No se ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que puedan dar lugar a la gestión centralizada de la ayuda de acompañamiento para jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil que suscriban un contrato de formación y aprendizaje». Es la conclusión a la que llega el Tribunal Constitución en una sentencia a la que ha tenido acceso ABC (y cuya noticia íntegra firmada por Susana Alcelay, reproducimos aquí) en la que parcialmente da la razón al PNV en su recurso contra la gestión de la ayuda de 430 euros por el Servicio Estatal de Empleo aprobaba en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy y consensuada con la CEOE,UGT y CC.OO.

Ese año la tasa de paro juvenil rozaba 38% y el departamento que dirige Fátima Báñez entendió que era urgente adoptar esta medida. «Concurren las circunstancias excepcionales que justifican la gestión centralizada», alega en el fallo el abogado del Estado. Pero no lo entendió así el PNV, que contra la atribución delas competencias al SEPE interpuso recurso de inconstitucionalidad por entender que se había producido una infracción del marco constitucional de distribución de competencias.

El complemento salarial que gestiona el SEPE está dirigido a jóvenes con formación básica. Con el se pretendió incentivar la incursión en el mercado laboral de aquellos conformación básica ofreciendo una remuneración extra al sueldo abonado por la empresa con la que el joven suscriba un contrato para la formación y el aprendizaje.

El coste de este subsidio fue cofinanciado con los Fondos de Garantía Juvenil de la Unión Europea. Mil millones que en caso de no haberse utilizado se hubieran perdido.Fue una decisión de urgencia que en sus alegaciones recuerda el abogado del Estado.

Justifica la gestión centralizada de la ayuda en razones como «asegurar que ningún tipo de dificultad financiera ponga en riesgo el abono en tiempo y forma de las ayudas a sus beneficiarios, evitando que se puedan crear diferencias en la percepción de las ayudas por razón de territorio». También alude al «contexto de limitaciones presupuestarias», «al enorme drama social y personal que supone el empleo juvenil» y «a la variabilidad de las cuantías de las ayudas según las circunstancias coyunturales».

Pero el Alto Tribunal no lo ve así. En su fallo, fechado de 13 de noviembre, recuerda que la ayuda por desempleo tiene naturaleza jurídica de política activa de empleo y que, por tanto, la gestión corresponde a las comunidades autónomas.

Cosas del destino, esta ayuda directa de empleo entró en vigor en los Presupuestos de 2018, ya bajo un Gobierno del Partido Socialista, que había liderado oposición al acuerdo en el Congreso de los Diputados y bloqueado su tramitación. Criticó entonces el partido de Pedro Sánchez que esos 430 euros eran un gasto sin criterio, puesto que consideraban que ni iban a ayudar a crear empleo ni conseguirían aumentar el nivel formativo de los jóvenes.

El complemento salarial surgió del pacto que alcanzaron el equipo de Fátima Báñez y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y puede percibirse durante un máximo de 18 meses, que ascienden a 36 para los jóvenes que puedan acreditar que tienen una minusvalía superior al 33%.