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El Gobierno aprobará esta semana los PGE 2018 para su remisión a las Cortes.

El Gobierno aprobará esta semana la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018, según recoge una información de El Economista, y que incluirá una rebaja del IRPF para las rentas más baja, la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y que espera poder sacar adelante con el apoyo de sus socios de investidura y Nueva Canarias y de nuevo el de PNV.

El Consejo de Ministros dará luz verde esta semana a las cuentas públicas de 2018, después de haber retrasado su aprobación prevista para el viernes pasado, por la minoría en la que se encuentra el Ejecutivo para aprobar los Presupuestos en la Cámara Baja y la necesidad de apurar la negociación al plazo máximo legal e integrar en el proyecto partidas comprometidas con los socios parlamentarios, según explicó el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Así, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobará los Presupuestos del año que viene antes del plazo límite que marca la ley para que el proyecto de ley llegue a la Cámara Baja, el 30 de septiembre.

Tras su aprobación y la presentación del libro amarillo en el Congreso, en octubre se producirán las comparecencias de los altos cargos en el Congreso y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, y en noviembre su aprobación en el Congreso, para llegar previsiblemente a principios de diciembre al Senado y continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva en torno a la semana del 18 de diciembre.

Para ello, el Ejecutivo cuenta con el apoyo de sus socios de investidura y de los partidos que ya respaldaron los PGE de 2017 y el techo de gasto para 2018, paso previo necesario para la aprobación de los Presupuestos, y las cuentas públicas del año pasado.

En concreto, el Gobierno da por seguro el apoyo del PP y Ciudadanos, que ha remitido un documento al Gobierno con nuevas peticiones, y confía en recabar el del PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, con los que acordó ya algunos aspectos para asegurarse aprobar los PGE de 2018, tras haber contado con su respaldo ya para el techo de gasto.

Con el PNV el Gobierno suscribió un pacto para los PGE de 2017 que incluía una revisión del cupo, que suponía la devolución de 1.400 millones del Estado a las haciendas forales por lo cobrado de más por este concepto desde 2007, y el compromiso de concluir la ‘Y Vasca’ en 2023.

No obstante, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, señaló el miércoles que “la gravedad de la situación” en Cataluña centra la actividad política y que el PNV no está dedicando “ni un segundo” a asuntos como los Presupuestos. El Gobierno tampoco se ha dirigido a ellos porque sabe que en este momento no les “preocupa” este asunto, según Esteban.

De hecho, Esteban ya advirtió anteriormente de que si el Gobierno respondía de manera “exacerbada” al desafío soberanista, se “complicaría” la próxima negociación de los Presupuestos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respondió al PNV que los Presupuestos no tienen que ver con el problema en Cataluña y apostó por negociar para tratar de sacar adelante las cuentas de 2018, porque “a todos los grupos, incluso a los que se oponen, les conviene”.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que el Ejecutivo confía en aprobar los Presupuestos y contar con el apoyo de los siete partidos que respaldaron el techo de gasto, pese a una negociación “complicada”.

El Gobierno aprobó a principios de julio el límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros, y consiguió el respaldo en el Parlamento de Ciudadanos, PNV y los partidos canarios. Poco después el Senado dio luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020 que acompañan.

Además, la próxima semana se reunirá de nuevo la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que Hacienda trasladará a los sindicatos de Función Pública la subida salarial definitiva, tras haber mejorado en tres ocasiones su oferta inicial. La última contempla una horquilla de subida de entre el 5,34% y el 8% en el próximo trienio.

En detalle, el incremento ofrecido por Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española. Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020.

En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. Además, Hacienda ha ofrecido otro alza adicional de medio punto si se cumple el objetivo de déficit en el año 2020.

Asimismo, con una reducción del déficit prevista del 3,1% marcado para este año al 2,2% el próximo ejercicio (ajuste de unos 8.000 millones de euros), el Gobierno llevará a cabo una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros, pactada con Ciudadanos, de forma que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año dejarán de pagar por este tributo. La bajada del IRPF irá destinada a las rentas más bajas, a las familias numerosas y a quienes tienen a su cargo ancianos o personas con discapacidad.

Igualmente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció esta semana un principio de acuerdo con el Gobierno los Presupuestos de 2018, sobre el que explicó que contará con 8.309 millones de euros en partidas comprometidas con su formación, que se suman a la rebaja del IRPF.

Están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas a partir de 2018 y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.

El partido naranja también demandará que los PGE del próximo año den continuidad a las medidas que ya consiguió incorporar en las cuentas públicas de 2017, entre las que figuran la tarifa reducida para los nuevos autónomos, el complemento salarial para jóvenes y las partidas para dependencia y pobreza infantil. También incluirán partidas para el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras.

De igual forma, Montoro ya avanzó que los Presupuestos contemplarán un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas “muy por encima” de los 4.500 o 4.700 millones de euros sobre la financiación de este año.

Las cuentas públicas de 2018 también contendrán una subida de los valores catastrales para buena parte de los 1.831 municipios en los que se actualizarán las referencias de 2018, según una orden ministerial publicada por Hacienda en el BOE.

Aunque el Gobierno espera poder sacar adelante las cuentas públicas de 2018, ve complicado que puedan llegar a aprobarse más presupuestos en los dos siguientes ejercicios que restarían de legislatura del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según admiten fuentes del Gobierno.

Esta consideración obedece especialmente a la celebración de las elecciones autonómicas y locales el próximo año, que podrían complicar aún más el panorama político nacional.

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