone un punto de inflexión en la protección de las mujeres en el ámbito de laboral y vela por una igualdad efectiva en las empresas.

El diálogo social continúa trabajando, con varias mesas abiertas, entre ellas la que aborda la regulación de los falsos autónomos, uno de los compromisos del Ejecutivo. En este marco de diálogo se continuarán trabajando los demás compromisos del programa de Gobierno para modernizar el mercado de trabajo.

Salud en el Trabajo

Una de las primeras medidas aprobadas a iniciativa de este departamento fue la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido objetivo por absentismo aunque estuviese justificado por una baja médica, un compromiso ineludible para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La protección de la salud de las personas cobra especial relevancia en el entorno de la pandemia y es objeto, también, de una de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, el Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Un presupuesto histórico para las Políticas Activas de Empleo

Los presupuestos aprobados por el Gobierno suponen para el Ministerio de Trabajo un "salto tanto cualitativo como cuantitativo” de la dotación económica, que alcanzará los 32.620 millones de euros, un 22,5% más que en el último ejercicio, para poner en marcha políticas sociales y la protección del empleo.

En estos presupuestos destaca especialmente el incremento de las partidas para potenciar las Políticas Activas de Empleo, que facilitarán el acceso al mercado laboral de los trabajadores y trabajadoras en desempleo, y con especial mención también para los jóvenes.

Esta partida aumenta un 35,75% hasta alcanzar los 6.482 millones de euros. La modernización y la adaptación de las políticas activas al mercado de trabajo actual se está debatiendo en el marco del diálogo social.

Medidas de protección de las personas trabajadoras

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto en marcha el Plan MECUIDA, con la posibilidad de flexibilizar o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras hasta en un 100% para poder ejercer los cuidados de dependientes, una medida clave en esta pandemia.

Además, se aprobaron numerosas medidas de protección social para que nadie se quedase atrás en esta crisis sanitaria.

Las personas que agotaron su prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020, en los meses más duros de la pandemia, podrán percibir un subsidio especial que se ha puesto en marcha para aquellas personas que no tuviesen acceso a otras ayudas ni hayan podido incorporarse al mercado laboral.

Además, las empleadas de hogar han podido acceder a un subsidio extraordinario temporal por primera vez.

Los trabajadores temporales y los del sector cultural también recibieron ayudas específicas y medidas de protección frente al golpe económico que ha supuesto para ellos esta pandemia. En el caso del sector agrario, también se han adoptado medidas para favorecer la contratación de personas trabajadoras de un sector esencial.