Aprobada la Oferta de Empleo Público para 2016 con un total de 19.121 plazas.

La Audiencia Nacional admite las medidas cautelares solicitadas por los interinos a la OPE 2017.

La Audiencia Nacional ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, en la denuncia contra el pacto entre sindicatos y el Gobierno central en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.

El abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos García de Veas, ha explicado a Efe que la Audiencia Nacional ha admitido la petición de las cautelares solicitadas, encaminadas a paralizar las ofertas de empleo y convocatorias vinculadas al acuerdo denunciado.

Lo ha hecho después de que el Tribunal Supremo admitiera la causa y, frente al recurso de los sindicatos, considerara a la Audiencia Nacional la competente para analizar la denuncia formalizada por una asociación que aglutina a más de 3.000 interinos.

Estos trabajadores, repartidos por todo el país, denunciaron el pacto suscrito en marzo del año pasado entre el Gobierno central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, un acuerdo para incluir en la OPE las plazas desempeñadas por interinos.

El colectivo ha pedido la paralización de la Oferta de Empleo Público y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.

Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los “graves incumplimientos” en materia de una trasposición que afectaría según el colectivo a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.

Según su letrado, entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia y de ayuntamientos como los de Zaragoza, Madrid, Cádiz, Sevilla, Málaga, Valencia o Elche.

García de Veas ha explicado que la actual situación es producto del “acuerdo de estabilidad” firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar hasta 2020 unas 350.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2017.

Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores interinos que no han podido regularizar la situación por los recortes de los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.

De manera paralela, ANIL ha mantenido reuniones con los grupos con representación en el Congreso y ha impulsado Iniciativas Legislativas Populares en todas las comunidades y en las Cortes.

La primera se ha registrada ya en el Parlamento andaluz y todas piden la aprobación de una ley autonómica que combata la inestabilidad en el empleo del personal funcionario interino longevo.

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