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Aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación. Este texto persigue posicionar a España en el nivel de los países con un mejor desempeño educativo, según las directrices de la OCDE, tal y como plantea la Agenda 2030 con el objetivo de situar a la educación española en el siglo XXI.

La nueva norma deroga la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y modifica y moderniza la Ley Orgánica de Educación. El Proyecto de Ley se sustenta en cinco pilares. En primer lugar y por primera vez, una ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

En segundo lugar, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta, en todas las etapas el aprendizaje, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.

En tercer lugar, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.

En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria.

Y, en quinto lugar, la reforma insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en las sociedades y que afecta a la actividad educativa.

La norma dará un nuevo mandato al Gobierno para que, en colaboración con las administraciones educativas, determine los contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y regule los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten esta etapa educativa. De esta forma, se regularán los requisitos de titulación de sus profesionales y los que tengan que cumplir los centros que impartan este ciclo, relativos a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares.

En todas las etapas educativas se trabajará para prevenir la violencia de género y la igualdad de hombres y mujeres. En este sentido, la Ley cumple con las propuestas del ámbito educativo incluidas en el informe de la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado el 28 de septiembre de 2017. Además, la Ley también presta atención a la prevención de la violencia contra la infancia.

Se eliminan los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en ESO. También se reformula el programa curricular de atención a la diversidad, recuperándose los Programas de Diversificación Curricular y se incorporan medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.

El texto también establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años -y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

La Formación Profesional es también objeto de varias revisiones con dos objetivos. Por un lado, mejora el reconocimiento social de los itinerarios formativos de Formación Profesional para aproximar a España a las tasas de alumnado que opta por esta vía en el resto de los países europeos. Por otro, se flexibilizan las enseñanzas y se agilizan los procesos de incorporación de nuevos contenidos. La medida más importante es que los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria. Además, en la Formación Profesional Básica se integra la formación general y la profesional.

La Ley contempla un plan de incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB. Además, insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que afecta a la actividad educativa. Con ese objetivo, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal.

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