La consejera de Empleo eIndustria de la Junta, Carlota Amigo, ha remitido una carta a la ministra deTrabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para reclamarle el abono de los 80millones de euros que le corresponden a la Comunidad este año, conforme a ladistribución entre autonomías de los recursos previstos en el Plan Anual dePolíticas de Empleo (PAPE).
En la misiva, la consejeraadvierte de que el recorte de fondos estatales –que fue aprobado con el voto encontra de Castilla y León durante la Conferencia Sectorial de Empleo y AsuntosLaborales celebrada el pasado 1 de abril– privará de formación a 37.000personas e impedirá la celebración de 2.650 iniciativas para la cualificación yreciclaje de desempleados y ocupados.
La responsable autonómica de laspolíticas activas de empleo recuerda al Gobierno que la formación del capitalhumano constituye "una herramienta indispensable para reforzar lacompetitividad del tejido productivo y alerta de que será un factor decisivopara garantizar una recuperación más rápida y justa –desde el punto de vistaeconómico y social– y más equilibrada y cohesionada –desde la ópticaterritorial– tras la crisis causada por el COVID-19".
Por este motivo, solicita a laministra que rectifique la decisión adoptada en abril y transfiera a Castilla yLeón los fondos comprometidos para formación.
La Consejería de Empleo eIndustria estima que el recorte de 80 millones de euros compromete, en primerlugar, la posibilidad de realizar tanto una nueva convocatoria de la línea deformación orientada a desempleados, como de ejecutar la programación previstacon medios propios.
Esto implica que no podríanimpartirse 1.150 cursos –en los que de media participarían 130 entidades deformación– y que alrededor de 17.000 castellanos y leoneses sin un puesto detrabajo perderían la oportunidad de mejorar su preparación y, con ello, susposibilidades de insertarse en el mercado laboral.
En segundo término, la nodisponibilidad de los fondos previstos tendría también un impacto sobre lasacciones dirigidas a trabajadores ocupados, así como sobre los planesformativos para el desarrollo de funciones vinculadas al Diálogo Social y lanegociación colectiva. Estarían en riesgo 1.500 acciones, ejecutadas por 85entidades, con una cobertura potencial de más de 20.000 beneficiarios.
De igual forma, el recorte de 80millones de euros a Castilla y León para la gestión de las políticas activastambién afectaría a la programación en materia de formación para el empleo,puesto que obligaría a la Junta a hacer frente con fondos propios adeterminados compromisos de gasto que fueron asumidos antes de conocer ladecisión del Gobierno.
Carlota Amigo recuerda también ala ministra de Trabajo y Economía Social que el embargo de estos fondosimpedirá a la Comunidad convocar este año becas y ayudas para atender losgastos de los desempleados que participan en acciones formativas.
Para finalizar, la consejera deEmpleo e Industria insiste en que minorar la financiación de las políticas deempleo que desarrollan las comunidades implica menospreciar su contribución ala dinamización del mercado laboral y es injusto.